Los temas que no han dejado avanzar la iniciativa en su tercer debate, son la eliminación de la Comisión de Acusación, el fuero militar y la tutela contra sentencia.

La falta de consensos en la mayoría de artículos amenaza con hundir el proyecto de reforma a la justicia en su tercer debate.
Como ésta es una reforma constitucional, la mitad de los debates deberán cumplirse antes del 16 de diciembre, día en que culmina la primera parte de la actual legislatura.
De ser votada hoy, la reforma llegaría a la plenaria de la Cámara el 9 y se empezaría a discutir el lunes 12.

Sin embargo, el ministro del Interior, Germán Vargas, se mostró confiado: “La reforma a la justicia va avanzando y esperamos se vote todo el conjunto en la Comisión Primera para que en 8 días termine su trámite en la primera vuelta en el Congreso”.
La votación del articulado fue aplazada para hoy, a las 10 de la mañana, en la Comisión Primera de la Cámara, después que ayer, en una sesión de casi nueve horas, fueran presentadas una andanada de proposiciones modificatorias, entre las que se destacan la reforma a la tutela, tema que en los dos primeros debates había sido excluido de la iniciativa.

Sin embargo, el principal rasgo de inconformismo que expresaron los miembros de la Comisión Primera es el poco tiempo que tuvieron para estudiar el proyecto. Este aspecto se evidenció desde el pasado martes, cuando empezó la discusión de la reforma, con las divisiones en la comisión de ponentes, pues uno de ellos el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, se abstuvo de firmar la ponencia mayoritaria, argumentando su inconformismo con lo que iban aprobar las mayorías.
Ayer, Prada manifestó que la reforma es una privatización a la justicia porque se ordena la creación de conjueces ad-hoc para la descongestión judicial, lo mismo que abogados, notarios, centros de conciliación y centros de arbitraje.

El representante Germán Navas, del Polo Democrático, se unió a Prada sosteniendo que lo mejor es hundir la reforma ya que en Colombia “hay por lo menos 127 municipios que no están en cobertura por parte de la justicia y que eso determina la inoperancia total”.
El representante Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador se refirió al fuero militar, uno de los puntos más tratados en la mesa de debate: “Quienes vamos a votarlo favorablemente consideramos que es la mejor demostración de confianza para una Fuerza Pública que sólo recibe frente a la tragedia espaldarazos de la opinión marcha y movilizaciones pero que tiene de parte del Estado demostraciones tímidas y lánguidas frente a los uniformados”.

De igual manera, varios legisladores se quejaron del amplio tiempo que tuvo el Senado para aprobar en primer y segundo debate el proyecto de acto legislativo, donde inclusive varios senadores se reunieron con magistrados de las altas cortes y el Gobierno. De hecho, hubo malestar porque la radicación de la ponencia fue el mismo martes, por lo que los demás representantes no tuvieron tiempo para conocer a fondo la iniciativa.
Así fue que varios congresistas propusieron crear una subcomisión para que estudiaran todas las proposiciones hechas y hoy se presentara un informe del consenso sobre las mismas.

Ayer, entre los temas más discutidos estuvo el de la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, en el que de todas maneras se creó consenso en el sentido de negar lo aprobado por el Senado. Este tema dejó entrever un pulso entre el Senado y la Cámara, pues varios legisladores pidieron cambiar o eliminar varios de los temas aprobados en los dos primeros debates. Es así como se propuso en la Comisión Primera no modificar el Consejo Superior de la Judicatura. El Senado aprobó eliminar la Sala Administrativa y darle más poderes a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

Frente a otro de los temas polémicos, el del fuero militar, hay consenso en la Comisión de dejarlo incluido. Sin embargo, al final de esta edición no se había debatido una propuesta hecha el martes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, de que la Corte Constitucional sea el juez de garantías en los procesos contra los congresistas.

Según la ponencia, el Tribunal Superior de Bogotá sería el investigador y acusador de los aforados, mientras que la Sala Penal de la Corte Suprema el juzgador.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Tarquino, calificó de inoportuna la propuesta, toda vez que los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos en el Congreso.

De igual manera, el presidente de la Corte le pidió a los representantes a la Cámara garantizarles a los magistrados el derecho a la doble instancia.
“Será que nosotros tampoco tenemos derechos a la doble instancia?, pues claro que sí. Resulta que al magistrado de tribunal, disciplinariamente, es juzgado también en única instancia por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Si vamos a hablar de garantías, entonces que sean para todo el mundo”, pidió Tarquino.