Por Gabriel Sonny Cubillos

Periodista EL NUEVO SIGLO

A pesar de la urgencia que tiene el Partido Liberal de realizar asamblea para hacer una reforma estatutaria, elegir directivas nacionales y trazar la ruta de cara a los comicios parlamentarios y presidenciales de 2018, esto no sería posible hasta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conteste una aclaración que solicitó esta colectividad del fallo que suspendió en mayo pasado  su VII Congreso Nacional.

Así lo señaló a EL NUEVO SIGLO el veedor Nacional del Partido Liberal, Rodrigo Llano Isaza. “Mientras que el Tribunal de Cundinamarca no responda una solicitud de aclaración que se hizo no sabemos qué hacer. Cuando la conteste sabremos qué hacer y lo haremos”.

Llano dijo que el Partido Liberal presentó la solicitud de aclaración al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una semana después del fallo del 13 de mayo pasado, cuando a pocas horas de su inicio ordenó suspender el VII Congreso Nacional a pesar de que ya se encontraban reunidos en Bogotá cerca de 1.500 delegados de todo el país. 

Las razones que entregó este Tribunal en esa oportunidad es que dio la razón a dos afiliados al Partido Liberal que solicitaron la suspensión de dicho Congreso porque no se iba a garantizar la participación de quienes en vigencia de los estatutos del año 2002 estaban designados en los órganos de dirección de la colectividad.

En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó “suspender la realización del VII Congreso Nacional del Partido Liberal convocado para los días 14 y 15 de mayo de 2016, hasta que se hagan los reajustes necesarios por parte de la Dirección Nacional del Partido y se garanticen los derechos de las personas que estaban designadas o elegidas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011”.

El veedor Nacional Llano dijo que la notificación de ese fallo “nos llegó una hora antes del cierre judicial, y no tuvimos tiempo de contestar. Entonces después sí mandamos la solicitud de aclaración y estamos esperando que nos aclaren. Tan pronto nos aclaren sabremos qué hacer”.

Antecedente

En mayo de 2015 el Consejo de Estado dejó en firme la decisión de dejar sin efectos la reforma estatutaria del 2011 que adelantó el Partido Liberal, por considerar que no fue expedida por el órgano competente ni se respetó el procedimiento exigido.

En este momento el Partido Liberal es la única colectividad cuyos estatutos no se ajustan plenamente a la Reforma Política (Acto Legislativo 01 de 2009) y su Ley estatutaria (1475 de 2011) porque las disposiciones que se sintonizaban con esta norma,  adoptadas por la Asamblea Liberal Constituyente en diciembre de 2011 y suscritas mediante la Resolución 2895 de 2011 quedaron sin piso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado.

En consecuencia, el alto Tribunal ordenó al Partido Liberal que se rija por los estatutos que estaban vigentes a la entrada en vigencia de la ley que dictó las reglas de organización de los partidos (Ley 1475 de 2011) y los ajustes a esta normativa.

La decisión se adoptó en un fallo de acción popular en el cual se amparó el derecho a la moralidad administrativa, vulnerado según el Consejo de Estado por la Dirección Nacional del Partido Liberal y por el Consejo Nacional Electoral (CNE), teniendo en cuenta que en los nuevos estatutos se incluyeron modificaciones como facultar al director del Partido para que sustituyera o alterara unilateralmente su estructura interna, y esto fue avalado y registrado por el CNE.

No obstante, hace pocas semanas el codirector del Partido Liberal, el senador Horacio Serpa, dijo que “la decisión se tomó dentro de un proceso contencioso que sentenció poner en vigencia los estatutos aprobados por el pueblo liberal en 2002, en reemplazo de los que estaban vigentes hace un año. Esa sentencia, del Honorable Consejo de Estado, se cumplió tan pronto quedó ejecutoriada. El Congreso Liberal se convocó hace más de 4 meses, de acuerdo con los estatutos que puso en vigencia tan alta superioridad. El funcionario de marras, dentro de un incidente de desacato, resolvió decir que no se habían restituido unas autoridades políticas de antaño y que por ello el Congreso no podía sesionar”.