“La Procuraduría está de acuerdo con el Gobierno nacional en la necesidad que se tiene de propiciar un tratado internacional para modificar nuestros límites. Pero lo que le corresponde tiene que ver con la protección de los sanandresanos y de su actividad comercial e industrial referida a la pesca”, dijo el procurador Alejandro Ordóñez tras reunirse con autoridades y ciudadanía de San Andrés Islas en el cierre de su visita institucional al archipiélago colombiano.

Ordóñez anunció que solicitará medidas cautelares de protección ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en representación de los habitantes de la isla que han visto afectada su condición laboral a propósito del fallo del Tribunal de La Haya a finales del año anterior.

“Protección a los nativos y raizales para que sigan con su actividad pesquera”, explicó.

Igualmente anunció que promoverá ante el Gobierno nacional medidas internacionales que protejan social, económica y ambientalmente las aguas colombianas.

“Lo solicitaré al Gobierno nacional para que se logre que Naciones Unidas declaren como patrimonio de la humanidad ese sector del mar territorial”, dijo.

El procurador Ordóñez se reunió ayer por la mañana con comunidades raizales y presidió un conversatorio sobre gestión pública y problemáticas de la región, en la sede de la Asamblea Departamental.

Allí atendió inquietudes de la ciudadanía frente a temas como servicios públicos, identidad cultural, generación de empleo e inversión estatal, reafirmando el compromiso institucional de la Procuraduría con San Andrés, Providencia y Santa Catalina en lo referente a la protección de los derechos fundamentales.

El lunes, a bordo de la fragata ARC Independiente de la Armada, llegó hasta el meridiano 82 en nuestro Mar Caribe y conoció de primera mano las actividades desarrolladas por las Fuerzas Militares en defensa de la soberanía nacional y el respeto de las fronteras.

En desarrollo de esta visita institucional, la Procuraduría, con el respaldo de la Armada Nacional, verificó información relativa a supuestas retenciones de pescadores colombianos por parte de autoridades nicaragüenses, confirmando que ello no ha sucedido recientemente. El órgano de control, en desarrollo de su función de acompañamiento y articulación, se suma a la decisión del Estado colombiano, en cabeza del Gobierno Nacional, en aras de garantizar la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos que tradicionalmente desarrollan actividades de pesca artesanal en dicha zona.