El debate por la posibilidad de que en el país se contemple la pena de muerte o la prisión perpetua para quienes cometan crímenes graves como asesinato o violación de menores de edad, sigue abierto por las implicaciones que tiene tanto constitucional como socialmente.
De un lado, está la posición del director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, quien manifestó, tras el asesinato de cuatro niños en Florencia, Caquetá, que sacudió el país entero que “en estas circunstancias bien vale la pena revivir ese debate: si vale o no considerar la pena de muerte para quienes incurran en delitos atroces, especialmente a los que tienen víctimas a menores de edad”.
El pronunciamiento hizo tal eco, que Palomino ayer se retractó sobre la pena de muerte en Blu Radio y señaló que hacía referencia a prisión perpetua. Según él, no es posible que un hombre que fue capturado por asesinato de una mujer hace 10 años, salga y asesine después a cuatro menores de edad.
A estas declaraciones, sobre la pena de muerte o la prisión perpetua, le salió al paso el fiscal general Eduardo Montealegre, quien manifestó en la misma cadena radial que “no hay que pensar en pena de muerte o cadena perpetua, sino en mejorar la resocialización que está fallando en el país, esto con relación a la captura de Christopher Chávez”, uno de los presuntos implicados en la masacre de los menores.
El jefe del ente acusador indicó además que “es un imposible constitucional, no es permitida por nuestra Constitución, y los países que la tienen, la han reconsiderado. No estoy de acuerdo con que la solución a este tipo de temas sea la pena de muerte, lo fundamental es la efectividad de la pena y la certeza de la actuación de la justicia y una verdadera política de resocialización. Hay que invertir más en la resocialización”.
Este debate ya había sido planteado por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, luego de conocerse un macabro caso de abuso sexual en Bogotá en meses anteriores.
En su momento, Plaza dijo que “el Presidente de la República ya anunció que también apoya el referendo, el Partido de La U será un abanderado, el Partido se comprometió a impulsar esta iniciativa. Vamos a hacer todo para que ese proyecto de ley sea una realidad”.
Esa iniciativa será presentada en el Congreso de la República y nació tras la convención del Partido de la U, donde se manifestó la preocupación de estos casos, que muchas veces, según los simpatizantes del proyecto, quedan en la impunidad.