El tema pensional volvió a enfrentar a los analistas, los gremios y el Gobierno nacional. En un seminario organizado conjuntamente con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF,  el presidente de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones, Asofondos, Santiago Montenegro, señaló que hay un gasto “altísimo de $38 billones para cubrir las pensiones de solo dos millones de personas en el sistema público pensional”.

Esta cifra, dijo Montenegro, equivale a casi seis veces el costo de Isagen, a dos veces y medio el de la ampliación del canal de Panamá, o al doble del presupuesto de Bogotá para el año entrante.

Mientras que el gremio del sector reclama reformas laborales, para los analistas es necesario acabar con el régimen de prima media, mientras que el Gobierno insiste en conservarlo.

Las administradoras de fondos de pensiones, AFP, propusieron introducir cambios al régimen laboral colombiano para buscar una mayor formalidad de los trabajadores.

El dirigente gremial sostuvo que a raíz de la alta informalidad que existe en Colombia, alrededor de 65%, así como la mayor expectativa de vida, hace que el régimen de pensiones público, tal como está diseñado, no sea sostenible.

Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, consideró urgente acabar con Colpensiones, el fondo del Estado, por la regresividad en la entrega de subsidios a las pensiones más altas en el país.

Prima media

El presidente de la agremiación, Sergio Clavijo, manifestó que no tiene sentido que se le quite plata a los pobres para darle a los ricos.

Dijo que la segunda razón es que los problemas fiscales son muy complejos por el desplome en los precios del petróleo que tienen en apuros al Gobierno nacional.

Según Clavijo, el cierre del régimen de prima media implica que ninguna persona se podrá afiliar adicionalmente a partir de una fecha determinada pero respetando los derechos ya adquiridos.

Por su parte, el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera se mostró en desacuerdo con el planteamiento de ANIF e indicó que lo ideal es tener un régimen de prima media sostenible financieramente.

Aseguró que sería muy peligroso dejar en manos de los fondos privados el manejo de todo el esquema pensional del país.

Aclaró que los recursos que se utilizan del Presupuesto General de la Nación para financiar a Colpensiones son del orden de $14 billones y no de $38 billones como lo ha planteado Asofondos.

Para el centro de estudios económicos los gastos pensionales han saltado del 2 al 4 por ciento del PIB durante los últimos 15 años. “Esto implica que hoy dedicamos casi un 30 por ciento de los ingresos del Gobierno Central a pagar pensiones muy regresivas (con elevados subsidios para los más ricos) y para una minoría de un poco más de un millón de colombianos, de cerca de 3,6 millones que debería tener algún beneficio pensional”.

Igualmente propone “afinar el esquema, ya vigente, de pilar pensional solidario contributivo para estratos bajos para evitar repetir el daño social prospectivo (“ancianos indigentes”).

Cambios

Antes de aumentar la edad de pensión, Colombia deberá introducir cambios institucionales en el sistema pensional, concentrar subsidios a la población mayor más pobre y reformar el mercado laboral por la alta informalidad.

A juicio del dirigente gremial es necesario complementar los regímenes existentes, público y privado.

Explicó que en la práctica, implicaría que el pilar de reparto (el público) se dirija hacia los más pobres como complemento a cuentas individuales, que pueden ser fondeadas. También se plantea que el sistema de reparto se debe acabar. “Las pensiones deben ser proporcionales a la historia de las cotizaciones”.

El dirigente gremial destacó la bondad de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), que son en teoría un sistema de ahorro individual, para proteger a más personas de bajos recursos en la vejez, pero propuso ajustes: que no sean focalizados a Sisben I, II, III para darle más alcance al programa, y que sean obligatorios, es decir, que en lugar de entregar una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva, permitir el acceso a un BEP para garantizar un mínimo de protección en la vejez.