El cumplimiento de penas por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado podrían suspenderse si se suscribe un acuerdo de paz con la guerrilla comunista Farc, consideró el fiscal general Eduardo Montealegre.

"Si se llega a un acuerdo de paz en La Habana, el Congreso podrá determinar a través de una ley estatutaria si esas sentencias pueden ser suspendidas", dijo Montealegre en una entrevista que publica este lunes el diario El Tiempo.

"Es una decisión política que en su momento tendrá que tomar el Congreso, pero aún no está definida", añadió el fiscal.

El Congreso de Colombia aprobó el año pasado una reforma constitucional que permite conceder beneficios como la suspensión de la ejecución de penas a los jefes guerrilleros en caso de que se llegue a una desmovilización, y plantea medidas de reparación y acceso a la verdad para las víctimas.

Esa reforma también prevé que los líderes guerrilleros tengan representación política, aunque aquéllos condenados por delitos de lesa humanidad no podrán optar a cargos de elección popular.

Aunque los principales líderes guerrilleros han sido ya condenados en ausencia por diversos delitos, hasta ahora ninguno tiene sentencia por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.

"Mientras exista el marco jurídico actual seguiremos investigando como una hipótesis muy seria de trabajo que ellos hayan incurrido en delitos de lesa humanidad y en crímenes de guerra. Investigaremos, acusaremos y los llevaremos a juicio", aseveró el fiscal.

Sin embargo, el funcionario insistió en que la Constitución "permite que aunque se trate de ese tipo de delitos puede llegarse hasta a suspender las condenas".

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla de este país y la más antigua de América Latina, lleva a cabo un proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos mediante una mesa de diálogo instalada a fines de 2012 en Cuba.

Las dos delegaciones trabajan sobre una agenda que incluye el desarrollo rural, la participación política, las drogas ilícitas, el abandono de las armas, y la reparación a las víctimas.

Según el fiscal, el beneficio de suspensión de penas debería considerarse también para los militares.

"Debemos pensar en mecanismos de penas alternativas, de suspensión de las penas en los casos en que determine el Congreso por hechos que estén estrechamente ligados con el conflicto, para los militares que han cometido graves violaciones de los derechos humanos", opinó Montealegre.

"Si queremos construir una paz estable y duradera hay que incluir a todos los actores del conflicto, y desde el punto de vista del derecho internacional humanitario los militares lo son", precisó.

En Colombia actúa también otra guerrilla izquierdista , el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que no participa hasta ahora del proceso de paz.

El conflicto armado colombiano, en el que también han intervenido otros grupos guerrilleros, paramilitares de derecha, narcotraficantes y agentes de la fuerza pública, ha dejado en los últimos 50 años unos 600.000 muertos y más de 3,7 millones de desplazados por la violencia.