Ante las denuncias realizadas por la alcaldesa de suba, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro ratificó que en la política de Bogotá Humana no se  acepta entrega de contratos preferenciales.

"Desde aquí se da por escrito a todos los funcionarios públicos de cualquier nivel de la ciudad de Bogotá, que no se acepta entrega de contrato ni cupo de contratación a ningún concejal, del color que sea", dijo Petro.

El burgomaestre manifestó su apoyo a la funcionaria y aseguró que tiene  “todo el apoyo del alcalde en su actitud de rechazo y denuncia pública, ante estas presiones”.

Marisol Pinilla, alcaldesa de la localidad en mención,  denunció ante la Fiscalía que algunos concejales y funcionarios de la Contraloría le estaban presionando para que otorgara contratos, a cambio de frenar una suspensión que cursaba en el organismo de control.

Frente a las declaraciones, los concejales señalados por la alcaldesa salieron al paso desmintiéndola:

El concejal Severo Correa manifestó que “nunca he estado en el despacho de ella, si alguna vez le he dado la mano no me acuerdo, no me he tomado un tinto con  esa señora y tampoco he autorizado a ninguna persona que hable a nombre mío, por eso no entiendo porque tiene que mencionarme. Tampoco tengo cuotas en la Contraloría ni nada por el estilo”.

El concejal Darío Fernando dijo que “otra cosa es que ella mencione personas en nombre mío y eso es algo que la Fiscalía tendrá que investigar y voy a interponer una denuncia penal contra la alcaldesa. No he cruzado una sola palabra con ella”, indicó.

Por su parte, Julio Cesar Acosta describió que “ella lo que hizo fue ponerme en conocimiento. Fue hasta mi despacho en el Concejo porque estaba bastante alarmada. Lo único que hice fue escucharla y ella me pidió que averiguara si era verdad que la pensaban destituir del cargo porque la estaban presionando funcionarios de la Contraloría. Quedé de pedirle una cita al contralor hace unos dos o tres días pero no pude hablar con él”.

De otro lado, la Contraloría Distrital también se pronunció, el contralor Diego Ardila comunicó que ya hay procesos fiscales en curso en esa localidad.

“En el fondo de desarrollo local de Suba tenemos iniciados tres procesos de responsabilidad fiscal por un valor total de 1.165 millones de pesos y se está estructurando la apertura de procesos que cuentan con el traslado a la señora alcaldesa local, de seis hallazgos por el orden de 1.644 millones de pesos. Hay un eventual daño al patrimonio público de 2.809 millones de pesos”, explicó Ardila.