La firma de un proceso de paz con la guerrilla es apenas el punto de partida para que Colombia entre en armonía y por los caminos del progreso y el desarrollo y por esta razón es necesario pensar qué se hará con los hombres, las mujeres y los niños desmovilizados para que no vuelvan a delinquir.

Así lo afirmó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Lozano Forero, al explicar que “todos nosotros somos conscientes de que la firma de un proceso de paz es apenas el punto de partida para que el país entre en armonía y qué vamos a hacer con todos los desmovilizados de las Farc y el Eln”.

Expresó que es necesario tomar cursos de acción desde ya para “ubicar a estas personas y no vuelvan a incurrir en hechos delictivos en las zonas rurales del país” y agregó que “en un  foro reciente se plantearon varias alternativas, una de ellas era  que se pudiera contratar a estas personas para que se adelante el desminado en todo el país; otra de las alternativas o sugerencias era buscar que esos hombres y mujeres, ingresaran a la Fuerza Pública”.

Lozano Forero señaló que de inmediato el general (r) José Javier Pérez, actual viceministro de la Defensa para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa y Bienestar y el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, no vieron viable esta posibilidad.

Señaló que “el Viceministro de Defensa y el director de la Policía fueron muy claros en la tendencia de no incorporar desmovilizados en las filas de las Fuerzas Armadas. Es lo que entendí  y hasta el momento esa es la posición de la Dirección de la Policía y no sé si más adelante se piense en otra posibilidad u opción. De todas formas buscaremos los mecanismos entre la empresa privada, los gremios y otros sectores de la sociedad para poder ubicar a estas personas”.

Explicó que también se trabajó en otra posibilidad para los desmovilizados tras la firma de un proceso de paz y es para que “puedan  ingresar a empresas de vigilancia. Sin embargo, se trata de una política pública que es necesario concertar entre el Gobierno nacional, los empresarios y las Fuerzas Militares y la Policía para diseñar estrategias de resocialización, educación y empleo”.

Insistió en que el Jefe de Estado y el titular de la cartera de Defensa Nacional, deben participar para diseñar y orientar sobre estos temas fundamentales cuando se concrete un acuerdo de paz entre los grupos armados al margen de la ley: Farc y Eln.

“Estamos hablando de los primeros pasos en los que tenemos que tener decisiones claras para ver qué se hace con esos hombres y mujeres que abandonan la lucha armada, una vez se firma un acuerdo de paz”, dijo.

 

Las cifras

Acotó que de acuerdo con la información oficial entre el año 2002 y el mes de mayo de 2014, se han desmovilizado 27.460 hombres, mujeres y menores de edad, que integraban los grupos armados al margen de la ley, entre las Farc, el Eln, las bandas criminales al servicio del narcotráfico, las autodefensas ilegales y grupos disidentes.

Reveló que de ese gran total, 3.095, por la época en que se desmovilizaron eran menores de edad y 5.325 son mujeres.

“En solo las Farc se registra que más de 19.320 insurgentes abandonaron la lucha armada, mientras que en las filas del Eln se consigna que 3.884 rebeldes se acogieron a los planes de reinserción del Gobierno nacional.

“Si el país quiere entrar en un proceso de paz efectivo, entonces todos tenemos que poner un granito de arena y por esta  razón es necesario convocar a empresarios para que puedan vincular a estas personas y para que realmente pertenezcan a la sociedad y no que a los seis meses regresan a la selva o al monte para incorporarse a grupos alzados en armas”, afirmó el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.

“Si hacemos el esfuerzo y estoy seguro que tanto el Presidente de la República, el Ministro  de Defensa y otros altos funcionarios del Estado, lo harán para que estas personas no se queden sin ninguna posibilidad laboral, porque eso sería dar al traste con todo este proceso que hace tránsito en La Habana, en Cuba. No podemos permitir que eso suceda”.

Reveló que hasta el momento ningún desmovilizado de la guerrilla o de otros grupos armados al margen de la ley hacen parte de la seguridad privada.

“Nosotros apenas estamos haciendo los estudios iniciales para una vez termine la mesa de diálogo en La Habana, en Cuba, poder tener un documento marco si la vigilancia privada puede colaborar con algún número de  personas para incorporarlos en diferentes tareas. Pero en este momento no puedo garantizar que personas que se desmovilizaron estén prestando servicios de vigilancia privada”, aseguró.

 

Fortalecer la Superintendencia

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Lozano Forero, reveló que las empresas  generan seis mil millones de pesos anuales y todos los días están creciendo y por esta razón es necesario fortalecer la entidad y tener sedes en todo el país para ejercer un estricto control y evitar que elementos ajenos penetren estos procesos y los hagan vulnerables.

“En estos momentos estamos generando unos controles a nivel de Superintendencia para poder tener un conocimiento claro de cómo está el sector. Esto significa que adelantamos un convenio con la UIAF para controlar todo lo que tenga que ver con el movimiento financiero de las empresas. También tenemos intercambio de información con la Policía y con la Fiscalía.  Esto permite que tanto dueños de las entidades, como sus representantes legales, gerentes o vigilantes, estén siendo vigilados por la Superintendencia”, precisó.

“Estamos comenzando unos sistemas de control que nos permitan tener un conocimiento de las actividades de las personas  que tienen dinámica con la Superintendencia. Claro que esta iniciativa tomará un tiempo para concretarla y tenerla bien desarrollada”, dijo.

