El personero de Bogotá, Ricardo María Cañón, le solicitó al alcalde, Gustavo Petro, considerar el retiro del proyecto de acuerdo que presentó al Concejo Distrital sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), porque la propuesta no corresponde a una modificación excepcional de las normas urbanísticas del Plan, sino a una revisión general que sólo puede realizarse a partir de 2019, según las normas.

La petición fue realizada en una carta, también dirigida a la presidenta del Concejo de Bogotá, María Clara Name, a quien le solicitó considerar la posibilidad de abstenerse de darle trámite al proyecto y archivarlo por las mismas razones.

La misiva del Personero indica ocho graves problemas adicionales que tiene el proyecto y que podrían afectar negativamente el interés público y exponer al Distrito Capital a un riesgo jurídico de alto impacto y de difícil mitigación.

Problemas adicionales

Según la carta, el proyecto delega en secretarios del despacho competencias que son propias del Concejo Distrital. Por lo anterior, es imperativa una estricta revisión en cada caso de delegación, pues ello podría afectar la legalidad de la modificación del POT.

Dice también el Personero, en defensa del interés público y para la protección del derecho colectivo a la moralidad púbica, que es importante que se revisen bien las  facultades que se darían a funcionarios de turno, pues ese hecho podría generar actos de corrupción, en la medida en que se haría depender de un criterio personal la autorización de una actividad, un desarrollo urbanístico, la obligación o no de ejecutar acciones de mitigación o de compensación, con importantes efectos económicos para el interesado, según el sentido de la decisión.

De igual modo, no se encontró en el proyecto una reglamentación clara del recaudo y uso de los fondos por concepto de compensaciones en dinero relacionadas con cargas urbanísticas, lo que generaría un alto riesgo de corrupción.

En la misiva, el Personero indicó que derogar a través del POT disposiciones urbanísticas de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) adoptadas, la mayoría de ellas, con la participación de la comunidad, desconocería los derechos de participación  consagrados en la Constitución.

Desconoce la realidad
Finalmente, señala que la mezcla de usos que existe de hecho en distintas zonas de la ciudad genera reiteradas conflictividades y violencias que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, como para que se proponga ampliar esa miscelánea de usos.
Tampoco se puede desconocer que el Distrito no cuenta con instrumentos locales ni operativos idóneos para ejercer un control eficaz para asegurar el cumplimiento de las normas urbanísticas; prueba de ello son los altos registros de querellas y reclamaciones ante las alcaldías, muchas sin resolver oportunamente, como para proponer mezclas de usos difíciles de vigilar.
Así mismo, se encontró falta de sustentación y estudios técnicos. Este es un requisito cuyo incumplimiento quebrantaría el principio de legalidad  afectando la validez del acuerdo o decreto que adopte la modificación del POT.