Varios hechos jurídicos hicieron que el alcalde Mayor, Gustavo Petro Urrego, citara ayer intempestivamente a una tertulia con los periodistas que cubren las noticias de la capital del país para explicar los supuestos vínculos con el cuestionado grupo Nule.

De plano, el Mandatario aseguró que ningún familiar ni persona allegada hace parte o tiene contratos actualmente con la Administración distrital y que ordenó en todas las entidades de Bogotá abstenerse de contratar o vincular familiares o cercanos.

Frente a los vínculos con el señor Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, Petro Urrego aclaró que es un empresario exitoso muy rico y que es investigado por ser simplemente su concuñado. “Los otros empresarios no son investigados. Puedo garantizarle que en esta administración en ocho meses, ningún negocio se hará y en los próximos meses que vayamos a tener en la alcaldía, puntos suspensivos, porque así como van las cosas, uno nunca sabe hasta cuándo”.

La reacción se dio después que se conociera que la Procuraduría General de la Nación investiga al Alcalde Mayor por los supuestos nexos con los Nule, el nombramiento del gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Polo Ávila, y el secretario Distrital de Gobierno, Guillermo Asprilla, entre otras.

Entre tanto, Petro Urrego negó que su campaña haya sido financiada por recursos girados a través del grupo Nule e indicó que salvo su aspiración a la Presidencia de la República, todas las campañas han sido financiadas con créditos con el sector bancario.

El Ministerio Público investiga si el Mandatario recibió 80 millones de pesos para su campaña a la Alcaldía de Bogotá girados a través de una empresa del grupo Nule.

Entorno a unos contratos que son investigados, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), María Fernanda Rojas, aseguró que fueron firmados durante la administración de Samuel Moreno Rojas.

Y es que resulta que en el auto se menciona a las empresas Consorcio Interventoría Vías D.C., Royalty Brokers Ltda, Tecniconsulta S.A., Proyecto S.A., Translogistic S.A. y Bitácora Soluciones Limitada, las cuales habrían incurrido en la firma irregular de seis contratos de prestación de servicios por comisión de éxito para la malla vial de la ciudad.

De otro lado, la Contraloría de Bogotá inició una indagación preliminar por la reducción de tarifas que implementó la Alcaldía Mayor desde el pasado primero de agosto en Transmilenio.

El valor del pasaje pasó de 1.750 a 1.700 pesos en horas 'pico' y a 1.400 pesos en horas 'valle'. La indagación busca determinar si esta decisión le ha generado algún daño patrimonial a la ciudad ya que se desconoce exactamente cuáles son las fuentes de financiación.

Para Diego Ardila, contralor de Bogotá, si bien no se opone a la disminución en las tarifas del sistema Transmilenio, el decreto con el cual se le dio vía libre a la reducción de la tarifas sería jurídicamente inviable.

"según la Constitución y la Ley 105 de 1993 solo se pueden decretar subsidios para tres poblaciones: discapacitados, tercera edad y estudiantes, y además se tienen que declarar las fuentes ciertas de dichos subsidios", indicó.

Ardila aseguró que la Administración Distrital redujo la tarifa sin tener en cuenta la sostenibilidad del sistema, y que aún no es claro de dónde provienen las fuentes de financiación. 

"El Distrito ha dicho que hay un fondo de financiación, pero también se envían recursos del fondo general del Distrito. No sabemos de qué renglón del presupuesto se están enviando estos recursos", agregó.

El primer pronunciamiento del organismo de control se conoció el pasado 23 de agosto. Hasta el momento, la Alcaldía no ha emitido ninguna respuesta y ha mantenido la reducción de tarifas en el sistema masivo de transporte.

Aunque hasta ahora comienza la indagación preliminar, da mucho que entender el Mandatario al indicar que “en los próximos meses que vayamos a tener en la alcaldía, puntos suspensivos, porque así como van las cosas uno nunca sabe hasta cuándo”.