La investigación cobija a 15 de 20 alcaldes locales y nueve ya se cuentan con pliego de cargos 

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15 alcaldes locales nombrados en administración de Enrique Peñalosa están en la mira de la Personería Distrital porque habrían incurrido en irregularidades en contratación de malla vial por más de $126.000 millones.

La investigación cobija a 15 de 20 alcaldes locales y nueve ya se cuentan con pliego de cargos y espera que sean citados a audiencia pública.

Los alcaldes locales investigados son de Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Kennedy, Teusaquillo, Fontibón, Usaquén, Barrios Unidos, Santa Fe, Bosa, Puente Aranda, Engativá, Candelaria, Suba y Los Mártires.

De otro lado, la personera Carmen Teresa Castañeda Villamizar solicitó al secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay designar un alcalde local en propiedad para Ciudad Bolívar, debido a que la interinidad ha generado una deficiente gestión administrativa que afecta a todos los habitantes de la zona.

En los dos últimos años, la localidad ha tenido cerca de cuatro alcaldes locales, la mayoría encargados y el actual mandatario provisional solo puede asistir dos horas al día, en el entendido que es el titular de la Alcaldía de San Cristóbal.

El trámite de querellas se encuentra estancado, la vigilancia a establecimientos de comercio es nula y no hay personal contratado para acompañar operativos de vigilancia y control. El Consejo Local de Seguridad esta acéfalo y la ejecución del Plan de Desarrollo Local no avanza, dice el requerimiento suscrito por la jefe del Ministerio Público Distrital.

Todo esto sin contar que Ciudad Bolívar cuenta con más de 8.400 ocupaciones ilegales, en predios que según el (Idiger) son de alto riesgo no mitigable y con la ausencia de autoridad se está presentando, al parecer, una presión urbanística ilegal en zonas rurales.

Además, la personera Castañeda, indicó que la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en contra de 62 funcionarios de la alcaldía Peñalosa, a raíz de denuncias que se han presentado por posible detrimento al patrimonio público, irregularidades en contratación, entre otros.

“La directora de fiscalías de Bogotá, me dijo con ocasión de todas las compulsas de copias que se han hecho, que a final del año pasado, se ordenaron 62 investigaciones penales”´, señaló Castañeda, agregando que se estarían investigando posibles abusos de autoridad, prevaricato y abusos sexuales.