Un estudio del ente de control evidencia rezagos preocupantes, sobre todo en materia de vivienda e indemnizaciones en efectivo

Debatir la necesidad de ampliar la vigencia de la Ley de reparación a víctimas del conflicto armado y de restitución de tierras, propuso ayer la Contraloría.

Según el ente de control fiscal se debe analizar si la vigencia de la norma puede aplicarse más allá del año 2021, dado los rezagos que, al cumplirse cuatro de años de haberse puesto en marcha, se advierten en programas como reparación a través de proyectos de vivienda e indemnizaciones en efectivo.

A lo anterior se suman situaciones como la casi duplicación del número de víctimas registradas, que cambian sustancialmente el plan financiero y de sostenibilidad de la ley inicialmente fijado.

Para la Contraloría, en el caso del componente de reparación en lo que a vivienda se refiere, se pasó de $454,5 mil millones en 2011 a $580 mil millones en 2014. Con esos recursos se han realizado proyectos de vivienda que hasta la fecha no han sido terminados, y muchos de ellos han sido siniestrados, con lo cual, se podría afirmar que es uno de los componentes que mayor frustración ha generado, tal como lo reveló el último informe de auditoría del ente de control fiscal.

De una meta contemplada de entrega de viviendas urbanas de 23.860 viviendas sólo se ha entregado certificado de habitabilidad a 14.350 familias víctimas (60%). En vivienda rural el cumplimiento es mayor, por encima del 90%.

Esto resultados, advirtió la entidad, son bastante bajos, si se tiene en cuenta que de 1.380.591 grupos familiares, el 47,4% declaró en la Encuesta Nacional de Víctimas, realizada por la Contraloría, haber perdido su vivienda, es decir, 658.192 grupos familiares.

Indemnización en efectivo

En este caso, según el informe revelado ayer por la entidad fiscalizadora, luego de haber tenido un crecimiento importante de recursos entre 2011 y 2012 de $569,9 mil millones a $956 mil millones respectivamente, en los siguientes años hubo una disminución por este concepto de $300 mil millones, dejando un monto de recursos de $652 mil millones en 2013 y $621 mil millones en 2014.

Hasta la terminación del primer gobierno de Santos fueron realizadas 420.841 indemnizaciones, de las cuales 392.083 fueron por hechos victimizantes diferentes al desplazamiento y 28.758 por desplazamiento forzado, para un valor total de $2,6 billones en los cuatro años.

Según esto, en el caso del desplazamiento, que es el de mayor peso en el conjunto de los hechos victimizantes, sólo se ha cubierto a un 2,1% de los grupos familiares. Y si se tiene en cuenta que el universo de la población desplazada es de 1.388.591 grupos familiares, según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas, el rezago luego de cuatro años de avance de la política es preocupante.

Razones

Para la Contraloría, tras cuatros años de vigencia de la Ley existen varias razones para señalar que se requieren discusiones a fondo sobre el alcance de la política y su sostenibilidad:

- La casi duplicación del número de víctimas registradas entre 2011 y 2015, es decir, del universo de víctimas a partir del cual estructuró el plan financiero y de sostenibilidad de la ley.

- La inexistencia de un plan financiero específico y que atienda al enfoque diferencial para la implementación de los decretos ley de comunidades étnicas víctimas del conflicto.

- Y la estimación de recursos para la reparación colectiva sin un fundamento técnico y que no arroja certeza sobre los recursos que serán necesarios para ese fin.

Aunado a lo anterior, la Contraloría estimó que los esfuerzos institucionales que han sido necesarios para implementar la política, si bien han significado un conjunto de transformaciones y del quehacer cotidiano de las entidades estatales, éstos aún reflejan unos ritmos administrativos que no han logrado acompasarse con el espíritu transicional de la política acorde a los recursos asignados. Ejemplo de ello es el caso, mencionado antes, del componente de reparación en vivienda.

Retos

Tras el análisis anterior, la conclusión del organismo de control es que, en los términos referidos, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los decretos ley se enfrentan al reto, no solo de buscar las alternativas para redefinir esos ritmos administrativos acorde al espíritu transicional que les embarga, sino también, a la necesidad de reconsiderar los principales universos sobre los que se planifica y se garantiza su sostenibilidad.

Es necesario, agregó el ente de control, la redefinición de los universos que componen a la población víctima (sujetos individuales víctimas de desplazamiento, víctimas de otros hechos victimizantes, víctimas de desplazamiento que al mismo tiempo padecieron otros hechos victimizantes, sujetos colectivos y sujetos colectivos étnicos), así como las dimensiones de los esfuerzos presupuestales para garantizar la restitución de tierras y derechos territoriales. Por lo menos así lo afirma un diagnóstico sobre el tema elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario.

"Estas dos realidades son una alarma sobre la eventual necesidad de debatir desde ahora, la ampliación de los límites de vigencia impuestos por estas disposiciones (hasta el año 2021), de tal manera que la garantía de los derechos de las víctimas sea efectivamente realizable", concluye el análisis.