Un trabajo más allá del acostumbrado tienen a la vista las comisiones primeras de Senado y Cámara en esta legislatura  por cuenta de un grueso número de proyectos de ley que han presentado, y están por radicar, varios partidos y movimientos en materia de reformas en los campos político y electoral.

No es novedad que tras la realización de los comicios de presidente de la República y parlamentarios surjan, casi que como reacción, proyectos orientados a llenar vacíos y hacer correcciones al proceso electoral, sin embargo, en esta oportunidad el número de iniciativas ha crecido de forma exponencial, alentado, tal vez, por irregularidades que se presentaron en las elecciones parlamentarias, la irrupción de un movimiento fuerte de oposición, como es el uribista Centro Democrático, y el anuncio del presidente Santos, quien plantea una reforma del Estado comenzando por suprimir la reelección y ampliar a cinco o seis años el periodo presidencial así como el de gobernadores y alcaldes.    

En ese sentido, las iniciativas de ley que hasta el momento han sido radicadas en el Congreso de la República coinciden en varios aspectos, pero a la vez son diametralmente opuestas en otros, por lo que no será fácil el proceso para acumular en un solo proyecto buena parte de ellas.

Sin embargo, como se dice popularmente, ‘si este es el desayuno, cómo será el almuerzo’, esto último teniendo en cuenta que el presidente Santos ha anunciado que su nuevo gobierno presentará una reforma política así como buscará remozar el viejo Código Electoral.

El Jefe de Estado ha señalado en las últimas semanas la necesidad de analizar si se revive la circunscripción regional en Senado y eliminar el voto preferente, por ejemplo.

En ese sentido, no sobra decir que lo que está sucediendo en la práctica es que los partidos y movimientos políticos se le adelantaron al gobierno, que el propio Congreso ya le reclama por los proyectos de ley que anunció.

 

CNE

El pasado martes el Movimiento Político MIRA, que solo tiene representación en Cámara en el nuevo Congreso, radicó un proyecto de acto legislativo proponiendo que los miembros del Consejo Nacional Electoral pasen de ser elegidos por el Congreso de la República, previa postulación de partidos o movimientos políticos, como sucede hoy, a ser escogidos por un concurso de méritos a cargo de la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo.

La iniciativa también prohíbe explícitamente la reelección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y del Registrador Nacional del Estado Civil, quienes solamente podrán cumplir un periodo de cuatro años.

La otra columna de esta reforma constitucional  es quitar a la Registraduría Nacional toda función con respecto a los escrutinios, los cuales quedarían, en todos sus niveles, a cargo del Consejo Nacional Electoral.

Incluso las funciones secretariales serán ejercidas por una secretaría general del Consejo Nacional Electoral, cuyo titular será también escogido mediante concurso de méritos.

La iniciativa también ordena que el Consejo Nacional Electoral sea tratado como una sección autónoma del presupuesto de la Nación, no dependiente de la Registraduría, como sucede en la actualidad.

 

Proceso electoral

Una segunda iniciativa del Movimiento MIRA consiste en un proyecto de ley estatutaria orientada a permitir el recuento de los votos a petición de las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, de sus representantes o de los testigos electorales debidamente acreditados.

La iniciativa busca corregir un error que según MIRA se presenta actualmente en el escrutinio, pues la última opción es abrir las mesas, “lo cual favorece el fraude físico y la manipulación de los sistemas de información, porque lo esconde y legitima”, indica esta colectividad.

Un tercer proyecto de MIRA reforma el Código Penal aumentandola pena por alteración de resultados electorales, de 9 a 20 años, pues ésta es hoy de 2 a 5 años. Igualmente se aumenta la pena por compra de votos. La pena por corrupción al sufragante, que hoy va de 3 a 5 años, se aumenta de 9 a 20 años, para asegurar que no sea excarcelable.

Además se penaliza la exigencia del voto como condicionamiento para la celebración de contratos, la prórroga de los mismos o el acceso a bienes, servicios, o subsidios del Estado. Este delito se castigará con penas que irán de 9 a 20 años.

Adicionalmente este proyecto prevé sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad general mínima de diez años y castiga penalmente con penas entre 9 y 20 años de prisión la pérdida de material electoral, como son las actas y los votos.

 

Silla vacía

Ampliar la silla vacía a los candidatos de las corporaciones de elección popular como al Congreso, Concejo y Asamblea, que cometan delitos de corrupción relacionados con la administración pública, plantea el Partido de La U por medio de  un proyecto de ley que radicó el senador Mauricio Lizcano.

