Los pequeños empresarios del país están dispuestos a pagar un aporte vía impuestos a cambio de no contratar a desmovilizados de las Farc, aseguró ayer la presidenta de Acopi (Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias), Rosmery Quintero.

Según Quintero, esto se conoció a través de una encuesta realizada a los pequeños empresarios, a quienes se les preguntó qué tan comprometidos estaban para darle un empleo formal a un excombatiente.

“Los empresarios señalaron que preferirían pagar un aporte adicional para apoyar el proceso de los reinsertados, que vincularlos laboralmente”, sostuvo.

Igualmente la dirigente gremial señaló que solo el 36% de los pequeños empresarios mostró un verdadero compromiso para darle una oportunidad laboral a un reinsertado.

“Nosotros pudimos determinar a través de una encuesta que la pequeña y mediana empresa está comprometida en un 36% en darle empleo a los reinsertados, el resto no”, dijo.

La representante de los pequeños y medianos empresarios destacó que otro aspecto negativo que calificaron los encuestados fue la falta de formación por parte de los reinsertados para aplicar a cargos calificados, aunque resaltó el esfuerzo que está realizando el Gobierno a través del SENA y otras entidades para capacitarlos.

Para Quintero estos resultados son normales en medio del proceso de transición que está viviendo el país, ya que aún no existe la confianza necesaria por parte del sector empresarial para abrirles sus puertas a quienes por más de 50 años llenaron de violencia e incertidumbre al país.

“Es normal que todo ser humano, en un proceso como en el que estamos, genere la confianza necesaria y esta se gana con hechos”, puntualizó.

Sin embargo, la presidenta de Acopi destacó que tarde o temprano los empresarios terminarán abriendo la puerta a los reinsertados y brindándoles una oportunidad, aunque enfatizó que sólo es cuestión de tiempo.

“Este tema es de tiempo, en una guerra de más de 50 años uno no puede ganar confianza en 1 o 2 años, yo creo que esto llevará cerca de 10 años”, indicó.

Después de que el Gobierno logró adecuar las 19 zonas veredales y 7 puntos transitorios en los que se concentraron más de 7 mil integrantes de las Farc para la entrega de armas, el SENA comenzó a principios de marzo pasado a impartir cursos de formación. A junio pasado, 2.080 se han graduado en gastronomía básica, agroecología y tecnologías para la paz, según dijo María Andrea Nieto Romero, directora de esta entidad.

El presidente Santos ha hecho un llamado a los empresarios a vincular laboralmente a los reincorporados de las Farc. “Los invito, muy especialmente, a que se comprometan a capacitar y a emplear a esos miles de compatriotas que han tomado la decisión correcta de volver a la sociedad, y a muchos más que estamos esperando”, dijo.

Sin vivienda

Otra encuesta realizada por la Universidad Nacional de Colombia  a 10.015 miembros de las Farc evidenció que el 33% de la población tiene algún tipo de limitación física o mental, y que el 77% no tiene vivienda para habitar cuando finalice el proceso de reincorporación.

 La encuesta –que contaba con alrededor de 80 preguntas– se aplicó por medio de un formulario electrónico en las 26 zonas veredales en las que están concentrados los ex combatientes, incluyendo 38 cárceles y nueve casas de acogida, indicó la Agencia de Noticias UN - Unimedios.

La salud se presenta como uno de los principales retos durante el posacuerdo, puesto que el 33% de los encuestados (3.305 personas) manifestó tener algún tipo de limitación física o mental, entre las cuales las más frecuentes son problemas de visión de cerca o lejos (38%), problemas cardiacos o respiratorios para hacer las cosas del día (18%) y mover el cuerpo, caminar, subir o bajar (16%), entre otros.

De igual manera, la encuesta reveló que en las Farc hay 84 extranjeros: 54 venezolanos, 16 ecuatorianos, 8 brasileños y uno de Chile, Argentina, Panamá, Holanda, República Dominicana y Francia.

De otra parte ayer, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que a la fecha hay 403 hombres de la Fuerza Pública que han encontrado la libertad por cuenta del nuevo sistema de Justicia Especial para la Paz, porque han cumplido con  los requisitos de la ley en materia de juicio y de sanción.