La Comisión de Gasto Público abordó el tema que al país le cuesta una buena porción del Presupuesto. Para los expertos se ha convertido en una bomba social, por el alto costo que supone el pago de las obligaciones con los jubilados. 

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La reforma pensional, uno de los temas clave que tenía este gobierno dentro del programa económico, quedó para el próximo gobierno.

En los próximos días la Comisión de Gasto Público que nombró el Gobierno en marzo, dará a conocer su informe y diagnóstico sobre la economía colombiana y la forma de optimizar el uso de los recursos para lograr un mejor desarrollo económico.

Uno de los temas que están incluidos en los que estudia la Comisión de Gasto Público tiene que ver con el pensional, del que se espera que se hagan los aportes necesarios para evitar lo que los expertos han llamado la bomba social y pensional que se está creando en el país.

Se espera que la Comisión defina si se continúa con los dos regímenes existentes, el de Prima Media manejado por el Estado a través de Colpensiones y el de Ahorro individual, que es protestada a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías.

La situación del sector es grave, señalan los expertos, cifras de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos indican que el déficit es de $38 billones, cifra que es casi tres veces lo que costará el Metro de Bogotá, $12,9 billones. Este problema que tiene el Gobierno nacional existe desde 2004, cuando las reservas del sistema público se agotaron y entró a funcionar a pérdidas.

Alto costo

Para los economistas Jorge Ramos Forero y Ligia Melo, los giros por pago de pensiones ascendieron del 0,6% del PIB en 1990 al 3,4% del PIB en 2016.

La mayor expansión, 3,1 puntos porcentuales del Producto, se observó entre 1990 y 2006, por la incorporación de nuevos compromisos a cargo de la Nación, dentro de los cuales se destacan los aportes al Instituto de Seguros Sociales, ISS, al Fondo del Magisterio y al Fondo de Pensiones Públicas, Fopet, que recogió los compromisos de Cajanal y de otros fondos.

Vale la pena anotar que las funciones del ISS fueron transferidas gradualmente a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, creada en el año 2007. Durante los últimos años, los pagos por pensiones se estabilizaron alrededor del 3,5% del PIB.

Los dos economistas en una publicación de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras señalaron que de los recursos transferidos en 2016, un 1,2% del PIB se giró a Colpensiones, un 1,0% del PIB al Fopet, un 0,6% del PIB a las fuerzas militares y de policía, y un 0,3% del PIB al Fondo del Magisterio.

El 0,3% del PIB restante se asignó a otros compromisos como los adquiridos con los Ferrocarriles y con Foncolpuertos.

Es importante anotar, señalan los analistas, que las transferencias del Gobierno Nacional Central, al Instituto de Seguros Sociales y a Colpensiones se vienen efectuando desde el año 2004, debido al agotamiento de las reservas del sistema que se habían logrado acumular después de la reforma al régimen general aprobada mediante la Ley 100 de 1993.

En el Régimen de Prima Media, por el contrario, el número de cotizantes, en el mismo período, se ha mantenido alrededor de 2.000.000 personas.

En cuanto al número de pensionados, en el año 2016, el Sistema de Ahorro Individual registraba 111.080 personas y el Régimen de Prima Media 1.246.643 personas.

Con relación a la distribución de los jubilados por rango de pensión en el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, cabe señalar que más del 86% recibió una mesada entre 1 y 3 salarios mínimos durante el período 2013 – 2016. Para este mismo período, el 1,3% de los pensionados recibió mesadas superiores a 10 salarios mínimos.

Problemas del sistema pensional

Según el Diagnóstico del Sistema Previsional Colombiano y Opciones de Reforma, del BID, los principales problemas del sector pensional son:

La existencia de deficiencias institucionales. Falta una institución que dé rectoría al sistema pensional en su conjunto y coherencia a sus distintas partes.

Además existen problemas de información que impiden el buen diseño, implementación y supervisión de políticas pensionales, el reconocimiento de beneficios y control del fraude así como una apropiada rendición de cuentas a la sociedad colombiana de la situación pensional.

Baja cobertura presente y futura. En 2013 el 37% de adultos mayores de 60 años y más estaba recibiendo una pensión contributiva. Así mismo, solo el 35% de los trabajadores estaba cotizando al sistema pensional. Dado este grado de informalidad del mercado de trabajo se espera que con el sistema actual para 2050 solo el 18,8% de los adultos de 60 años y más tenga una pensión contributiva, dejando 12 millones de colombianos sin pensión contributiva.

Alto costo. En 2017 el Gobierno colombiano cubrió un déficit del RPM de 3,8% del PIB para cubrir al 38% de adultos de 60 años y más con pensiones contributivas. Conforme la cobertura baje en el tiempo, el déficit se situará en 2,1% del PIB en 2050 y 1,7% en 2075. El valor neto presente neto de la deuda pensional (VPN) 2013-2075 alcanza el 129% del PIB, a pesar de la baja cobertura contributiva presente y futura. Si el sistema contributivo funcionara adecuadamente el costo sería incluso más elevado.

Alta inequidad. El 80% de los subsidios implícitos del Estado al sistema de pensiones lo recibe el 20% de la población de mayores ingresos. Estos subsidios para los afiliados de mayor ingreso pueden llegar en valor presente a los 1.000 millones de pesos (US$420.000) por afiliado. Por otra parte, gran parte de afiliados al RPM (la gran mayoría de bajos ingresos) son aportantes netos al sistema, subsidiando a los pensionados de mayores ingresos. También los afiliados de bajos ingresos del RAIS que no consiguen pensionarse subsidian a aquellos que consiguen pensionarse por un salario mínimo.

El deficiente funcionamiento del régimen privado de pensiones El sistema privado tiene dificultades en ofrecer productos para el retiro que se ajusten a los beneficios pensionales otorgados por la legislación colombiana tanto en lo que respecta a rentas vitalicias como retiros programados. Los problemas más relevantes del RAIS para otorgar pensiones radican del requerimiento constitucional que imposibilita  que las pensiones sean inferiores al salario mínimo legal aun cuando los cálculos financieros indiquen lo contrario. Esto pone en riesgo el aseguramiento de los contribuyentes y potencialmente la viabilidad de la industria privada de pensiones.

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