Como si se tratara de toda una celebridad, la salida del ex senador Juan Carlos Martínez de la cárcel ayer, para disfrutar de un permiso de 72 horas, fue seguida minuto a minuto por la prensa, las autoridades y gran parte de la opinión pública en el Valle.

 

Martínez, condenado a siete años de cárcel dentro del proceso de la parapolítica, purga su pena en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, pero por el tiempo que lleva preso y las certificaciones sobre su “buena conducta” y “trabajo en prisión” logró acceder a permisos para salir cada dos meses por lapsos de tres días. 

 

Esas certificaciones, como se sabe, están bajo la lupa porque se sospecha que son anómalas, a tal punto que le sumaron horas de trabajo en los mismos días en que asistía a citas médicas.

 

Como se sabe, ex senador valluno no sólo se ha visto envuelto en escándalos de indisciplina en la cárcel de La Picota sino que desde prisión estaría interviniendo en política y la campaña electoral, a tal punto que a través de varios partidos y movimientos estaría promoviendo candidaturas a cinco gobernaciones, más de un centenar de alcaldías y muchas más a concejos y asambleas.

 

Aunque el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, buscó impedir que Martínez saliera de prisión y se dedicara a hacer correrías políticas en el Valle, le fue imposible. Lo máximo que logró fue que no saliera el viernes pasado sino ayer en la mañana. 

Sin embargo, mientras Esguerra dijo que el ex senador no podría salir de Barranquilla, el juez de garantías que le otorgó el permiso precisó que no tenía restricción alguna de desplazamiento, y que incluso el juzgado fue informado que el ex congresista viajaría primero a Bogota y al cierre de la tarde se embarcaría en un avión a Cali, lo que finalmente ocurrió.

 

Martínez incluso habló con la prensa y responsabilizó al Inpec de su seguridad pues dijo ser blanco de amenazas. Al mismo tiempo afirmó que estaba siendo objeto de campañas de desprestigio orquestadas por sectores del Valle e incluso denunció una persecución por razones “racistas”.

 

El ex congresista negó que esté interviniendo en política y que sus permisos eran para atender problemas en su familia. También acusó al Gobierno de apoyar burocráticamente a congresistas para que sus candidatos ganen las elecciones en este departamento. Hasta el vicepresidente Angelino Garzón fue blanco de sus críticas.

 

Martínez llegó anoche a Cali, fue recibido por una caravana de ocho carros blindados. Se trasladó a una residencia bajo la persecución de la prensa. 

 

Aunque el permiso otorgado por el juez de garantías a Martínez no implica que éste sea sometido a vigilancia permanente del Inpec, se sabe que será monitoreado mientras permanezca en Cali con el fin de detectar si participa en actividades políticas. Si llega a comprobarse esto, perdería los beneficios de los permisos.