La Fiscalía General de la Nación le pidió al Congreso evitar que sobrevengan graves consecuencias en la tramitación de los procesos con personas privadas de la libertad, tales como: la masacre de 4 niños en Caquetá, el carrusel de la contratación en Bogotá, Interbolsa, los falsos positivos, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Comercializadora Internacional Goldex y los falsos testigos, entre otros.
Según el ente investigador, dicha situación puede condensarse en los siguientes puntos:
1. En la sentencia C – 390 de 2014 la Corte Constitucional encontró una omisión legislativa relativa a las causales de libertad en las diversas etapas del proceso penal, pues no se estableció un término preciso, máximo y perentorio para acceder a tal garantía, lo cual resulta contrario a la Constitución Nacional.
En consecuencia, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que antes del 20 de julio de 2015 expidiera la regulación correspondiente, so pena de que por simple transcurso del tiempo entre una etapa procesal y otra, proceda la libertad inminente e indiscriminada de los procesados en la mayoría de las investigaciones en curso, tramitados en vigencia de la Ley 906 de 2004.
2. Conscientes de la gravedad de tal situación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación presentaron el Proyecto de Ley 115 de 2014 (Cámara) / 232 de 2015 (Senado), el cual ya ha surtido tres de los cuatro debates necesarios para convertirse en Ley de la República.
3. Debe resaltarse entonces que dicho proyecto de ley no solo cumple con lo dispuesto por la Corte Constitucional al establecer con claridad los términos para acceder a la libertad, sino que también establece lineamientos específicos para tratar el derecho a la libertad en los delitos de mayor complejidad, como los de criminalidad organizada, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
En tales condiciones, la Fiscalía General de la Nación insta al honorable Congreso de la República para que de manera inmediata y con el compromiso que hasta ahora ha mostrado frente a la tramitación del mencionado proyecto de ley, culmine con la discusión y aprobación del mismo, lo cual, de una parte evitará que se afecten los procesos penales activos, y de otra, garantizará los derechos de las víctimas y de toda la sociedad que reclaman verdad y justicia en cada uno de estos asuntos.