A dos años de iniciado, el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc ha avanzado hasta instancias no alcanzadas en otras tratativas en los últimos 20 años, pero aún falta mucho camino por recorrer, ya que los temas más gruesos no han sido discutidos o los negociadores, tras no lograr un consenso, dejaron no pocos pendientes para tratarlos en la última etapa.

Esa puede ser, a grandes rasgos, la conclusión que se puede sacar de la negociación entre las partes luego de que esta semana se revelaran los textos completos de los “borradores conjuntos” de los tres puntos de la agenda que se han cerrado en La Habana.

Dejando de lado la ya desgastada polémica en torno a qué fue lo que motivó la publicación de esos tres acuerdos parciales, lo cierto es que lo verdaderamente importante es evaluar el contenido de los mismos y vislumbrar sus implicaciones políticas, constitucionales, legales, institucionales y sociales.

Y en ese orden de ideas lo primero que tiene que señalarse es que, efectivamente, le asiste la razón al Gobierno cuando afirma que en las últimas dos décadas una negociación con las Farc no había llegado tan lejos. Si bien en el proceso de paz durante el gobierno Pastrana se pactó una agenda de negociación, contenida en 12 puntos, la discusión de la misma no alcanzó a arrancarse pues la insistencia de la guerrilla en el secuestro y el terrorismo agotó el margen de acción de las tratativas, llevando a su rompimiento. Paradójicamente si se hace una comparación de los asuntos contenidos en una y otra agenda, se encuentra que tienen mucha coincidencia en los temas, salvo que la de La Habana, al tenor de los tres preacuerdos alcanzados, termina siendo más puntual.

¿Y el conflicto?

En segundo lugar, de la lectura detallada de los tres preacuerdos parciales (cuya validez está sujeta a la premisa básica de la negociación, según la cual “nada está acordado hasta que todo esté acordado”), se puede derivar que se trata de “borradores conjuntos” que traen múltiples postulados en materia de reforma agraria, participación política y desmonte del narcotráfico, pero ninguno de los cuales implica un cambio drástico al modelo político, económico y social del Estado de derecho vigente en Colombia.  

Es más, muchos de los compromisos y objetivos ya hacen parte de la normatividad vigente o de la agenda diaria de los ministerios y demás entidades.

De este modo, si el análisis se hace sobre el fondo y no sobre la forma, habría que decir que lo importante aquí no es establecer si existía alguna diferencia entre los comunicados expedidos por las partes cuando acordaron algunos de los tres puntos y el texto integral de cada “borrador conjunto” revelado esta semana, sino el hecho mismo de constatar que hasta el momento la negociación de las grandes contradicciones y diferencias entre el Estado y la subversión no ha arrancado.

El pleito político-filosófico que ha llevado a medio siglo de guerra, miles de muertos y un sinfín de tragedias no se refleja en ninguno de los textos conocidos esta semana. Para los que esperaban textos llenos de cesiones de lado y lado, que buscaran puntos medios en las evidentes distancias ideológicas entre el llamado Establecimiento y una facción levantada en armas que no reconoce la Constitución ni leyes que rigen al primero, fue una verdadera sorpresa encontrarse con unos preacuerdos que, si hoy se dieran por definitivos, no obligarían a grandes cambios constitucionales e incluso apenas si se limitarían a ajustes vía leyes o decretos.

También es obvio que quedaron sin piso los temores advertidos por la oposición, sobre todo el uribismo, en torno a que en La Habana el Gobierno estaba negociando desde la estructura del Estado y la supremacía de la Fuerza Pública, hasta la propiedad privada y el sistema democrático. Nada de eso ha pasado e incluso los pocos apartes en donde Ejecutivo y guerrilla dejaron expresas sus diferencias, se refieren a temas que no implican un cambio sustancial en el modelo político, social ni económico. Por ejemplo, la puja entre conceptos de soberanía y seguridad alimentarias no se erigen como un asunto infranqueable. Quizá la contradicción más importante es la que se refiere a que el Gobierno insiste en que sólo discutirá lo consagrado única y exclusivamente en la agenda inicial de negociación, mientras que las Farc presionan para discutir otras temáticas ajenas a la misma. Esta sí es una disparidad de criterios que toca el núcleo básico del proceso. Aunque hasta ahora el equipo negociador gubernamental ha logrado mantener a raya las aspiraciones de los subversivos, no se sabe si faltando el grueso de los temas más complejos esa línea de acción seguirá igual.

