Los 22 grupos surgidos en 2007 luego de la desmovilización las AUC se reagruparon en cinco denominaciones entre 2008 y 2010.

Ajustes a la estrategia implementadas para la persecución y desmantelamiento de las denominadas bandas criminales (Bacrim) recomendó el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez.
“Comprender la real naturaleza de estos grupos armados ilegales obliga a reflexionar sobre la posibilidad de considerar y recomendar un ajuste en la estrategia de su persecución y desmantelamiento por cuanto en el presente esa actividad la cumple la Policía Nacional a través de la Dirección de Carabineros”, sostuvo el funcionario.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué observaciones tiene la Defensoría frente a la demostración de fuerza intimidatoria que exhibieron Los Urabeños recientemente?
VOLMAR PÉREZ: La Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha venido monitoreando la dinámica de la confrontación armada cambiante del conflicto armado a partir del proceso de desmovilización de las AUC en el año 2006.
En un primer momento se advirtió el interés de los reductos no desmovilizados de las extintas AUC de reagruparse en nuevas estructuras armadas ilegales.
El SAT advirtió mediante informes de riesgo que en algunas regiones del país estaban surgiendo grupos armados ilegales post-desmovilización que actuaban con diferentes denominaciones.
En el año 2007 se llegó a contabilizar 22 grupos ilegales integrados por miembros de las AUC que no se desmovilizaron, desmovilizados que retomaron las armas y por nuevos integrantes, muchos de ellos provenientes de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En los años siguientes, es decir, entre el 2008 y 2010, se evidenció un proceso de rearme, reagrupamiento, y reconfiguración de estas estructuras, mandos y estrategias, llegando a consolidarse cinco grandes grupos postdesmovilización autodenominados Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac) y el grupo armado ilegal Los Rastrojos.
En el caso de la organización armada ilegal postdesmovilización de las AUC, autodenominada Los Urabeños, estos tienen su origen en la región del mismo nombre en el norte de Antioquia, llevando a cabo actividades en algunos casos en asocio con las autodenominadas Águilas Negras, especialmente en los departamentos de Chocó y Antioquia. Ello, sin dejar de lado la presencia y el control social que buscan ejercer en Córdoba y Sucre, Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira, en donde estarían en confrontación con los llamados Paisas.
Estas estructuras armadas ilegales actúan ofreciendo seguridad a intereses ilegales dedicados a la explotación de recursos minerales con fines particulares, al mismo tiempo que aplican mecanismos de contención violenta a expresiones de protesta social, promoviendo la eliminación, el desplazamiento o la cooptación violenta de aquellas personas y grupos sociales que consideran simpatizantes o afines a los grupos de guerrilla.
La manifestación de fuerza que intentó hacer esta estructura armada en los primeros días de enero de 2012, en varios departamentos de la Costa Atlántica, en Chocó y Antioquia, busca demostrar la capacidad intimidatoria que tienen.
En este sentido, se ha observado que dicha organización armada, como las otras de esta naturaleza, poseen una capacidad violenta que genera consecuencias humanitarias, con capacidad de influir en diferentes zonas geográficas y, por ende, realizar actos de perturbación de la tranquilidad social y del orden público, a través de amenazas y actos de violencia indiscriminada contra los habitantes de dichas regiones, como, por ejemplo, la declaratorias de paros armados, instalación de retenes ilegales y realizar actos de terrorismo a la manera de las organizaciones guerrilleras.
Comprender la real naturaleza de estos grupos armados ilegales obliga a reflexionar sobre la posibilidad de considerar y recomendar un ajuste en la estrategia de su persecución y desmantelamiento por cuanto en el presente esa actividad la cumple la Policía Nacional a través de la Dirección de Carabineros.
ENS: ¿Qué alertas había recibido la Defensoría sobre el accionar de estos grupos resultantes de la desmovilización paramilitar?
VP: La Defensoría del Pueblo por medio del Sistema de Alertas Tempranas ha advertido desde el año 2006 el accionar de estos grupos armados ilegales.
En el año 2010 los grupos armados ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas fueron la principal fuente del riesgo en 42 de las 51 situaciones de riesgo advertidas, es decir,  en el 82 por ciento.
Las Farc por su parte, fueron fuente de amenaza en 40 situaciones de riesgo, es decir en el 78 por ciento, y el Eln fue identificado en 13 ocasiones, que representan el 25 por ciento.
En el año 2011, estas estructuras armadas ilegales fueron fuente de amenaza en 34 situaciones de riesgo advertidas del total de 50 (corresponde al 68 por ciento), evidenciando la capacidad de intimidación sobre la población civil. Esta categoría, agrupa las estructuras armadas conformadas por reductos de las extintas AUC no desmovilizados, desmovilizados que retomaron las armas o nuevos integrantes que han sido reclutados o incorporados a sus filas, entre los cuales figuran los grupos autodenominados Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac) y el grupo armado ilegal Los Rastrojos.
ENS: Frente al poder de estos grupos y su influencia política (o en los políticos), ¿qué puede decir la Defensoría? ¿Ganaron las elecciones?
VP: La Defensoría del Pueblo a través del Informe de Riesgo Electoral elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas, para las elecciones regionales celebradas en el mes de octubre del año anterior, advirtió o señaló que estas estructuras armadas ilegales postdesmovilización eran fuente de riesgo electoral en 199 municipios del país donde era probable que incidieran e interfirieran por medio de actos de corrupción en el proceso electoral, mediante el respaldo tácito o expreso a determinados aspirantes a ser elegidos por medio de acciones de constreñimiento, cooptación y corrupción de aspirantes y electores; fenómeno que se percibió en diferentes regiones del país con posterioridad a los comicios donde se presentaron asonadas y manifestaciones de descontento por los resultados electorales. Así mismo, mediante el empleo de la amenaza y la intimidación en algunas zonas lograron acallar expresiones políticas que se opusieron a sus intereses.
ENS: ¿La institucionalidad, en este caso la Defensoría, está preparada?
VP: La Defensoría del Pueblo tiene una experiencia acumulada en el tratamiento de estos temas y está terminando de adecuar su estructura institucional para el cumplimiento diligente y oportuno de sus responsabilidades.
ENS: ¿Hay suficientes defensores?
VP: En lo que corresponde a la aplicación de los mecanismos de la ley de víctimas, desde luego solo se va asesorar, orientar y asistir víctimas que es el eje de la Ley.
ENS:¿Cómo se va a dirimir el conflicto de tener que defender a víctimas y a victimarios?
VP: En cuanto al tratamiento de los victimarios ello es propio de los instrumentos de la antigua Ley de Justicia y Paz.
ENS: El temor, incluso de amigos de la ley y del Gobierno, es que todo este esfuerzo se quede en letra muerta y en informes inflados del Ejecutivo…
VP: En el caso del Sistema de Alertas Tempranas, como puede observarse en varios de los decretos reglamentarios de la ley de víctimas, se le han asignado unas nuevas responsabilidades en lo relacionado con el flujo de información que de cuenta de las condiciones de riesgo de las organizaciones sociales, comunidades y líderes en procesos de reclamación y restitución.
En particular, se ha dispuesto la creación de un Sistema de Información que permita hacer un seguimiento más preciso a la evolución del riesgo y especialmente en materia de seguimiento al impacto y eficacia de la respuesta institucional.
Este reto implica mejorar las capacidades  para desarrollar e implementar dicho Sistema.