ANIF propone que Colombia tenga un mecanismo de deuda objetivo y acabar con las exenciones en renta e IVA

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Tanto los analistas económicos como las calificadoras de riesgo han venido reiterando preocupaciones por los elevados faltantes fiscales del Gobierno Central durante el período 2016-2018.

Estos se estarán ubicando en el rango 3,5%-4% del PIB por año, donde infortunadamente la Reforma Tributaria de la Ley 1819 de 2016 se está quedando corta en su cometido de lograr recaudos adicionales de al menos un 2% del PIB.

En efecto, el recaudo tributario tan solo ha logrado crecer a ritmos cercanos al 2,5% real anual en lo corrido del año a septiembre de 2017 frente a estimaciones del 7% real a inicios del año. Solo de esta manera se estaría incrementando la relación Recaudo/PIB del Gobierno Central del 13,6% de 2016 hacia el esperado 14,2% de 2017.

Esto se explica, en buena parte, por la desaceleración económica, con crecimientos de solo un 1,2% anual durante el primer semestre de 2017, a pesar de que el Gobierno inició el año programando crecimientos del 2,5%.

Un segundo factor que ha jugado en contra del mayor recaudo ha tenido que ver con la reducción de la tasa de imporrenta de las firmas hacia el 40% por cuenta de la Ley ya mencionada y el marchitamiento del impuesto a la riqueza.

Esto último ha implicado una reducción de esa carga combinada (imporrenta + imporriqueza) desde niveles del 52% para los grandes contribuyentes hacia el 43%.

Esta reducción va en la dirección correcta de hacer más competitivas a las firmas que operan desde Colombia.

Sin embargo, el problema estructural es que continúan existiendo demasiadas exenciones en imporrenta y en IVA (numerosas partidas que tan solo pagan un 5% o nada, en vez de la tasa general del 19%).

El otro factor que drena el recaudo es que la lucha contra la evasión-elusión aún no da los rendimientos sostenidos del +0,5% del PIB por año que se tiene imaginado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Se teme entonces, dice ANIF, que, tras haber elevado la meta del déficit fiscal del Gobierno central del 3,3% hacia el 3,6% del PIB en 2017, este menor recaudo pueda terminar elevando nuevamente el déficit hacia cerca del 3,8% del PIB este año.

Adoptar el mecanismo de deuda objetivo propuso la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF.

El centro de estudios explicó que consiste en fijar criterios de estabilidad de la deuda pública del Gobierno Central de tal manera que no supere el actual 45% del PIB.

Ello implica adoptar movimientos contracíclicos en el déficit primario, de manera análoga a la estrategia de Inflación Objetivo del Banco de la República, con miras a no desbordar el umbral del 60% del PIB en la deuda pública consolidada. Esto involucra que el componente de deuda del Gobierno Central no podría desbordar el 45% del PIB.

Actualmente la deuda pública consolidada se ubica cerca del 57% del PIB según estimaciones de la Contraloría.

Gasto inflexible

El agravante de todo esto proviene de la elevada inflexibilidad del gasto público en Colombia, pues cerca del 85% del Presupuesto es “impajaritable” y presenta indexación a ritmos del 4% real anual; y se tienen crecientes presiones en seguridad social (pensiones-salud), vigencias futuras de infraestructura y posconflicto, cuyo costo anual estaría cerca del 1% del PIB/año durante 2017-2022.

Así, el único espacio remanente de ajuste ha tenido que ver con la inversión, cayendo un -7% real en 2018.

Todo este deterioro fiscal va a contrapelo del favorable desempeño del mercado de TES, los cuales rondan tasas del 6,2% en su benchmark a diez años.

Una posible explicación puede tener que ver con los recursos adicionales provenientes de las multas a la telefonía móvil por valor de $4,7 billones (0.5% del PIB).

Esas multas corresponden a la indemnización al Estado de Colombia por cuenta de la no devolución de redes-equipos de la firma Claro ($3.1 billones, 0.3% del PIB) y Movistar Telefónica-España ($1.6 billones, 0.2% del PIB), según lo pactado en los contratos iniciales de 1994.

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