Después de varios intentos en legislaturas recientes, vuelve el debate sobre reglamentar la participación de los funcionarios públicos, en lugar de prohibirla como lo hace la normatividad actual.
En la Comisión Primera del Senado está mañana como primer punto del orden de día el proyecto número 46 de 2013 Senado, “por medio del cual se reglamenta la participación en política de los servidores públicos de conformidad al inciso 3º del artículo 127 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, iniciativa del senador Carlos Enrique Soto y los representantes Didier Burgos y Elías Raad (todos del Partido Social de Unidad Nacional, La U), así como el conservador Armando Zabarín y la liberal Yolanda Duque.
El propio senador Soto coordina el grupo de ponentes para el primer debate, que está integrado por Manuel Corzo, del Partido Conservador; Edgar Gómez, del Partido Liberal; Hemel Hurtado, de Opción Ciudadana; Jhon Sudarky y Luis Carlos Avellaneda, de la Alianza Verde.
Para Soto este proyecto es una deuda del Congreso con los servidores públicos y la democracia desde hace 20 años, de ahí la importancia de no dejarlo hundir.
“El constituyente fue explícito dando la orden a la corporación que lo reglamente. El resto es una máscara, que cuando les conviene se la quitan y nutren sus apetitos, y cuando no, la considera una amenaza”, manifestó.
Otra que defendió la iniciativa fue la senadora Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, quien dijo que el proyecto acaba con la doble moral que se maneja en el país, en la medida que los colombianos, cuyos cargos obedecen a cuotas políticas, puedan hacer política. “Ese es un ejercicio muy sano”, dijo.
Sin embargo, el también senador del Polo Democrático, Parmenio Cuéllar, reprochó que la norma se queda corta, porque no le permite a los servidores ser candidatos a cargos de elección popular, como si lo hace con el presidente y los miembros de corporaciones públicas.
Según el exprocurador Jaime Bernal, “hoy tienen prohibición ciertos funcionarios públicos. Me parece que como regla general es una buena medida, especialmente para ciertos servidores como es el ministro de Justicia, por ejemplo”.
Dijo que la norma es tan flexible, que lo que se debe es revisar algunos puntos para saber quiénes verdaderamente pueden hacer política siendo servidores públicos y quiénes no, “porque la misma función no compagina con las intervenciones en política, como es el ejemplo de los administradores de justicia”.
Bernal dijo que es bueno mirar que esa participación no vaya a obstaculizar lo que es la función pública, porque el funcionario se dedica a hacer política y no cumple su tarea como empleado oficial.
Para el también exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, la solución está en diferenciar el nivel de funcionarios y analizar qué es lo que se llama “hacer política”.
“Si estamos hablando de política para promover las ideas, sus principios o sus obras, eso es distinto. Pero la idea de que un funcionario pueda hacer política activa es distinto, no me parece conveniente para el país”, indicó.
Arrieta sostuvo que se debe mantener la norma constitucional, aunque interpretándola con más flexibilidad, porque no se puede pretender “que si un ministro está de viaje y asiste a una plaza pública en una manifestación, de golpe dicen que está participando en política”, sostuvo, agregando que hay que interpretar la norma “con racionalidad, pero no eliminarla totalmente”.
Puntos del proyecto
Según el proyecto de ley, los servidores podrían vincularse a actividades políticas, siempre y cuando sea fuera de las instalaciones de la entidad a la cual representan y en horas no laborales.
Sin embargo, dicha intervención quedaría restringida solo a:
Participar como ciudadanos en la preparación de propuestas técnicas de la campaña electoral, así como en eventos internos de carácter programático de la misma, sin perjuicio de las funciones propias y sin participación alguna de los funcionarios a su cargo.
Asistir como ciudadanos a debates técnicos, foros de discusión y encuentros académicos en el marco de las campañas electorales.
Participar como ciudadanos en simposios, actos públicos, conferencias, foros, congresos, que organicen sus partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos.
Inscribirse como miembros de los partidos políticos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos.