LOS QUE MÁS RESIENTEN EL GOLPE

LA CORTE SUPREMA

Lo peor que le podía pasar al alto tribunal era que la elección de la Fiscal General se cayera. Así de sencillo. Tras un año y medio de incertidumbre, luego de la terminación a mediados de 2009 del periodo de Mario Iguarán, el largo encargo de Guillermo Mendoza y la reiterada imposibilidad de escoger al titular de la Fiscalía de entre las dos ternas que el presidente Uribe les presentó a lo largo de muchos meses, se esperaba que Morales pudiera terminar su periodo tranquilamente y recuperar la institucionalidad perdida. Pero nada de ello ocurrió. De entrada, la rapidez con que se escogió de la terna presentada por Santos a finales de 2010, hizo eco a las críticas uribistas de que el alto tribunal estaba jugado a no elegir a nadie postulado por Uribe, y menos aún mediando el grave escándalo de las chuzadas y las tensiones por el proceso de la parapolítica. También perdió la Corte por el hecho de que el mismo día de la elección de Morales, varios de sus magistrados habían advertido el riesgo de cambiar el reglamento y la posibilidad de que se cayera la elección por una futura demanda, lo que finalmente pasó. Tampoco jugó a favor del alto tribunal que meses después de escoger a la Fiscal se conociera que había reanudado su relación con el polémico Carlos Alonso Lucio. También es seguro que todos los magistrados serán denunciados, así no haya delito claro, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

EL PRESIDENTE SANTOS

Es innegable que cuando, en el segundo semestre de 2010, el presidente Santos decidió cambiar la terna para Fiscal General sabía que era una carta audaz pero arriesgada. Y al final de todo, fue más lo perdido que lo ganado. El Jefe de Estado entendía que la Corte Suprema no elegiría de la terna dejada por el ex presidente Uribe. Procedió, entonces, a cambiarla, pese a que era obvio que al ex mandatario no le gustaría para nada. Para matizar el impacto incluyó a Viviane Morales, con el objetivo, como lo dijo en su momento, de rendirle un “homenaje” a Uribe, pues ella había trabajado con su gobierno en la reforma judicial. Eso le salió mal, pues el uribismo no sólo consideró el cambio de terna como una especie de “traición”, sino que desconoció que la postulación de Morales fuera un gesto amable para con el ex presidente. Todo lo contrario, erigió a la Fiscal como una especie de ‘enemiga’. De otro lado, Santos defendió siempre el alto perfil de la terna y fue claro en advertir que cuando postuló a Morales ella le había asegurado que no estaba casada ya con el polémico Carlos Alonso Lucio. Eso también le salió mal, pues la Fiscal no sólo dijo recientemente que el Presidente nunca le preguntó al respecto, sino que su relación matrimonial se convirtió en un escándalo de marca mayor y más de una mirada acusadora se dirigió a la Casa de Nariño por haber inducido a error a la Corte Suprema, que siempre pensó que Santos había precavido lo del caso Lucio.

VIVIANE MORALES

Por más que la razón que llevó a la anulación de su elección no es responsabilidad suya en lo más mínimo, es claro que Viviane Morales, que venía cumpliendo una gestión muy reconocida y se la había medido a investigaciones penales de alto impacto público, resulta ser la principal perdedora tras el fallo del Consejo de Estado, pues no podrá terminar su periodo ni cumplir con una serie de metas a mediano plazo que se había propuesto. Igual, Morales necesitaba que se le diera más tiempo en el cargo con el fin de contrarrestar, con hechos contundentes e irrefutables, la percepción que algunos sectores nacionales, mediáticos y políticos venían afincando en torno a que su relación matrimonial podía afectar su imparcialidad, objetividad y criterio jurídico en el ejercicio del cargo. Es claro que tras su inminente salida de la Fiscalía, quedó latente en el ambiente el rumor de que su situación personal pudo ser un hecho que, subjetivamente, habría llevado a que Gobierno, Corte y hasta el propio Consejo de Estado consideraran, en su esfera privada, que era mejor que ella no siguiera el frente de una institución tan importante. Y por último, también necesitaba Morales más tiempo en su cargo para demostrarle al uribismo que decisiones como las tomadas en contra del ex alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, no tenían ningún sesgo político (como lo aduce en las toldas expresidenciales) sino que, por el contrario, están soportadas en valoraciones jurídicas objetivas y acordes con el debido proceso.

LAS ALTAS CORTES

El elemento que más ha cohesionado a las altas Cortes judiciales en el último año es su enfática oposición a varios artículos de la reforma judicial que cursa en el Congreso y que ya superó cuatro debates, quedando pendientes igual número en Senado y Cámara a partir del próximo 16 de marzo. Además de no estar de acuerdo con la entrega de funciones judiciales a abogados y notarios, como tampoco con las propuestas sobre presupuesto de la Rama y tener peros en cuanto a mecanismos que podrían afectar la autonomía jurisdiccional así como distintas ópticas sobre la reforma del Consejo Superior de la Judicatura, es claro que uno de los principales pulsos con la Casa de Nariño y el Parlamento está basado en los artículos que le quitan a las altas Cortes las facultades nominadoras y electorales para los cargos de Fiscal, Contralor y Procurador generales. De acuerdo con el proyecto de reforma judicial, la designación de los titulares de esos entes de control penal, fiscal y disciplinario pasaría a ser decisión exclusiva del Presidente de la República y el Congreso. Según los presidentes de los altos tribunales, por esta vía se está politizando la Rama judicial y rompiendo el principio de separación de poderes. Es claro que tras lo ocurrido con el accidentado proceso para escoger Fiscal General, la postura de las altas Cortes para defender sus facultades nominadoras o electorales sufrió un duro golpe.

LOS QUE ESTÁN MÁS DE ACUERDO

EL URIBISMO

Con la caída de la elección de la fiscal Morales las toldas del uribismo, sobre todo del ala más radical, sienten, por lo menos, un fresco… Para nadie es un secreto que los más críticos de las actuaciones de la jefe del ente acusador fueron, precisamente, quienes hicieron parte del anterior gobierno y no estaban de acuerdo con las decisiones de la Fiscalía que llevaron a la cárcel, condenas o pusieron en la mira de la justicia a ex funcionarios como el ex alto comisionado Restrepo; la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado; el comité del referendo reeleccionista; los ex ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio; el desfalco en los recursos para la salud, el caso AIS, DNE y otros tantos escándalos de corrupción ‘heredados’ del anterior gobierno. Es más, en casos como el del hoy prófugo Restrepo, es claro que la estrategia del uribismo fue atacar a Morales, acusarla de actuar con sesgo político y, por esa vía, tratar de convencer al país al que éste le pidió asilo de que es un “perseguido” político. Es ingenuo, también, negar que el cambio de terna por parte de Santos fue entendida por el uribismo como una “traición” y que la escogencia de Morales fue leída como un mensaje de la Corte en torno a que nunca se elegiría en ese cargo a alguien postulado por el ex mandatario.

LAS COLUMNISTAS

Es claro que la controversia sobre la permanencia de Morales en la Fiscalía tuvo un particular punto de ebullición cuando, coincidencialmente, varias de las principales y más leídas columnistas del país se refirieron a su caso. Más allá de la validez o no de las razones jurídicas y políticas expuestas por las opinadoras sobre el caso Morales y sus particulares apreciaciones en torno a cómo una respetable e inviolable situación personal podría afectar o no la imagen institucional de la Fiscalía, lo cierto es que, al fin y al cabo, la alta funcionaria terminó saliendo del cargo por cuenta del fallo del Consejo de Estado que anuló su elección. Los argumentos del máximo tribunal del contencioso-administrativo le sirven a ese grupo de columnistas para replicar a quienes desde distintas orillas políticas, sociales, mediáticas y de género sostenían que las posiciones críticas de las opinadoras respondían a asuntos meramente personales, extremadamente subjetivos e incluso a celos por el alto cargo de Morales y el reconocimiento que su gestión fue ganando con el pasar de los meses. Así públicamente no se admita, ni sea diplomático hacerlo, es ingenuo negar que en los medios periodísticos suele pensarse que cuando las críticas y señalamientos de algunos columnistas y sectores de la prensa contra determinado personaje público o privado llevan a que éste salga del cargo, obviamente por decisión de un tercero, los medios también se pueden admitir como una especie de corresponsables de la ‘tumbada’ de la persona en cuestión.

DEFENSORES DE REFORMA JUDICIAL

El principal argumento que esgrimen Gobierno y muchos senadores y Representantes para seguir defendiendo los artículos del proyecto de reforma a la justicia que plantean quitarle a las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, así como a los consejos de Estado y Superior de la Judicatura las facultades nominadoras o electoras en los casos de Fiscal, Procurador y Contralor generales, es que dichas funciones llevan a una politización de la Rama Judicial, lo que afecta su autonomía, al tiempo que distrae de forma grave sus funciones como organismos de cierre jurisdiccional y encargados de los fallos de la mayor complejidad de importancia. Así las cosas, la forma en que, una vez más, la institucionalidad de la Fiscalía está en vilo por cuenta de la salida de su titular, a un año largo de su elección, y después de que el cargo estuviera interino por casi 18 meses, seguramente será utilizada por el Gobierno y la coalición gobiernista en el Congreso para aprobar en los últimos cuatro debates que, en adelante, las altas Cortes no deben participar directa ni indirectamente de la escogencia de los jefes de entes de control penal, disciplinario y fiscal. Aunque obviamente no fue su intención, el fallo del Consejo de Estado termina siendo un ‘papayazo’ para un Congreso en el que el no se oculta cierto ánimo revanchista contra las altas Cortes por decisiones como la caída del referendo reeleccionista o el proceso de la parapolítica.

LOS AFORADOS EN LA FISCALÍA GENERAL

Si bien es cierto que Gobierno, Fiscalía, Corte Suprema y Consejo de Estado sostienen que la caída de la elección de Morales y el nuevo proceso para escoger a su reemplazo (o reelegirla si fuere menester) no tiene porqué causar traumatismos en la marcha de los procesos, es claro que sí los habrá para el caso de aquellos expedientes en los que son investigados ex altos funcionarios que, dada esa calidad, deben ser sindicados o imputados exclusivamente por el titular de la Fiscalía. Hay casos como los de los ex ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio que vienen desde las épocas del fiscal Mario Iguarán, pero que por haber sido éste viceministro de Justicia tuvieron que pasar a manos del Vicefiscal. Luego de la salida de Iguarán y el limbo que se generó casi 18 meses en ese cargo, los procesos quedaron de nuevo en el vacío, pues Mendoza -fiscal encargado- no se sabía cuánto tiempo duraría en el cargo. Vino entonces el periodo de Morales, que asumió los procesos, con la demora respectiva mientras se empapaba del expediente… Y ahora, que sale Morales, el caso pasaría al Vicefiscal o Fiscal (e) y luego, cuando la Corte escoja al nuevo titular, entonces el expediente volverá a cambiar de manos. Aunque no se sabe qué pueda pasar con estos dos casos puntuales, es claro que la definición de la situación jurídica de los ex altos cargos investigados por el titular de la Fiscalía quedará, de nuevo, en vilo y hasta podría empezar a asomar el riesgo de prescripción de la acción penal o, por lo menos, de vencimiento de términos y excarcelaciones.