Su disposición de mediar para que las altas Cortes regresen a la discusión del proyecto de reforma a la justicia manifestó ayer el presidente del Congreso Juan Manuel Corozo. En ese propósito expresó su voluntad de proponer al Parlamento y al Gobierno algunos cambios en los puntos más polémicos de la iniciativa.
“Hay que presentarle al país alternativas para que en este país exista verdaderamente una justicia”, dijo Corzo (Partido Conservador).
Igualmente, el Presidente del Congreso hizo un nuevo llamado a los altos tribunales para que retornen y dejen escuchar sus impresiones sobre esta reforma constitucional, que en diciembre pasado fue aprobada en su primera vuelta y que en marzo reiniciará su trámite en la Comisión Primera del Senado.
“Es necesario que los magistrados, que son quienes conocen los problemas de la justicia, intervengan en la discusión del proyecto”, dijo el congresista nortesantandereano, quien el 20 de julio próximo termina su periodo de un año al frente de la presidencia del Senado.
La propuesta de Corzo surge en una semana en que parece, por lo menos por las manifestaciones que han hecho los nuevos presidentes de la Cortes y el propio Gobierno nacional, se empiece a dar un clima favorable para una reunión del Ejecutivo con las Cortes para conversar sobre la posibilidad de su regreso.
El primero en levantarse de la mesa de diálogo sobre este proyecto fue el Consejo de Estado el 23 de noviembre pasado, ejemplo que siguió la Corte Suprema el 6 de diciembre pasado, al considerar que los cambios que había sufrido el proyecto en los diferentes debates del Congreso, lo habían desvirtuado, tanto que no resolvía los principales problemas de la justicia colombiana.
Desde ese momento y teniendo en cuenta la vacancia judicial entre el 16 de diciembre y el 15 de enero de este año, quedó suspendido el diálogo institucional Gobierno- Cortes.
Sin embargo, como se dijo anteriormente, en los últimos días se han escuchado expresiones de lado y lado que de momento dejan claro que hay conversaciones y la voluntad de reiniciar un diálogo sobre este fundamental proyecto.
En este sentido el jueves pasado el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra dijo que él ha conversado sobre el tema con varios magistrados, quienes le han manifestado su disposición de volver a la discusión.
Igualmente el miércoles anterior el magistrado Javier Zapata (presidente de la Corte Suprema) dejó abierta la puerta sobre la disposición de este Tribunal de volver al diálogo, posición de la que no se apartó el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez.
También senadores de la Comisión Primera han tendido puentes de comunicación con las Cortes, incluso durante la vacancia judicial. Es el caso de los senadores Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) y Jesús Ignacio García (Partido Liberal).
Igualmente el presidente de la Comisión Primera de Senado Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) dijo que “hablé varias veces con el pasado presidente de la Corte Suprema y el pasado presidente del Consejo de Estado, y vi una tónica interesante, y obviamente yo volveré a comunicarme con el nuevo presidente de la Corte y el nuevo presidente del Consejo de Estado. Una reforma a la Justicia hay que intentar hacerla con la Justicia y no contra la Justicia”.
Puntos de discusión
Aún quedan varios aspectos del proyecto que son polémicos para las Cortes por los cambios que ha recibido la iniciativa en los diferentes debates, particularmente en el segundo y tercero en la plenaria de Senado y la Comisión Primera de Cámara, respectivamente.
Es el caso de la presencia del Ministro de Justicia como integrante de la nueva Sala de Gobierno al interior del Consejo Superior de la Judicatura, la cual reemplaza a la actual Sala Administrativa.
Igualmente el tema de descongestión es polémico, pues con este fin el proyecto contempla otorgar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios.
Frente a este tema el entonces presidente del Consejo de Estado Mauricio Fajardo dijo que “lo aprobado hasta el momento no corresponde al proyecto inicial ni atiende los problemas de congestión en los despachos judiciales, el acceso a la administración de justicia y, además, debilita la autonomía de la Rama Judicial y el equilibrio en el poder público”.
También es centro de polémica, entre otros, que se aprobó quitar las funciones nominadoras de las altas Cortes para Contralor General, Procurador General y Defensor del Pueblo.