Porque antes de que fuera adjudicado el contrato para la compra de 100 motos eléctricas el alcalde Gustavo Petro hizo el anuncio de la adquisición en la Plaza de Bolívar, la próxima semana el funcionario deberá responder ante la Fiscalía por presuntas irregularidades.

De acuerdo con la denuncia presentada en la Fiscalía, la moto eléctrica de la que habría hablado Petro a lo largo del evento, fue presentada por Carlos Andrés Vaca, representante legal de North Bound Technologies, firma que 22 días después se ganaría el contrato directo realizado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad.

El mandatario dijo que “el acto se realizó en un sitio público. Era en la Plaza de Bolívar. No era un acto cerrado. Y allí había miles de personas, la mayoría agentes de la Policía, había de todo. No tengo ni idea quién era la persona, ni por qué probó la moto, ni porqué estaba allí”.

Petro dijo que sobre el tema el fiscal del caso ya ha llamado a varios funcionarios públicos y que siempre ha pedido cárcel para esas personas, pero que los jueces han negado esa solicitud.

“Lo cierto es que en todos los casos los jueces han dicho que no, que no está en lo cierto. Se nos critica que sean motos eléctricas, una crítica en tiempo de cambio climático, porque ya hay para ello una instrucción nacional sobre todo el parque automotor público, y yo lo quisiera hacer a nivel distrital”, dijo.

Petro agregó que el beneficio particular a una persona no se va a poder demostrar porque eso jamás se hizo.

“Por parte del alcalde no hubo una instrucción particular sobre quién o quiénes debieran ser los beneficiarios de ese contrato, ni en ese tema ni en ninguno. Así que cualquier investigación que intente demostrar que el alcalde le pidió a alguno de sus funcionarios el beneficio particular a alguna persona con un contrato público, pues no va a poder demostrarlo, porque eso jamás lo hemos hecho”, señaló.

La Fiscalía ha formulado cargos por suscribir contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros contra Jesús Hernando Amado, exsubgerente técnico del Fondo.

Dentro de este proceso también está indiciado César Augusto Manrique, exgerente del Fondo y actual director del Departamento Administrativo del Servicio Civil, quien no se presentó a la audiencia para la que fue citado.

Los hechos ocurrieron en 2012, cuando la administración del Fondo adquirió en la modalidad de contratación directa 100 motocicletas eléctricas tipo cross para ponerlas al servicio de las autoridades por un costo de 4.357 millones de pesos.

Al tiempo que el presunto detrimento patrimonial fue calculado en aproximadamente 1.200 millones de pesos, un juez le impuso medida no privativa de libertad con la prohibición de salir del país a Abril, quien no aceptó los cargos.

La Personería de Bogotá también ha conminado a Manrique a que explique su actuación en la adquisición, señalando que los términos de la contratación directa dejaban sin ninguna oportunidad a otros proponentes, por lo cual el Ministerio Público ha considerado como falta gravísima la cometida por el funcionario.