Un grupo de pensionados acudirá a la Corte Constitucional a defender el proyecto que baja los aportes de salud del 12% al 4%. La defensa la hará el exmagistrado de la Corte José Gregorio Hernández quien está a la espera que el alto tribunal lo llame para que exprese sus argumentos.

El jurista manifestó a este medio que se trata del proceso que se abre en la Corte Constitucional debido a la formulación de las objeciones presidenciales por parte del presidente Juan Manuel Santos, contra el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República.

“Hoy por hoy es muy oneroso para los pensionados esos aportes y además es que el fundamento de las objeciones desde el punto de vista jurídico no está bien planteado por parte del gobierno, entre otras razones porque el Presidente se comprometió a sacar adelante ese proyecto de ley y además hay documentos en los cuales consta que el gobierno lo apoyó y mal lo podría objetar ahora”, manifestó el exmagistrado.

Por su lado  el copresidente de Opción Ciudadana, Edgar Espíndola, también radicó documentación ante la Corte Constitucional en defensa del proyecto objetado.

“Fundamentalmente lo que hemos hecho es que al pensionado colombiano no se le meta más la mano, porque es injusto que a un pensionado que gana el 75% de lo que ganaba en los últimos años y si a eso le sumamos que un trabajador normal paga el 4% para la salud, empleador paga otro poco, para un total del 12 por ciento”, dijo.

Recordó que frente a ello se radicó un documento ante la Corte con el propósito de hacerles saber que de ninguna manera la iniciativa tiene vicios de fondo, toda vez que el Congreso sí es competente para poder reducir los aportes a la salud.

“Esperamos y aspiramos a que la Corte Constitucional entienda que esto no tiene que ver con una renta, y queremos que la Corte le dé la razón  para el bien de los colombianos”, anotó.

Espíndola recordó que lo que se le pide a la Corte es que se le dé al Congreso la razón y niegue las objeciones del gobierno. “Los argumentos del Presidente de la República no tienen sustento, no tienen fondo y ojala que se le permita culminar con éxito esta iniciativa y regule los aportes de la salud por parte de los pensionados”.

El ex congresista Alfonso Angarita recalcó que “yo le pediría a la Corte que dentro de un estado de derecho se aplique las normas constitucionales y legales, lo que diga las normas, porque no se puede violar la constitución”.

Congreso negó objeciones

El Senado de la República aprobó ayer por 53 votos a favor y ninguno en contra el informe que rechaza las objeciones presidenciales, por considerarlas infundadas, al proyecto aprobado por el Congreso para reducir los aportes de los pensionados a salud del 12% al 4%. Ahora le corresponderá a la plenaria de la Cámara de Representantes votar este informe, que de tomar una decisión en el mismo sentido obligará a que la iniciativa pase a manos de la Corte Constitucional para que adopte la decisión final.

El senador Alexander López aseguró que aunque este proyecto cobija a todos los colombianos, los más beneficiados serán los jubilados con pocos ingresos.

“Cobija las altas pensiones y las demás, estamos hablando de mesadas de menos de cuatro salarios mínimos que son el 83% de las mesadas, las altas pensiones ocupan apenas el 1% de las pensiones establecidas, esa fue una decisión que tomó la Plenaria del Senado”, señaló el Parlamentario del Polo Democrático Alternativo.

Agregó que esto quiere decir que “un pensionado que tenga un salario mínimo de mesada, recibe adicional 80 mil pesos cada mes y eso va a generar sus condiciones de vida enormemente porque un pensionado no tiene otro ingreso”.

El informe del Congreso sobre las objeciones presidenciales a este proyecto indica que “como se pudo demostrar no existen argumentos de peso que permitan hablar de una inconstitucionalidad o inconveniencia del proyecto de ley objetado… por el contrario, se pudo demostrar que la medida adoptada por el legislativo en el proyecto de ley favorece las condiciones de vida de los pensionados como sujetos de especial protección constitucional y desarrolla claramente el postulado del Estado Social de Derecho”.

 Agrega que “la medida adoptada en el proyecto no viola los principios de iniciativa legislativa, progresividad, solidaridad, impacto fiscal, ni sostenibilidad fiscal”.