Los seguidores del presidente votaron por él confiados que nunca indultaría a Fujimori. Sin embargo, tuvo que negociar la salida del expresidente de la cárcel, a cambio de no ser destituido por el Congreso. Ahora, sólo el 23% aprueba su gestión, y ni siquiera va por la mitad del mandato
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“Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuczynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras”. Así Mario Vargas Llosa calificó al presidente de Perú (en la República, de Lima) luego que, como parte de una negociación política, indultará a Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno (1990-2000).
Esta decisión, tomada un día antes de navidad, ha sido rechazada por los peruanos en numerosas movilizaciones que recuerdan la inestabilidad política de gobiernos como el de Alejandro Toledo o Alan García.
Sin alientos, pero con el deber de explicar lo que pasó, Kuczynski reconoció la semana pasada que el indulto humanitario “ha sido la decisión más difícil” de su vida. Frente a los peruanos, en un discurso exculpatorio, llamó a los crímenes reconocidos por Fujimori como “errores y excesos”, en una definición que ha sido criticada por numerosos sectores, molestos por su tergiversación de los hechos.
Dos semanas después, Kuczynski se desinfla, perdido en un laberinto que, según algunos analistas, terminará con su prematura salida del gobierno. ¿Le costará la presidencia el indulto de su contradictor, cuyos hijos, Keiko y Kenji, lo salvaron de la destitución por sus presuntos vínculos con Odebrecht?
La desaprobación de PPK (forma como llaman al presidente) subió a 70 y su favorabilidad bajó a 23% -según Ipsos en una sondeo del fin de semana-. En 2021, se completa su mandato, lo que indica que, de seguir así, podría enfrentar un escenario complejo y sin apoyo popular, similar al de Michel Temer en Brasil; siempre y cuando no salga anticipadamente del poder.
Indulto pactado
El 21 de diciembre, en una extensa sesión en el Congreso que terminó pasada la media noche, Pedro Pablo Kuczynski, citado por los parlamentarios por su presunta relación con Odebrecht, se salvó de que fuera destituido por “permanente incapacidad moral”.
La acusación, basada en confesiones de Macelo Odebrecht, afirmaba que la empresa le había pagado al presidente de Perú la suma de 782.207 dólares cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo, hoy fugado de la justicia tras comprobarse que fue sobornado por la multinacional.
La mayoría fujimorista, liderada por Keiko Fujimori, meses atrás había cesado a cinco ministros y, hasta la noche de ese 21 de diciembre, se preparaba para hacer lo mismo con Kuczynski, quien en la mañana había dicho que no era culpable del delito que le indilgaban.
Llegó la medida noche. La votación para decidir su destino comenzó y, a diferencia del largo debate, fue ejecutada en menos de 20 minutos. En un acto fugaz, el Congreso no sacó a PPK de la Casa Pizarro. Se salvó. Porque había negociado con Kenji, hijo de Fujimori, peleado con Keiko -su hermana-, el indulto de su papá.
En su columna, Vargas Llosa cuenta que al mismo tiempo en que el presidente “se hacía la víctima del fujimorismo”, “negociaba a escondidas con el hijo del dictador un sucio cambalache”.
El escritor, como muestran las imágenes de la televisión peruana, se refiere a las llamadas que Kenji recibió durante la plenaria extraordinaria en la que el grupo que él lidera, “Fuerza Popular”, dirigido mayoritariamente por su hermana, decidió abstenerse. Esos diez votos salvaron al presidente. A cambio, Kenji pidió que su padre fuera indultado por razones humanitarias.
La idea de indultar a Fujimori, desde que asumió la presidencia, no había sido descartada por Kuczynski. Su margen de maniobra en el Congreso ha sido muy limitado, luego de que “Fuerza Popular”, logrará mayorías parlamentarias, obligándolo a negociar diferentes temas para que sus proyectos sean aprobados.
Escribe Rosa María Palacio en La República, reconocida periodista peruana, que PPK siempre puso sobre la mesa la idea del indulto, ante los numerosos obstáculos que impuso Keiko, quien, uno a uno, fue censurando o destituyendo a varios de sus ministros. Esta idea, dice, “fue discutida varias veces” en el consejo de ministros.
Sin embargo, la ministra de justicia, Marisol Pérez Tello, explicó en reiteradas ocasiones que Fujimori no podía ser indultado por razones humanitarias porque no existía ninguna de las causales para que ello procediera: enfermedad mental, terminal o degenerativa, que, por la cárcel, se podían agravar.
Lo político, lo humanitario
En un artículo publicado en El Comercio, Jorge Morelli, un defensor de Fujimori, dijo que: “Dada la cardiopatía severa que padece Alberto Fujimori necesita vivir a 15 minutos de una Unidad de Cuidados Intensivos para recibir atención inmediata en caso de una crisis aguda que puede ser mortal. Su prisión ya era totalmente incompatible con esa condición”.
La condición del expresidente, dada las dos versiones encontradas, no es clara. El domingo Fujimori entró al hospital por un “arritmia cardiaca”, demostrando, una vez más, que padece graves problemas de salud. Sin embargo, algunos ponen en duda la urgencia de sus emergencias, pues su lugar de residencia queda más allá de los 15 minutos de la Unidad que Morelli explica en su artículo.
La tormenta política que ha dejado el indulto de Fujimori no sólo ha generado una oleada de repercusiones a nivel local. En lo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a una audiencia de control al gobierno de Perú para supervisar la sentencia del caso Barrios Altos, unas de las masacres por la cual Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Para la Corte, dicen medios peruanos, el indulto es inaceptable.
Es claro, al final, que el indulto de Alberto Fujimori fue político, lo que le puede costar el puesto a un débil Kuczynski.
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