“El proceso de paz es de un gran significado y esperamos que su final sea exitoso. Sin embargo, es un proceso que también debe contemplar asuntos de responsabilidad para los responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad”.

Así lo manifestó ayer en Washington el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, durante un foro organizado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Stewart anotó que “la oficina del Fiscal tiene que quedar satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está librando de manera legítima. En lo que respecta a Colombia, la pregunta será si las sentencias impuestas en el contexto del proceso de justicia transicional han servido a este propósito en lo que se refiere a los crímenes más graves”, señalando que “la respuesta a esta pregunta dependerá del tipo de sentencia que se contemple y esta depende de varios factores entre ellos la gravedad del crimen y el rol de la persona acusada”.

En mayo, Stewart ya había expresado en Bogotá, durante un foro realizado en la Universidad del Rosario, que “sin perjuicio el continuo interés académico en la interface entre ‘paz y justicia’, la relación entre paz y justicia es una cuestión ya decidida con arreglo al Estatuto de Roma”, indicando que “una vez que un Estado se une al sistema del Estatuto de Roma, acepta que la justicia es parte integral de la solución de conflictos y la creación de una paz sostenible”, pero sin dejar de reconocer que “la cuestión para la Fiscalía de la CPI, y aún más para los Estados Partes del Estatuto de Roma, es cómo cumplir los requisitos de justicia previstos en el Estatuto y lograr a la vez paz y estabilidad duraderas”.

Coincidencias

La manifestación de Stewart coincide con una resolución propuesta en el Congreso norteamericano por el republicano Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el demócrata Ben Cardin, integrante de esa célula legislativa en la que se le otorga un firme respaldo bipartidista al proceso de paz en Colombia, pero condicionando ese apoyo a que el acuerdo de La Habana contemple castigos adecuados para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Tras destacar el compromiso sin atenuantes de Estados Unidos a Colombia para poner fin al conflicto, la resolución le pide al Departamento de Estado que desarrolle una estrategia "de varios años que permita una implementación exitosa y sostenida de los acuerdos, si estos son respaldados por los colombianos" y al Gobierno colombiano que promueva "el debate público sobre los detalles del acuerdo antes de que este sea sometido a su ratificación" popular, para luego solidarizarse con las víctimas urgiendo que se logre "un acuerdo que lleve ante la justicia a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y se aseguren que sean castigados apropiadamente".

Ya el influyente senador demócrata Patrick Leahy había advertido que Estados Unidos no puede apoyar un acuerdo de paz en Colombia que comporte grandes dosis de impunidad para guerrilleros o uniformados.

Su pronunciamiento se dio paralelo al reiterado por Human Rights Watch, que volvió a insistir en que el acuerdo de justicia transicional y la Jurisdicción Especial de Paz anunciados por el Gobierno y las Farc a mediados de diciembre, violan los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, a tal punto que califica el pacto citado como una “piñata de impunidad”.

El propio gobierno estadounidense le habría indicado a Santos su preocupación por el alcance de ese acuerdo de justicia transicional, sobre todo en una reunión que sostuvo con el secretario de Estado, John Kerry.