"Los partidos que avalen candidatos a las corporaciones públicas, que estén condenados por delitos de corrupción o privados de la libertad, perderán la curul", explicó Lizcano.

En la actualidad la silla vacía opera contra corporados que son cobijados con medida de aseguramiento por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad.

"Los delitos de corrupción contra la administración pública le causan mucho daño a la sociedad, las inhabilidades se ampliarían a los condenados y a los que tengan medidas de aseguramiento, dentro de un proceso penal relacionado con todos los tipos de delitos que afecten el buen desempeño de la actividad legislativa", indicó el parlamentario Mauricio Lizcano.

En igual sentido, la Alianza Social Independiente (ASI) tiene previsto radicar en el día de hoy, por intermedio del senador indígena Marco Avirama, el  proyecto de silla vacía por corrupción. Esta colectividad fue la primera en plantear una iniciativa de este tipo radicando un proyecto de ley sobre el particular en el anterior Congreso, el cual finalmente se hundió por falta de trámite.

Sin embargo, nuevamente la ASI insiste en esta iniciativa, más ahora teniendo en cuenta que pidió el apoyo del presidente Santos a este proyecto en el marco del acuerdo por medio del cual la colectividad respaldó en las pasadas elecciones la reelección del Jefe de Estado.

Por otra parte, las bancadas del Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde radicaron en conjunto también un proyecto de ley para castigar con silla vacía a los partidos que respalden  a candidatos comprometidos en delitos contra la administración pública.

 

Reelección

Un proyecto de reforma constitucional presentó el Polo Democrático por medio del representante Germán Navas Talero para prohibir la reelección presidencial. La iniciativa fue radicada con el respaldo de la Alianza Verde.

De igual forma, el Partido Conservador por intermedio del senador Eduardo Enríquez Maya presentó un proyecto para suprimir la reelección presidencial inmediata. La iniciativa además apunta a  instaurar el periodo presidencial por cinco años.

El congresista Enríquez Maya explicó que este proyecto fue presentado en aras de restaurar el equilibrio de poderes, dada la realidad política y la crisis institucional que se ha presentado con la instauración de la reelección presidencial.

Añadió el Parlamentario que  la reelección debe evitarse dentro del sistema político colombiano y, por consiguiente, es necesario evitarle al Congreso de la República la posibilidad de volver a implementarla, pues éste puede ser influenciado por los gobiernos de turno para este fin. Por eso, en el proyecto de ley se establece que si en el futuro se quisiera retornar a un sistema político con reelección, sólo podrá hacerse por vía de una Asamblea Nacional Constituyente, o bien, por un referendo que la permita. Así, la bancada conservadora que respalda esta iniciativa, busca ofrecer las soluciones que nuestro ordenamiento necesita para funcionar con armonía y eficiencia.

De igual forma, el Partido de La U por intermedio del senador Jimmy Chamorro radicó un proyecto de reforma constitucional para eliminar la reelección y ampliar el periodo presidencial a seis años.

 

Voto

Un proyecto de ley para instaurar el voto obligatorio para servidores públicos fue radicado por las bancadas de la Alianza Verde y el Polo Democrático. La iniciativa del representante Germán Navas señala que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Para adquirir la calidad de servidor público es necesario acreditar haber votado en las elecciones anteriores a la vinculación. Salvo fuerza mayor o caso fortuito”.

Mientras que el Partido Conservador por medio del senador Fernando Tamayo presentó un proyecto para ampliar los estímulos a los electores.

Por otra parte, el Centro Democrático anunció un proyecto de  voto obligatorio, jornada electoral en día hábil, transporte público normal el día de elecciones con pago estatal por dicho concepto a los sufragantes de menores recursos y mecanismos de silencio publicitario del Estado. Así mismo, la discusión sobre la conveniencia de eliminar el voto preferente.

“Propondremos encontrar normas que garanticen imparcialidad en todos los jurados de votación y presencia efectiva de los testigos electorales de los diferentes partidos, movimientos o candidatos”, señala la colectividad uribista.

 

Congreso

El Partido de La U a través del senador  Jimmy Chamorro presentó un proyecto de ley para exigir una votación que supere las tres cuartas partes de los miembros de cada Cámara cuando se pretenda reformar la Constitución Política.

 Así mismo consagrar que el segundo periodo legislativo de las sesiones ordinarias del Congreso no comience el 16 de marzo sino el 20 de enero de cada año.