La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, presentó ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) una solicitud de revocatoria directa contra los actos administrativos que de manera irregular adjudicaron los predios “Sandrana” y “Samaria”, en los municipios de Buga y San Pedro (Valle del Cauca).

Los terrenos adjudicados comprenden un área de 1.694,17 hectáreas y fueron recibidos por el Incoder de parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y adjudicados en forma irregular, toda vez que no se tuvo en cuenta la viabilidad técnica, económica, ambiental y social que garantizara a los beneficiarios la competitividad y sostenibilidad del proyecto productivo, acorde con la normatividad agraria.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-1115 de 2008, había advertido las irregularidades, sin que el Incoder haya solucionado la problemática. Los predios se encuentran en manos de un tercero depositario, situación que incide sustancialmente en el proceso de estabilización socioeconómica de las familias adjudicatarias.

Los predios “Sandrana” y “Samaria” no cuentan con las características requeridas para el desarrollo de proyectos productivos para las familias beneficiarias, ya que 992 hectáreas corresponden a cultivos de caña de azúcar y 270 pertenecen a humedales que demandan altos costos de mantenimiento, lo que hace inviable su división material para la ejecución de proyectos individuales.

En la actualidad las familias no residen en el predio que se les adjudicó y están recibiendo un arriendo por la explotación que realiza el ingenio azucarero, situación que de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito y vigente con el ingenio, se puede prolongar hasta el presente año.

Para el Ministerio Público es fundamental que los diferentes programas adelantados por el Incoder se destinen a los verdaderos sujetos de la reforma agraria, esto es a los campesinos, desplazados, reinsertados, a la mujer rural y a los demás grupos vulnerables.

La Procuraduría General de la Nación presentó ante Incoder una solicitud de revocatoria directa contra los actos administrativos que de manera irregular adjudicaron los predios “Sandrana” y “Samaria”.