Los partidos políticos se hicieron los de la vista gorda ante las alertas que se les hicieron llegar sobre los problemas que tenían algunos de sus candidatos que hoy, tras su elección, resultaron destituidos.

Así lo expresó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Barrios explicó que los partidos políticos deben aclarar públicamente por qué les entregaron el aval correspondiente a estos candidatos que tenían procesos judiciales en curso.

Pero lo más preocupante para la analista es que cuando falta un gobernador por algún motivo genera un problema de ingobernabilidad en la región. “La Reforma Política, claramente dejó establecido unas sanciones para los directivos de los partidos, pero en términos disciplinarios, es decir por contratos y demás no hay sanciones fuertes”.

Barrios anotó que ese tipo de avales se entregaron sin ningún tipo de evaluación y por eso le deben explicar públicamente al país.

Recordó que una elección atípica vale una suma cercana a los 20.000 millones de pesos. Añadió que en capilla vienen los fallos de 5 gobernadores, entre los que figuran Casanare, Norte de Santander, Arauca, Guajira y Caquetá.

Parálisis administrativa

Elisabeth Ungar, investigadora política, manifestó que después de la última reforma se plasmó que los partidos deberían responder ante situaciones de investigaciones.

“Los responsables son los directores de los Partidos por haber expedido unos avales cuando habían indicios claros que las personas iban a tener problemas mas adelante”.

Ungar sí indicó los directores de los Partidos, deben renunciar a las direcciones de las colectividades, y respondiendo públicamente ante el electorado, pero explicó que el tema más preocupante es que el daño que se le hace a la institucionalidad es muy grande, porque paraliza todas la inversiones sociales y lo recursos que se les destina. 

Huila

En el caso del Partido de la U, se sabe que el presidente de la colectividad Juan Lozano expidió una carta explicando que en caso de que la Gobernadora del Huila sea destituida en la segunda instancia, se le expulsará de inmediato de la colectividad y La U no presentará candidato alguno en caso de que existan elecciones atípicas.

El comité de ética de La U, esta lista para expedir un documento y un concepto jurídico frente al fallo en primera instancia en contra de Cielo González.

Lozano, quien dejara el cargo este mes, argumentó que “aquí no hubo omisión, ella con sus abogados nos explicaron el proceso, si algo hubo, fue un engaño al Partido”.

El senador Lozano explicó que para acceder al aval del Partido en las elecciones del año pasado, todos los candidatos debían entregar certificados de que no tenían ningún proceso judicial abierto y que esto sucedió en el caso de González, por lo cual se le acreditó como aspirante

Por su parte el abogado huilense Germán Calderón anunció que en caso de que se deje en firme la destitución de González interpondrá un recurso jurídico ante el Partido de La U y el Consejo Nacional Electoral, exigiendo que se sancione a los directivos del Partido por omisión.

El jurista afirmó que el régimen de sanciones que se establecen es fuerte, señaló que por ejemplo en el artículo 9 se sanciona por el hecho de mostrar connivencia con actos de corrupción o con actos que atentan contra la administración pública. “Estos procesos ya habían sido plenamente conocidos por los medios de comunicación y aún así conociendo de esos hechos permitieron los avales”.

Calderón señaló que según lo que dice la reforma política de 2011, las colectividades son responsables por vigilar las calidades morales del candidato, lo cual, en caso de comprobarse eventuales condenas o irregularidades, le acarreará sanciones que van desde multa hasta cancelación de la personería jurídica y/o su disolución.

Una fuente cercana a la gobernadora González indicó que su equipo de abogados se encuentran trabajando día y noche para ejecutar la defensa en segunda instancia ante el ministerio público.

Los dirigentes del Huila expresaron que ya se había advertido sobre lo que se venía para el departamento, pero en el Partido de La U no escucharon las advertencias. Los senadores Rodrigo Villalba, del Partido Liberal, y Carlos Ramiro Chavarro, del Partido Conservador, coincidieron en anotar que el daño que se le hace al departamento es bastante grande, porque lo deja en una ingobernabilidad. 

Valle y Caquetá

El Movimiento de Integración y Oportunidades (MIO), que avaló la candidatura del destituido gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, demandó el nombramiento de Aurelio Iragorri argumentando que debió ser elegido por una terna del Partido.

Según voceros de esa colectividad, a Useche se le entregó el aval porque no existía condena alguna. También dijeron que el MIO no es un ente investigador.

En el Caquetá, el gobernador Víctor Isidro Ramírez causó el 24 de marzo un grave accidente de tránsito, que está siendo investigado por el MIRA, que fue la colectividad que lo avaló.

Carlos Albero Baena, presidente del MIRA, anotó que “en estos momentos hay de por medio una investigación, existe un comparendo en el cual se dice que iba en estado de embriaguez y si se comprueba sería expulsado”.