Más  de 20 compañías del sector petrolero han acudido a la Ley de Insolvencia Económica para salvar un importante número de empleos y permitir  la viabilidad de las compañías, como consecuencia de la caída en el precio del barril de crudo a nivel internacional. 

Hace unos años eran los floricultores quienes más debían recurrir a mecanismos legales para salvar sus negocios. Hoy, la crisis petrolera, que amenaza a que el precio del barril pueda caer por debajo de los USD 50, ha propiciado que sea este sector el más estresado de la economía, al punto que más de una veintena de compañías están en proceso de reestructuración al acogerse a la Ley de Insolvencia Económica 1116.

Según el gerente general de Urazán & Abogado Asociados, Juan Carlos Urazán, firma especializada en insolvencia económica, “las consecuencias pueden ser más graves aún y lo peor está aún por venir”.

Según el especialista en empresas en crisis, varias son las señales que lanza una compañía que requiere atención inmediata: mora en más de dos meses en el pago de salarios, impuestos, deudas con entidades financieras por cuenta de créditos tomados para la adquisición de equipos y proveedores y un entorno económico difícil.

Sin embargo, el propósito de firmas como la suya es evitar que haya una mayor afectación a los empleos directos e indirectos, ya que como Colombia cuenta con una economía con alta dependencia hacia la industria petrolera, otros sectores también resultan salpicados por la coyuntura.

Pero no sólo las petroleras resultan afectadas. Cualquier empresa es susceptible de verse obligada a entrar en insolvencia económica por factores como: peleas entre los socios, indebida planificación, problemas administrativos y temas que dependan de las políticas gubernamentales y entorno económico, como el incremento en el precio del dólar que afecta a compañías importadoras.