El internacionalista Juan Daniel Jaramillo, quien ha estado en los equipos de análisis sobre el pleito del mar por el territorio marítimo circundante a San Andrés, analiza la decisión del gobierno Ortega de acudir a la Comisión de Límites de Plataforma Continental

EL NUEVO SIGLO:- ¿Qué fue exactamente lo que hizo Nicaragua esta semana? ¿Colombia ya había previsto esta movida? ¿Qué riesgo implica para la integridad territorial de nuestro país?

JUAN DANIEL JARAMILLO:- Nicaragua le solicitó a un organismo denominado Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU que emita una decisión por la cual se le extiende la plataforma continental a Nicaragua por encima de las 200 millas náuticas. Esta Comisión es una figura que se origina en la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas de 1982. La plataforma continental máxima, la fija esta Convención pero se le pide a la Comisión un concepto que debe estar fundado en una investigación de naturaleza técnica para lo cual se precisa hacer una exploración submarina para determinar si, en efecto, la plataforma continental se extiende más allá de las pendientes y extensiones usuales previstas por Convemar.

La figura de la plataforma continental es una ficción jurídica construida por el conocimiento promedio de lo que es una plataforma continental que la Comisión de la ONU puede ajustar. Pero ocurre que Colombia no acepta la competencia de esta Comisión porque no ha ratificado la Convención de 1982. Ciertas partes de la Convención del Mar son ya obligatorias, tienen un carácter imperativo, porque han cristalizado derecho consuetudinario que obliga a todos los países así no hayan suscrito el tratado. La Comisión no hace parte, ni siquiera en forma incipiente de ese derecho consuetudinario, y por lo tanto, sus decisiones no obligan a nuestro país.

ENS:- ¿Tiene esta petición de Nicaragua algo que ver con el fallo de La Haya sobre las aguas circundantes en San Andrés? ¿Si tal fallo no se hubiera producido, Nicaragua no estaría presentando su actual petición a la ONU?

JDJ:- Sí, tiene relación con el fallo de La Haya, pues se presenta dentro del mismo contexto para que a esos márgenes que le otorgó el fallo de La Haya a Nicaragua se prolonguen hacia el oriente, aparentemente en la aspiración, un tanto salida de proporción y sindéresis, de enclavar totalmente nuestro archipiélago.

ENS:- ¿Tiene esta última decisión de Managua algo que ver con el proyecto de un canal interoceánico que anunció hace dos semanas?

JDJ:- Si tiene que ver o no con el canal interoceánico que se proyecta construir es bien difícil y no podría dar respuesta informada en este sentido. Lo que es claro es que dentro de los proyectos que conozco se trata de una vía de gran envergadura que, a diferencia del canal de Suez o de Panamá, permite el tránsito de megatanques y megabarcos que pueden alojar más de 180 mil toneladas. Estas embarcaciones de gran tamaño son los agentes más contaminadores que existen en el mundo contemporáneo porque dejan a su paso químicos letales, entre ellos distintos tipos de sulfuros, que afectarían desde luego la riqueza biológica que es parte de nuestro archipiélago.

ENS:- ¿Le conviene a Colombia ratificar la Convención del Mar o, dado el último paso de Managua, lo mejor es quedarse fuera de ella? ¿Y si no la ha ratificado, cualquier decisión de la instancia de la ONU es obligatoria para Colombia?

JDJ:-  Colombia no está obligada por Convemar salvo en sus porciones que han devenido en derecho consuetudinario y ello por vía judicial. Dentro de las actuales circunstancias la situación de Colombia en relación con la Convención del Mar debe seguir sin cambio.

Lo que viene

ENS:- ¿La estrategia de defensa de Colombia y la asesoría que se le pidió a la firma Volterra ya preveía este nuevo paso de Nicaragua?

JDJ:- Tanto las recomendaciones del grupo colombiano como el de la firma Volterra Fietta construyen de manera integral todos los escenarios eventuales y posibles.

ENS:- ¿Si Colombia lograra que se reversara el fallo de La Haya, la petición de Nicaragua a la ONU quedaría sin piso o podría seguir de manera independiente?

JDJ:- La solicitud de Nicaragua a la Comisión de la ONU no es de entrada conducente por las razones que acabo de explicar, pero sí deja claro, como lo ha dicho el presidente Santos, que se percibe un ánimo provocador de este país.

ENS:- Al fin de cuentas, a hoy, junio de 2013, cómo se puede decir que está el fallo de La Haya sobre Colombia ¿Vigente? ¿Vigente pero inaplicado? ¿En proceso de apelación? ¿Ha tenido algún efecto práctico la decisión de nuestro país de retirarse del Pacto de Bogotá?

JDJ:- El presidente Santos y la canciller Holguín dijeron con claridad en noviembre pasado que se tomaría el tiempo necesario para digerir un fallo de suyo intrincado conceptualmente. El ejercicio se ha hecho sin ahorro de esfuerzo y el Gobierno cuenta en este momento con escenarios y alternativas que muy seguramente aplicará según su informado juicio, como lo ha demostrado en otras áreas de política pública donde prima un criterio altamente profesional. Quiero decirle que el tiempo de ejecución de los fallos de la CIJ es de 7 años, de manera que esa ejecución, si se diera, tendría que fluir por caminos donde el poder decisorio de Colombia habría de existir. Apelación no existe en la CIJ. Existen las instancias de interpretación y revisión que son muy complejas, colmadas de particularidades, en las cuales es viable un resultado favorable a las pretensiones si se articulan bien los recursos. Se trata de una labor legal internacional delicada. Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, como lo dijo el presidente Santos, porque prefiere actuar autónomamente en la resolución pacífica de conflictos y ese retiro no significa que las opciones de arreglo amigable están descartadas. La experiencia reciente, sin embargo, del Pacto aplicada a nuestras fronteras no es buena y por ello no se aceptará que ningún fallo pueda modificar nuestros límites en el futuro.