Colombia hizo progresos puntuales en el combate a los grupos paramilitares, pero es necesario que desmantele la "parapolítica", pidieron diversas ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

"La desmovilización de grupos paramilitares y el arresto de cabecillas no incluyó el desmantelamiento de la estructura económica, ni afectó a los políticos que se benefician de esos grupos armados", dijo Kimberly Stanton, de la ONG PCS Latin.

De acuerdo con Stanton (cuya entidad representa y defiende víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia), "esa parapolítica permanece en gran medida intacta, porque ni siquiera se ha afectado su estructura económica".

La activista dijo que "el gobierno insiste en que los grupos paramilitares ya no existen, que ahora son bandas criminales. Pero las estructuras políticas, militar y económica siguen muy presentes en por lo menos 406 municipios colombianos".

Además de políticos locales, "se benefician de esas estructuras miembros corruptos de las fuerzas públicas, y por ello las capturas de algunos cabecillas no han disminuido el clima general de impunidad".

Por su parte, José Torres, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), sostuvo que "se impone una discusión sobre la decisión del gobierno de clasificar ahora a esas estructuras como bandas criminales".

Otro panel en la CIDH discutió las amenazas y la represión oficial a las protestas populares.

El comisionado de la CIDH Jesús Orozco recriminó al gobierno la utilización de la expresión "actos terroristas" para referirse a acciones violentas registradas durante manifestaciones callejeras.

"Ese discurso sólo sirve para estigmatizar y criminalizar a defensores de derechos humanos, incluso porque entendemos que no ha habido personas detenidas en las protestas y acusadas de actos terroristas", dijo.

Colombia, apuntó Orozco, inició un lento y doloroso proceso de diálogo para erradicar la violencia, y "un discurso que estigmatice personas" debería ser evitado.

El viceministro colombiano de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, dijo que "se registró uso de armas indiscriminado en las manifestaciones e incendio de viviendas. Eso constituye, sí, actos de terrorismo".

Bedoya alegó, no obstante, que "el gobierno colombiano no estigmatiza a los defensores de derechos humanos, pero es necesario decir que algunos terroristas se infiltran" en las protestas sociales"