La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia prepara decisiones sobre el proceso de la yidispolítica en el que aparecen inmersos personajes claves en la reelección del expresidente Uribe.

Este fallo tendrá enormes repercusiones no solo en la vida de cada una de los implicados y sus familias sino en la relación, supremamente tensa en los últimos años, entre el uribismo y las más altas instancias judiciales.

Para los uribistas, esto es producto de la judicialización de la política y la politización de la justicia y creen que en el caso de la yidispolitica podrán mostrar nacional e internacionalmente cómo existe un sector de la justicia que, según ellos, los están persiguiendo.

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Para la muestra. El periodista Gustavo Gómez, de Caracol, y los redactores del portal KienyKe publicaron varias contradicciones en las que pudo haber incurrido la principal testigo del sonado episodio.

La testigo Yidis Medina –ante la sala penal– no pudo recordar con claridad cuántos semestres de sicología había estudiado. También olvidó  que ella se había encadenado en una de las oficinas del antiguo Seguro Social, en Cúcuta.

Asimismo, en menos de 20 minutos, cambió, por lo menos tres veces, su historia sobre la forma en que había conseguido la hoja de vida de la persona que, según ella, le habían nombrado como director en una clínica en Barrancabermeja.

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Origen del veto. Otro aspecto que se conoció alrededor de la polémica conformación de las listas uribistas tiene que ver con el veto impuesto al excomisionado de televisión Jorge Figueroa Clausen, por parte de la exministra de comunicaciones María del Rosario Guerra.

Se supo que doña María le estaría pasando una cuenta de cobro a Figueroa porque solía oponerse, desde la desaparecida CNTV, a sus imposiciones dictadas desde la cartera a su cargo.

La Monjita, como le dicen a la exministra sucreña, está proponiendo la nominación presidencial de Juan Lozano ante las dificultades insuperables entre Pacho Santos y Oscar Iván Zuluaga.

Finalmente, se supo que la escogencia para la Cámara, por Cundinamarca, se hizo mediante el cara y sello, con la participación directa el delegado Daniel García Arizabaleta. ¿Será que en el Tolima también le jalaran al mismo sistema?

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Justicia paquidérmica. Al representante liberal paisa  Oscar de Jesús Marín le fue decretada la pérdida de investidura por el Consejo de Estado, al  haber incurrido en conflicto de intereses, pues no solo no se declaró impedido –estando obligado legalmente a hacerlo–cuando en la Cámara hizo aprobar con su intervención y voto una solicitud de cambio de radicación de un proceso de responsabilidad fiscal seguido en su contra por la Contraloría General de Antioquia.

A pesar de que la Constitución le fija al Consejo de Estado un término de veinte días hábiles, contados desde la fecha de la solicitud, para decretar la pérdida de investidura, en este caso la mencionada corporación se demoró 665 días para ello, pues la solicitud fue presentada el 11 de septiembre de 2011 y sólo se decretó el 9 de julio de 2013.

Pero lo más grave de todo, es que el representante Marín sigue fungiendo como tal, merced a tácticas vergonzosamente dilatorias como pedir la aclaración de la sentencia o interponer recursos impertinentes, sin que de otro lado, esa respetable corporación ponga fin a tamaña burla. El representante aspira a comer natilla ostentando la investidura.