Por presunta persecución política, los abogados de Burgomaestre oficializaron la medida contra el procurador Alejandro Ordoñez.

Con esto, se busca frenar la posible decisión de Ordóñez sobre el proceso que adelanta por el polémico caso por el cambio del modelo de recolección de basuras en la ciudad que presentó varias dificultades al inicio de su ejecución en diciembre de 2012.

Los cargosque me imputa la Procuraduría por el nuevo modelo de aseo quieren afirmar que en la ciudad se instauró un modelo estatista y eso no es más que prejuicio, tuiteó el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.

“El primer cargo es por haber decretado que empresas públicas pudieran asumir el servicio público de aseo. El segundo cargo es por considerar que una transición entre el modelo RBL y el de aprovechamiento es ilegal”, indicó el burgomaestre capitalino.

Petro señaló que el prejuicio que se establece pasa por invisibilidad a los recicladores que son operadores de aseo privados empresariales.

“El esquema de aseo de Bogotá del Decreto 564, que cumple un año y está vigente, reconoce miles de operadores privados de aseo. La entrada de operadores públicos en modalidad RBL y miles de operadores privados para aprovechamiento generó competencia. El Decreto 564 que goza de completa presunción de legalidad hoy, introdujo por primera vez verdadera competencia en el aseo”, afirmó Petro.

El alcalde capitalino indicó que la prueba de todo esto es que la tarifa de aseo se derrumbó y que el precio manipulado del aseo que conformaba el oligopolio privado durante 10 años cobró en exceso 500.000 millones de pesos a usuarios.

“Con la entrada de miles de operadores públicos y privados de los recicladores al aseo el precio de oligopolio se derrumbó. Así que afirmar que estatizamos el servicio de aseo como hace la Procuraduría no es más que un prejuicio”, dijo el burgomaestre.

También señaló que desconocer la obligatoriedad legal de la reversión de bienes por el contrato de concesión es invisibilizar su esencia.

“En un servicio público esencial como el aseo, la reversión de bienes de concesionarios es inmediata para continuidad del servicio. Es como si un operador privado de oxígeno en hospital, aduciendo un conflicto entrara a cortar el servicio. Reversión de bienes de la concesión al Estado no es absurda, es la esencia legal del Contrato de Concesión, por eso se llama así”, recordó el mandatario por medio de la red social.

Petro resaltó que los residuos sacados a la calle antes, llamados basuras, hoy son riqueza y son de propiedad pública igual que el petróleo o el oro.

“Cuando es en concesión los particulares lo ganan en licitación solo autorizada por la CRA y los bienes revierten. El Decreto 564 no impide que un particular preste el servicio de aseo en modo RBL pero solo con sus propios bienes. Cuando los concesionarios privados se negaron a revertir bienes de propiedad pública cometieron un delito”, indicó el alcalde Petro.

El burgomaestre reiteró que él está en todo su derecho y el de sus electores de acudir al proceso constitucional y al derecho convencional.

“La flota del servicio de aseo estaba para el 18 de diciembre en Bogotá, pero secuestrada en garajes privados. Afirmar que el Decreto 564 es ilegal y que la Procuraduría mantenga ese cargo cuando el contencioso no lo suspendió es un exabrupto. No es aceptable que se juzgue un funcionario por tratar de pasar de un esquema que entierre basura al aprovechamiento de ella”, recalcó el alcalde Mayor de Bogotá.

Petro manifestó que pasar del esquema de RBL que entierra basura, al aprovechamiento es una obligación del tratado de Kyoto del que Colombia hace parte. Y recordó que ni la Procuraduría ni las superintendencias, ni la Personería, ni la Defensoría ayudaron a que se diera la reversión de los bienes.

El alcalde dijo que un juez ordenó traslado a la Fiscalía para investigar posible conducta criminal de operadores al retener la flota pública y los mismos jueces reiteraron que la reversión era inmediata y que la flota de la concesión ya había sido pagada por los usuarios y era pública.

“Solo en un país con neoliberalismo fundamentalista dictatorial se investigaría por qué empresas públicas asumen un servicio y no ataco a la Procuraduría, la protejo institucionalmente de presiones externas. Políticos de extrema derecha quieren presionar a la Procuraduría para ganar allí lo que perdieron en las urnas”, puntualizó el burgomaestre.