Las renunciasy licencias que han solicitado los concejales involucrados en el carrusel de la contratación tienen en jaque a la mesa directiva de la Corporación, debido a la interpretación de las normas.

Ayer, mientras el concejal verde José Juan Rodríguez, privado de la liberad por su presunta participación en el desfalco de la ciudad, interpuso otro recurso para que le aprueben una licencia, la renuncia del cabildante Andrés Camacho, de La U, para enfrentar su vinculación creó una polémica jurídica.

Supuestamente la plenaria del Concejo debería votar la aprobación de la renuncia de Camacho, pero la presidenta María Clara Name, del Partido Verde, con base en conceptos anteriores le envió la renuncia al mandatario Gustavo Petro porque la norma establece que se debe abordar el tema en sesiones ordinarias y en la actualidad son extraordinarias. Entonces, quien debería aceptar la renuncia sería el Alcalde Mayor.

Después que se conociera la renuncia de Camacho, la concejala Angélica Lozano, del movimiento Progresistas, dijo que desde el 25 de julio, cuando Camacho fue citado a imputación de cargos, le pidió la renuncia así como la devolución del dinero hurtado.

“De los 2 billones de pesos a los que puede ascender el saqueo a Bogotá, sólo se habrían recuperado 19.356 millones de pesos y lo único que se evidencia es la manera como los concejales llamados a imputación de cargos se aferran a su curul mientras negocian con la justicia aceptando su culpabilidad en el multimillonario desfalco a Bogotá”, dijo.

Recordó Lozano que, por ejemplo, el exconcejal Hipólito Moreno devolvería un apartamento avaluado en 1.300 millones de pesos así como 59 millones de pesos, pese a que se habría apropiado de comisiones por más de 10.000 millones de pesos por contratos como el de las ambulancias –de 67.000 millones de pesos- o los suscritos por la Unidad de Mantenimiento Vial.

En ese sentido, la concejala Lozano insistió en que la curul de los concejales corruptos quede vacía, y que nadie los remplace para que los partidos pierdan poder, tal como lo propone en www.sillavaciaparacorruptos.com.

Por otra parte, se refirió a las constantes dilaciones de los implicados en el carrusel de la contratación. “Para robar están sanos y listos, pero para responder ante la justicia se enferman y no tienen para pagar abogado, convirtiendo el Sistema Penal Acusatorio en aplazatorio. Los honorables delincuentes que asumen sus delitos y negocian una rebaja de pena deben ser custodiados por el Inpec, y no escoltados por la Policía”, aseveró la concejala.

Según cifras del corruptómetro, la herramienta de veeduría ciudadana que promueve la concejal, han sido condenadas ocho personas, a la fecha no hay ninguna absolución y se han proferido 14 medidas de aseguramiento. “Sin embargo, la gran pregunta que se hace la ciudadanía es cuánta plata se va a recuperar, o acaso ¿esa platica se perdió?”, cuestionó.