Las víctimas por sus convicciones religiosas reclamaron respecto de la sociedad colombiana y pidieron ser escuchadas en la mesa de La Habana.
En efecto, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realizó una audiencia pública, donde participaron representantes de diversas comunidades cristianas que han sido víctimas del conflicto en Colombia.
La organizadora de este acto público fue la senadora liberal Sofía Gaviria, quien, como víctima, ha enarbolado la defensa de las víctimas en el Congreso: “Desde la Comisión y desde la Federación de Víctimas hemos venido adelantando actividades para denunciar el drama de los distintos grupos sociales victimizados por los actores armados: los afros, los indígenas, las mujeres, las minorías Lgbti, los empresarios del campo y los miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros sectores. En esta ocasión, escuchamos, tal vez por primera vez en el Congreso, a aquellos que han sido víctimas a causa de sus convicciones religiosas”.
La senadora Gaviria, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, cree, además, que uno de los derechos a los que no se ha prestado suficiente atención es al de la libertad de cultos. Al respecto, la congresista recuerda que “La Carta Magna establece textualmente, en su artículo 19 que se garantiza la libertad de cultos, que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”.
En el acto, se mostraron, a través de ponencias y testimonios, los distintos escenarios de victimización a diversas comunidades religiosas en Colombia y se analizó la evolución que, en materia jurídica ha tenido la libertad de cultos en Colombia, destacando el aporte que la Constitución Política de 1991 realizó.
Una continua y sistemática violación de la libertad de cultos ha sido el común denominador en la historia de Colombia, desde la conquista, fue la conclusión a este respecto. Sin embargo, la parlamentaria Gaviria considera que la protección de esta libertad merece ser reforzada tanto como los demás derechos fundamentales, ya que existe el respaldo constitucional y la obligación de las entidades del Estado para garantizar su aplicabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano: “Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.