Aunque es claro que es personal la situación que condujo a la renuncia de Jorge Armando Otálora como Defensor del Pueblo, abre un espacio para pensar sobre el futuro de esta institución creada  por la Constitución del 91 y si requiere ajustes para cumplir su principal función de proteger los derechos humanos. En este punto hay quienes consideran que es necesario modificar el sistema de elección de este servidor público.

El Defensor del Pueblo es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República.

En la Ley 24 de 1992 se establecen los requisitos para ser Defensor del Pueblo, que en suma debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado.

En ese sentido no puede ocupar el cargo el ciudadano que haya sido condenado penalmente, excepto por delitos políticos o culposos; sancionado en proceso disciplinario, entre otras.

Sobre el particular señaló Fabio Velásquez, director del Foro por Colombia, “pienso que hay que cambiar ese sistema, soy muy de la idea de que el Defensor del Pueblo sea, como otros cargos del Estado, fruto de una elección popular. Es un cargo de defensa de las personas, de los derechos humanos, y él debe ser un agente de la sociedad y no del Estado. En ese sentido, me parece que el canal regular debería ser la elección del Defensor por voto ciudadano”.

Mientras que el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, dijo que “creo que está bien que lo elija la Cámara de Representantes, que es un órgano que a su vez representa al pueblo. Podría ser que la terna, la candidatura proviniera más del sector académico o de las organizaciones sociales que del Presidente de la República, porque al fin y al cabo se convierte en un cargo político, que no debería ser. Pero que sea la Cámara de Representantes, eso parece adecuado”.

En tanto que Orlando Gallego García, de la Veeduría Transparencia y Cultura Política, con sede en Medellín, dijo que “me parece que el esquema debería de ser cambiado porque en el momento del nombramiento a través del Legislativo se crea con muchos compromisos políticos, y un órgano como la Defensoría del Pueblo debiera de estar en estos momentos separado de todas esas presiones políticas con el objeto de poder hacer un trabajo más transparente”.

Gallego dijo que lo ideal sería que la elección del Defensor del Pueblo “para que fuera por concurso de méritos. Que sea el más idóneo y no el que más compromisos y prebendas políticas ofrezca”.

Mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, no ve la necesidad de que se cambie la forma de elegir al Defensor del Pueblo. “Creo que por lo que tenemos que preocuparnos es porque el Presidente debe ternar, como lo ha hecho, a personas idóneas para el cargo. Luego de que eso suceda, lo que debe hacer la Cámara cuando tiene tres personas del mismo nivel, de estudio, de preparación, de probidad, creo queda muy fácil elegir a cualquiera de los tres siempre y cuando la terna esté bien integrada por personas idóneas”.

El Presidente de la Cámara dijo que se debe tener en cuenta que la situación de Otálora es netamente personal y en nada debe afectar la Defensoría del Pueblo como institución.

“Me parece que el doctor Otálora fue un buen Defensor, una persona que estuvo atenta a los principales temas que preocuparon al país, a defender los derechos de las zonas de frontera, de los niños, de las zonas vulnerables, y lo que sucede es un hecho aislado de él, que no creo que tenga que ver con las funciones específicas del cargo”.

Algunos cambios

Con el ánimo de fortalecer la Defensoría del Pueblo para cumplir mejor la misión que le encargó la Constitución en la protección  de los derechos humanos, cabrían algunos ajustes.

En ese sentido el Presidente de la Cámara de Representantes dijo que “de cara a lo que se viene del posconflicto, la Defensoría del Pueblo debe jugar un papel más protagónico y entrar a tener una reforma, de pronto, funcional que permita que sea un actor importante en este nuevo paso que va a dar el país”. 

Por su parte, el exmagistrado Hernández dijo que la Defensoría del Pueblo “no tiene una función sancionatoria como la que le corresponde a la Procuraduría, pero sí tiene algo trascendental en un sistema como el nuestro, que es la defensa de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos. Me parece que la Defensoría cumple un papel importantísimo, de hecho los defensores del Pueblo que han pasado por ese cargo han cumplido un buen papel”.

El jurista destacó también que “en el Acto Legislativo No. 2 de 2015, se independizó la Defensoría del Pueblo de la Procuraduría, hoy por hoy es independiente. Ya no se ejerce la Defensoría bajo la dirección del Procurador General de la Nación, y eso le da mucha entidad”.

Renuncia

Ayer se oficializó ante la Cámara la renuncia del defensor Otálora, quien fue denunciado por una exfuncionaria de la Defensoría de acoso sexual. Al tiempo que la Procuraduría General lo suspendió provisionalmente por el término de tres meses de su cargo, en el marco de la investigación disciplinaria que adelanta en su contra por presunto acoso laboral a sus subalternos.