Explicó que “se trabaja a buen ritmo para ser los mejores. La Superintendencia cumple 20 años de vida y podemos decir que es un sector que ha crecido de manera importante, que está por encima de los 235 mil hombres y mujeres. Es el sector más grande y se puede decir que es la firmeza de la Superintendencia. Es decir, un sector que factura seis billones de pesos al año, que tiene 235 mil hombres y mujeres y son vigilados por una entidad que solo cuenta con ciento y pico de funcionarios.  Eso hace que la Superintendencia  no sea eficaz ni eficiente debido a que es una entidad muy pequeña para un sector de estas magnitudes. Pero ya estamos tomando cursos de acción  para corregir y ser más eficientes”.

Aseguró que “en este momento nosotros estamos mirando cómo podemos crecer y ver si con los empresarios podemos destinar unos recursos para que la Superintendencia sea más eficiente y por esta razón estamos luchando desde hace más de un año con la posibilidad de conseguir más recursos”.

“Vamos a comenzar a sacar los primeros resultados. Es decir, si se les está pagando los salarios correspondientes de ley, si se les cancelan sus trabajos realizados los días domingos y festivos  y las horas extras correspondientes. Este convenio lleva tres meses de estar operando y nosotros estamos haciendo las inspecciones a las empresas donde los vigilantes nos dicen que determinadas entidades están incumpliendo las obligaciones laborales para hacer las visitas correspondientes”.

 

 

El desminado

El superintendente Lozano Forero, reveló que también surgió entre los empresarios una propuesta para que los desmovilizados trabajen en el desminado en todo el país y fue observada con buenos ojos.

“Es una propuesta que quedó planteada, pero todo el mundo la acogió de manera positiva, pero todo esto genera una infraestructura que es necesaria desarrollar. Es decir, empresas que se dediquen al desminado y por esta razón es necesario crear los recursos  para que en Colombia  sean retiradas todas las minas. Reitero que fue una propuesta que quedó en el aire como para estudiarla entre todos los actores”, indicó.

“Es una oportunidad que el país no puede perder y es un proceso que ya va muy avanzado y bajo ninguna circunstancia podemos permitir que se malogre. Vamos a tratar de poner todos los esfuerzos y por esta razón creo que todos los funcionarios cercanos al presidente de la República, Juan Manuel Santos, están en esa misma dirección”, señaló.

 

 

Alianza Estratégica por la Seguridad

Lozano Forero reveló que la Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada firmó una alianza estratégica con la Policía para que “todo vigilante que vea un hecho delictivo desde su trabajo lo denuncie ante la institución armada a través de la red de apoyo y se obtenga una respuesta inmediata”.

“Esta iniciativa va a permitir que los casi 190 mil policías se puedan matricular con los 235 mil vigilantes para hacer una fuerza superior a los 400 mil hombres y mujeres, para darle mayor tranquilidad a los ciudadanos de los cascos urbanos”, advirtió.

Con esta firma, explicó, se “busca generar e implementar estrategias que permitan la prevención y el control de los delitos que afectan a la comunidad, coadyuvando en la tranquilidad y convivencia ciudadana, desde su misionalidad. Es decir, trabajar coordinadamente contra la ilegalidad en la prestación de servicios de vigilancia privada, como factor influyente en la comisión de delitos”.

“En el marco de la estrategia se contempla las visitas de inspección en los puestos de trabajo de los servicios de vigilancia afectados por delitos de impacto social y por supuesto generar mayor compromiso por parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada con los cuadrantes de la Policía Nacional”.

Indicó que  582 empresas de vigilancia cuentan con armas de fuego, mientras que otras 58 no.

En la vigilancia privada, explicó, que se cuenta con 51  cooperativas de vigilancia, ocho transportadoras de valores, 83 escuelas de capacitación, 22 empresas asesoras y 20 empresas arrendadoras.

El funcionario reveló igualmente que el servicio de vigilancia privada cuenta con 18.763 escoltas, 2.707 hombres que manejan caninos, 6.723 operadores de medios tecnológicos, 11.112 supervisores, 204 tripulantes y 195.0 11 vigilantes.

Aseguró el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en que “nosotros creemos que combinando a la Policía y la vigilancia privada con los medios tecnológicos con los que se cuenta, muy seguramente los índices de criminalidad bajarán sustancialmente”.

Anunció que “esta administración está impulsando que todas las empresas de vigilancia traten en los puestos de trabajo, en las unidades residenciales, establecimientos comerciales y edificios, instalar cámaras de visión externa que en dado momento permiten auxiliar a la Policía”.

“Nosotros estamos trabajando en materia de socialización de unas políticas que permitan que los vigilantes se concienticen de la importancia que es denunciar un hecho delictivo que ellos observen. Anteriormente existía la cultura que un vigilante solo respondía por lo que ocurría de puertas hacia adentro. Estamos mirando que el vigilante verdaderamente tenga solidaridad con la ciudadanía cuando se presenta un hecho delictivo y de inmediato informe a la red de apoyo que a su vez comunica todo a la Policía”, dijo.

Explicó que gracias a esta alianza estratégica los vigilantes aportaron el año pasado  53.873 informaciones a la Policía Nacional que permitieron la captura de 931 personas, decomisar 36 armas de fuego  y recuperar 32 automóviles y 43 motocicletas.