Corte Constitucional revisará el fallo que ordenó restituir tierras a este grupo de familias del sur de Bolívar.

En máxima alerta se declaró el Gobierno Nacional tras la denuncia hecha por la Fiscalía en el sentido de que el  desplazamiento de la finca Las Pavas, sur de Bolívar, (2009), no ocurrió y habría obedecido a un engaño orquestado por una ONG para desprestigiar al Ejecutivo de turno y apropiarse de los mencionados terrenos.

El descubrimiento de este “falso positivo” lo hizo la Fiscalía, y según informó la titular del ente acusador, Vivianne Morales, “Las Pavas no aparece referenciada como una zona de desplazamiento producto del conflicto armado” y por esa razón no sólo abrió una investigación para determinar a los presuntos implicados en este fraude sino que compulsó copias a los denunciantes.

Según la investigación, el supuesto desplazamiento de 130 familias a manos de paramilitares nunca fue real y los supuestos campesinos desplazados actuaron porque una ONG, conocida como Asocab,  los convenció. Así, se denunció el caso ante organismos internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos y posteriormente, vía tutela interpuesta por la Corte Constitucional, se ordenó la restitución de los terrenos a  los desplazados, que regresaron finalmente a la mencionada finca.

La Fiscalía agregó que muchos de los denunciantes o testigos luego de la restitución de la tierra se retractaron, e indicó que detrás de esta maniobra hubo un  montaje contra el Estado colombiano para desprestigiarlo internacionalmente y sacarle provecho económico, al igual que un engaño a la Corte Constitucional, donde fue interpuesta la tutela por las presuntas víctimas

El presidente del Alto Tribunal de justicia, Juan Carlos Henao dijo ayer que ante esta denuncia, se tendrá que revisar el fallo que emitieron hace seis meses ordenando la devolución de la finca, pero aclaró que el estudio del caso y la sentencia se emitieron con base en los registros de desplazamiento que para tal fin fueron requeridos del programa presidencial Acción Social, el competente para llevar los registros y bases de datos de los desplazados en el país.

Por esa razón –indicó- los organismos estatales deben ser “más exigentes en la recaudación y entrega de información”, ya que no sólo en este caso de Las Pavas sino en muchos otros, el alto tribunal ha tenido que revisar sus sentencias por posteriores denuncias de irregularidades.

En el mismo sentido se pronunció el presidente Juan Manuel Santos quien pidió a todos sus funcionarios estar alerta ante nuevos casos de falsas víctimas de desplazamiento como ha sucedido con Mapirián y ahora Las Pavas y evitar así que “avivatos” se aprovechen de la situación de violencia que se registra en algunas zonas del país.

“Estas acciones son muy importantes y prenden las alarmas sobre lo cuidadoso que debemos ser en el Estado para evitar, ahora que comienza a implementarse la ley de víctimas y de restitución de tierras, que los avivatos hagan su agosto e impidan que los beneficios lleguen a quienes deben llegar”, manifestó el mandatario.

Finalmente el ministro del Interior, Germán Vargas, condenó que se “estén prefabricando víctimas de falsos desplazamientos” y reiteró que hay que ir al fondo de las investigaciones para develar si hay hechos fraudulentos.

Dijo que  “las victimas las hay, pero hay que apoderarlas para que reclamen sus derechos, pero es inaceptable construir victimas que no lo eran”.