Un pleno respaldo a las investigaciones judiciales de la Fiscalía por delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en el país, brindaron ayer los ministros del Interior, Federico Renjifo, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en el marco de la Mesa Nacional de Garantías.

Durante la reunión con las organizaciones de derechos humanos, el ministro Renjifo afirmó que “el apoyo que se le da a las investigaciones y a la potestad que tiene la Fiscalía para desarrollarlas es el mayor respaldo que pueden tener las defensoras y defensores de derechos humanos”.

Precisamente, la vocera de la Corporación Reiniciar, Jahel Quiroga, aseguró que “la preocupación central” de los defensores de derechos humanos “es que los delitos se encuentran en la impunidad, lo que se torna más peligroso toda vez que ese hecho envalentona a los perpetradores y los insta a seguir delinquiendo contra nosotros. Necesitamos que las investigaciones judiciales avancen y que nuestras  contribuciones puedan ser tenidas en cuenta”.

El jefe de la cartera política reiteró que la Mesa Nacional de Garantías es el espacio propicio para consolidar estrategias y acciones que permitan proteger estos líderes sociales y la labor que desempeñan.

“Quiero ratificarles nuestra política de apoyo a estas mesas, nuestra política de total respaldo a estos interlocutores legítimos del Gobierno y la posibilidad de que a través de estas mesas temáticas podamos llegar rápidamente a conclusiones que permitan una defensa solida de los defensores y defensoras de derechos humanos”, puntualizó el Ministro del Interior.

A este encuentro, que se cumplió en la Fiscalía, asistieron el fiscal Eduardo Montealegre y el director Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Bruno Moro.

También estuvieron presentes el asesor de la Misión de Observación de la OEA, Baltazar Garzón, y los delegados de las plataformas de derechos humanos y paz: Corporación Reiniciar; Comisión Colombiana de Juristas; Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz; Plataforma Colombiana de DDHH, Democracia y Desarrollo-Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo;  Fundación Antonio Restrepo Barco; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-; Conferencia Nacional Afrocolombiana; comités y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) regionales e internacionales.

De acuerdo con la información oficial, la Mesa Nacional de Garantías es un espacio de diálogo vigente desde el año 2009 donde el Estado y las organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales acuerdan estrategias y acciones de prevención, protección e investigación con el fin de fortalecer las garantías para el ejercicio de su labor en el país.

Trata de personas

De otra parte, el Departamento de Estado norteamericano destacó en su más reciente informe la realización de juicios o litigios de carácter pedagógico dirigidos a servidores judiciales y la línea de atención a las víctimas del delito de trata de personas como  herramientas eficaces con las que el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior, combate la denominada esclavitud del siglo XXI.

La dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior desarrolla un plan piloto de juicios con carácter pedagógico que permite a los operadores de justicia (jueces, abogados, e incluso integrantes de la Fuerza Pública) reconocer los casos y tener claro cuándo deben imputar el delito de Trata de Personas.

Desde 2007 la dependencia ha capacitado a 626 funcionarios de las sedes regionales de la Fiscalía, el  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como funcionarios de la rama judicial y servidores públicos.

La directora de Gobierno y gestión territorial, Sandra Devia, destacó que en los últimos tres años y gracias al trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación se lograron 50 sentencias condenatorias por el delito de trata de personas en Colombia, pero aclaró: “no son suficientes”.

“También hacemos un trabajo muy importante con la Policía Judicial (Dijin) ya que es la encargada de llevar a cabo los operativos, en promedio unos 15 por semestre, un buen indicador”, explicó la funcionaria.

Un crimen cada 8 días

En promedio, cada 36 horas es agredido un defensor de derechos humanos y cada 8 días es asesinado uno de ellos.

De acuerdo con un informe del Sistema de Información de Agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia (SIADDHH), en 2011 se registraron un total de 239 agresiones individuales contra defensores, discriminados en 140 amenazas, 49 asesinatos, 6 desapariciones forzadas, 17 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 3 hechos donde el defensor fue herido  y 1 casos de uso arbitrario del sistema penal, marcan la tendencia en 2011. En 2010, la cifra fue mucho menor: 174 defensores agredidos.

De estas 239 agresiones, el 77 por ciento fueron en contra de defensores y el 23 por ciento contra defensoras.

En cuanto a las zonas en las que se presentaron estas agresiones, el mapa se transforma. Situaciones como la de Antioquia, Valle del Cauca, Sucre, Atlántico, Risaralda y Caquetá llaman la atención, en la medida que en 2010, estos departamentos no reportaron un número tan elevado de agresiones y se denota un incremento significativo en la violencia contra líderes y defensores. Antioquia, Sucre y Córdoba por una parte y el Suroccidente (Valle, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo) por otra, son las zonas más preocupantes.

Del total de casos registrados, el 50 por ciento fueron cometidos presuntamente por grupos paramilitares, hoy denominados bandas criminales (bacrim).