Que se anule la elección de las curules de los afrodescendientes en el Congreso busca la Fiscalía General de la Nación, al encontrar que las certificaciones se expidieron en forma fraudulenta, en el proceso de inscripción, expedición de credenciales y los actos de posesión de estas personas.

De acuerdo con el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo “la Fiscalía ha podido establecer que se expidieron estas certificaciones en forma fraudulenta influyendo en el proceso de inscripción, expedición de credenciales y los actos de posesión, por eso vamos a pedir una audiencia de restablecimiento provisional del derecho con el propósito de impedir que los efectos producidos por el delito continúen, de este modo se suspende provisionalmente el acto de inscripción de las credenciales de elección y de los actos de posesión que de ellas se haya derivado”.

El alto funcionario indicó que el ente de acusación “ya solicitó una audiencia de restablecimiento del derecho para el día 24 de junio contra dos personas que la Fiscalía considera pueden ser responsables de la expedición de unas certificaciones falsas que habrían permitido que se inscribieran algunas candidaturas de personas a las curules de los afrodescendientes”.

Asimismo indicó que se imputarán cargos “contra las señoras Liliana Mera Abadía, y Erica Marina Hurtado Zabala, la primera exdirectora de Asuntos de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, a ella se le van a imputar los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal; y la segunda, representante legal de la Fundación Ébano de Colombia (Funeco), también como autora de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal”.

Perdomo recordó que “sobre este caso ha habido sendos procesos, ha habido acciones de tutela, existe un proceso de nulidad electoral en el Consejo de Estado y nosotros al haber demostrado el origen de la inscripción, que el origen además de las credenciales es espurio porque se trata de una certificación falsa, estamos de una u otra forma decidiendo de plano todo lo que tiene que ver con estas curules de los afrodescendientes”.

Luego de un enrollo jurídico que involucró a varios tribunales, las dos curules en Cámara fueron ocupadas por personas, que según las mismas comunidades afro no representan a esta población en el país.

Estos lugares en el legislativo fueron ocupados por Álvaro Gustavo Rosado y Moisés Orozco, sin embargo, la propia Mesa Directiva de la Cámara de Representantes adelanta una revisión jurídica de cada uno de los casos.