Dianis, una colombiana que huyó de la violencia a Ecuador, no ha oído hablar de que su país se encuentre en un proceso de paz pero no está dispuesta a regresar pese a las míseras condiciones en las que mantiene a sus cinco hijos.

"¿Usted cree que en Colombia podríamos vivir sin puerta? Aquí nos sentimos más tranquilos", aclara Dianis, de 26 años, mientras señala la lona de plástico que cubre la entrada de su frágil vivienda.

El inicio de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla FARC no ha frenado la salida diaria de decenas de personas que buscan protección en Ecuador, el país latinoamericano que alberga al mayor número de refugiados reconocidos con más de 56.000, 98% de ellos colombianos.

Entre ellos hay víctimas de todas las partes del conflicto -guerrillas, paramilitares, narcotráfico, agentes del Estado- que desde hace una década encuentran en Ecuador una mayor seguridad pero también graves obstáculos para rehacer su vida.

El esposo de Dianis, huida de Cali (suroeste) por amenazas de un grupo armado, tuvo que construir una cabaña a cinco metros de altura para sortear la subida de la marea en San Lorenzo (Esmeraldas, noroeste de Ecuador), por cuyos bordes corretean intrépidos los niños.

El salario del esposo como pescador no es suficiente para un alquiler a ras del suelo en esta ciudad portuaria rodeada de manglares.

Otros colombianos han levantado chozas en asentamientos irregulares a las afueras del puerto, cercano a la frontera fluvial con Colombia y estratégico para la salida de cocaína colombiana y el ingreso de gasolina ecuatoriana.

Entre lo que ganan los hombres por jornadas de más de 12 horas en las plantaciones de palma y lo que reúnen las mujeres por la venta de fruta o pescado aquí no alcanza para eludir a la pobreza.

"Colombia nos tiene abandonados"

Refugiados con estudios superiores tampoco consiguen un trabajo formal. Esta situación les lleva a sentirse víctimas de la discriminación, del prejuicio de algunos vecinos que infunden la sospecha de que "por algo será" que los colombianos se tuvieron que marchar.

"He metido hojas de vida en todos lados y nada. Nunca en mi vida me vi en una situación así", lamenta Ángela, una funcionaria del cercano y convulso puerto colombiano de Tumaco (suroeste) que tuvo que escapar para proteger a su hija de nueve años, violada por un criminal de la zona.

Las autoridades de San Lorenzo niegan que exista discriminación laboral y en cambio subrayan que los servicios básicos de la localidad han colapsado por la vertiginosa llegada de colombianos en los dos últimos años, por lo que piden ayuda del gobierno de Bogotá.

"Tenemos muchos problemas de agua y un proyecto para resolverlos cuesta 14 millones de dólares. Nosotros pediríamos al gobierno de Colombia que al menos pusiera la mitad", afirma la vicealcaldesa local, Lucrecia Burbano.

"A nosotros también nos gustaría que Colombia nos ayudara. Nos tienen abandonados", asegura Ángela, ella misma víctima de violación por un guerrillero de las FARC en el departamento colombiano de Putumayo (sur).

"Aquí uno no tiene nada, pero tiene libertad"

Los refugiados, que en su mayoría ya vienen de desplazamientos anteriores en Colombia, pueden acceder a ayudas para alimentación y vivienda por parte del Estado ecuatoriano y de Naciones Unidas.

También, según el caso, logran acceder a préstamos de bajo interés para impulsar un pequeño negocio informal.

Sin embargo, la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) avisa de que una parte importante de los colombianos que cruzan la frontera no son admitidos como refugiados por falta de documentos y a veces no llegan ni a iniciar los trámites, lo que aumenta su vulnerabilidad a la explotación laboral y sexual.

Una nueva norma, que muchos recién llegados desconocen, les exige entregar la solicitud de refugio en oficinas a menudo lejanas antes de los primeros 15 días en el país.

El trámite de refugio puede durar entre uno y dos años y mientras se desarrolla los niños tienen garantizada sanidad y educación pública, si bien muchos la abandonan tempranamente para ayudar a sus padres en el trabajo.

Armando tiene cinco hijos y uno de ellos asiste a una escuela rural de Urbina, en la provincia andina de Carchi (norte), receptora de indígenas que huyen del sur colombiano.

El colombiano regentaba el único taller mecánico de su pueblo, que contra su voluntad acabó siendo vital para los guerrilleros de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Me exigían a cualquier hora que les arreglara las motos, las llantas de sus carros. Me venían a buscar y me llevaban al monte", recuerda.

Armando trajo consigo sus herramientas pero en siete años no ha conseguido un lugar para abrir otro taller, por lo que sobrevive con faenas en el campo y eventualmente de albañil.

Aún así, tampoco se plantea el retorno ni siquiera en el caso de que las FARC dejen las armas.

"Aquí uno no tiene nada, pero tiene libertad", resume Ángela.