Por Daniela Ferro (*)
DESDE 1972, con la firma de la declaración de Estocolmo, las problemáticas ambientales a nivel global adquirieron la importancia necesaria para ser consideradas como una cuestión común que requiere de los instrumentos del derecho internacional público para su solución.
El hecho de que a nivel internacional lo ambiental se encuentre como un tema a negociar y por el cual se llegan a acuerdos comunes, significa un avance para se construyan propuestas que generen cambios reales sobre las condiciones que soportan muchos países, a la vez que hayan impactos a nivel local.
Sin embargo, lo ambiental tiene la dificultad o la ventaja de ser un tema que está interconectado con muchos otros asuntos; no es posible llegar a alguna solución para atender lo ambiental si no se piensa en lo económico, lo sanitario, lo social, la construcción de políticas públicas, en el modelo de desarrollo, etc. En este sentido, pensar en la consecución de un acuerdo internacional para efectivamente solventar una problemática ambiental implica atender muchos frentes de batalla.
Dentro de este conjunto de problemáticas interdisciplinares es posible encontrar el tema alimentario en el mundo, un tema controversial y sensible, que a pesar de lograr el interés internacional y la conjunción de esfuerzos, no ha logrado mitigar que todavía en el siglo XXI más de 1.000 millones de personas, de las 7.000 que habitamos el planeta, sufran de subnutrición. Las cifras pueden ser más escalofriantes al conocer el número de niños que mueren de hambre en el mundo, según la FAO, para 2011 cada cinco segundos un niño menor de diez moría de hambre, demostrando así la necesidad de un esfuerzo global para erradicar esta tragedia.
El tema alimentario, a diferencia del ambiental, logra movilizar mucho más esfuerzos multilaterales, los cuales se han centrado en la aplicación de medidas asistenciales para aquellos países con profundas crisis alimentarias, como Sudan, Somalia, Argelia, Níger, Togo, Guinea-Bissau, Sierra Leona, entre otros países africanos; también es de destacarse la crisis de Indonesia, a raíz de la importación de soja, y de México, con la importación de maíz; sin contar el caso Colombia, en donde han muerto más de 5000 niños Wayuu de inanición desde el año 2008.
Las políticas para hacerle frente a esta grave situación se han centrado en ayudas humanitarias y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, es decir, medidas arancelarias que impiden la importación de alimentos. La seguridad alimentaria busca que cualquier Estado tenga las posibilidades para alimentar a su población. Sin embargo ésta se centra en la importación de alimentos, más no en la construcción de instituciones que fortalezcan la producción agrícola, lo que equivaldría obtener las condiciones para sustentar su soberanía alimentaria.
Los tratados internacionales referentes al tema de la producción agrícola siempre han sido estipulados mediante medidas comerciales que aseguren el libre intercambio de mercancías. No obstante, este tema es la única excepción que hay dentro del acuerdo GATT de la Organización Mundial del Comercio, sobre el que no se ha logrado eliminar las distorsiones comerciales que, tanto los subsidios a los agricultores, como las medidas sanitarias, generan. En otras palabras, se ha fomentado la eliminación de barreras arancelarias sobre los alimentos, pero no se han retirado las ventajas competitivas que tienen muchas empresas transnacionales.
De esta manera, muchos países quedan sujetos a las dinámicas del mercado a la hora de solucionar sus problemas alimentarios, lo que indica que desde lo económico no se logró contener la crisis alimentaria del año 2008, en la que subieron dramáticamente los precios, afectando aún más los indicadores de subnutrición.
Es en este punto en donde es necesario realizar una reflexión sobre la necesidad de que los acuerdos multilaterales ambientales salgan de su ostracismo para articularse a otros tipos de tratados en los que se logre construir iniciativas flexibles que efectivamente impacten a nivel local. Son necesarios tratados que involucren diversos actores, como empresas, ONGs, Gobiernos, universidades, que vayan más allá de las modalidades coercitivas para generar resultados sobre los daños ambientales.
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en su informe ‘Wake up it is too late’, es indispensable que los Gobiernos de los países ricos y pobres se comprometan en la implementación de medidas que modifiquen la tendencias agroindustriales actualmente en auge, las cuales benefician los monocultivos y el uso de fertilizantes. La propuesta del UNCAT es privilegiar la producción de alimentos a pequeña escala, que involucre la diversificación de cultivos y la disminución del uso de químicos plaguicidas.
Lo anterior, se articula con los objetivos ambientales de disminuir las consecuencias del cambio climático producto de las actividades humanas. Por lo tanto no es posible apostarle solamente a la generación de objetivos a largo plazo, sino que es indispensable de la promoción de iniciativas más sostenibles que logren mitigar los efectos que la agricultura industrial tiene sobre el medio ambiente.
Conseguir que la agricultura sea más asequible mediante la producción local de alimentos es lograr disminuir el proceso de desertificación. En esta medida se requiere de la articulación de diferentes temáticas para encontrar soluciones que afecten problemáticas humanitarias urgentes, como el hambre en el mundo, y a la vez impulsen la búsqueda de medidas ambientalmente sostenibles.
(*) Joven investigadora de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.