Piden celeridad en ejecución de $136 billones | El Nuevo Siglo
Viernes, 23 de Agosto de 2013

El Ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado a los alcaldes y gobernadores para que ejecuten los recursos autorizados de las cuentas maestras con celeridad, transparencia y los controles respectivos.

 

Con el propósito de agilizar la ejecución de la Ley de Cuentas Maestras, el Ministerio ha expedido la reglamentación necesaria. Para su implementación adelanta un trabajo directo con cada una de las entidades territoriales del país, en un proceso de asistencia técnica  permanente a alcaldes, gobernadores y funcionarios, gracias al cual se han viabilizado $1,36 billones y de los cuales se han invertido $109 mil millones.

 

Así mismo, el Ministerio comparte la preocupación de la Contraloría General de la República por los hallazgos encontrados en los procesos de auditoría en algunos municipios, entre los cuales se encuentran pagos con cheques (no permitidos para este tipo de cuentas), baja confiabilidad de los estados financieros, el no pago de las deudas en el régimen subsidiado entre otros, que se constituyen en actuaciones irregulares y desvirtúan los objetivos que perseguía la Ley 1608 de 2013. Por ello, este Ministerio fortalecerá los mecanismos de seguimiento al uso de estos recursos y continuará trabajando articuladamente en la  prevención de posibles irregularidades que se puedan presentar en su ejecución.

 

El uso de los excedentes de las cuentas maestras fue priorizado por las entidades territoriales de la siguiente manera:

 

1. Para financiación de deudas del régimen subsidiado $96.307 millones (7,1%).


2. Para el pago de deudas por los servicios prestados a la población pobre no asegurada y el pago de servicios No POS, $262.780 millones (19,3%).
3.  Para financiar programas de saneamiento fiscal y financiero de Empresas Sociales del Estado, $372.011 millones (27,4%).


4. Para la inversión en mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de hospitales, $621.709 (46,1%).

 

Estos recursos, como siempre ha reconocido el Gobierno Nacional, pertenecen a las entidades territoriales y por ende son ellas las responsables en garantizar su pronta y adecuada ejecución.