Falta mucho

En tercer lugar, es obvio que este proceso, que inicialmente se había contemplado por parte del Ejecutivo para ser desarrollado en “cuestión de meses”, ahora se contabiliza en años, pues ya lleva dos, desde la instalación de los diálogos en Oslo (Noruega), y en ese tiempo sólo se han logrado acuerdos parciales y “en borrador” en tres de los seis puntos de la agenda. Pensar que los pendientes, que se refieren a los asuntos quizá más complejos, se podrán cerrar en los cuatro, cinco o seis meses es una utopía.

El escenario es absolutamente claro: en estos momentos se está discutiendo el punto 5, relacionado con las víctimas del conflicto armado. Llevan más de dos meses en el tema y de acuerdo a las informaciones tanto de la Mesa como de los voceros de lado y lado, se avanza en la discusión pero no hay una fecha determinada para cerrar las tratativas. Incluso aún falta que viaje una tercera delegación de víctimas y después vendría ya la redacción de los pactos al respecto en la Mesa. Si bien algunos analistas consideran que gracias a la Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras hay mucho trecho avanzado ya en este aspecto, la discusión sobre el tema del paramilitarismo (incluido en este punto) se llevará algún tiempo.

Paralelo a ello se confeccionaron semanas atrás sendas comisiones para hablar del tema de las armas (“dejación” en el lenguaje de las Farc y “desarme” en el del Gobierno) así como de una comisión histórica encargada de redactar un informe de fondo sobre las causas objetivas del conflicto armado. Estos temas, de una complejidad tan obvia que no es necesario explicar, pertenecen al punto 3 de la agenda, relacionado con el “Fin del conflicto”, y que se discutirá de último.

Este punto, precisamente, es quizá el más complicado de todos los de la agenda, pues comprende la necesidad de llegar a acuerdos muy puntuales en temas difíciles como cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; dejación de las armas y reincorporación de las Farc a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, lo que implica, de entrada, definir, por ejemplo, si los cabecillas condenados por delitos de guerra o lesa humanidad pueden hacer política o postularse a cargos de elección popular. También se abordará en este tercer punto la revisión de la situación de guerrilleros presos o investigados (es decir una posible flexibilización penal y si irán o no a la cárcel) y, como si fuera poco, abarca aspectos tan gaseosos como un análisis de la forma en que el Gobierno combate a las redes criminales, “incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”. No menos complicado será lo relativo a que el Ejecutivo revise y adelante las  reformas y los ajustes institucionales necesarios “para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. Esto puede implicar desde perfilar eventuales leyes y actos legislativos referidos a justicia transicional para los guerrilleros, hasta reformas legales y a la Carta para cumplir lo pactado para la terminación definitiva del conflicto. Un asunto de esta índole no se despacha en cuestión de días ni de semanas.

Referendo se demora

Si se llegara a superar este punto 3, el sexto, que se supone iría después de la firma del acuerdo final, no es más fácil de solventar, pues está referido a la “Implementación, verificación y refrendación” del acuerdo, es decir nada menos que la confección y planificación del referendo por la paz y, en caso de ser respaldado en las urnas, el inicio de las reformas constitucionales y legales que se requieran para cumplir lo pactado, al amparo del Marco Jurídico para la Paz.

En este aparte están englobados aspectos gruesos como el presupuesto, la difusión y comunicación de lo pactado, el referendo por la paz, la definición del papel del acompañamiento internacional y la fijación de cronogramas. La misma agenda inicial señala que “estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso”. En otras palabras, aquí todavía debe estar funcionando la Mesa o una extensión logística de la misma. Se afirma, incluso, que sería en esta instancia en donde tendría el Gobierno que poner en blanco y negro de dónde sacará los billonarios recursos para financiar las reformas derivadas del acuerdo y el arranque del posconflicto.

Pero además de la complejidad de lo que falta del punto 5, pasar luego al 3 y terminar en el sexto, no se puede olvidar que incluso en los tres primeros puntos (“Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al problema de las drogas ilícitas”) hay asuntos de alto calibre que, al no alcanzarse un consenso en su momento en la Mesa, entonces se dejaron pendientes o su pacto definitivo se refirió a lo que se determine en las negociaciones de los puntos restantes.

Así las cosas, la conclusión más objetiva es que este proceso bien podría durar, por lo menos, un semestre o un año más.

Si ello llegar a ser así, se complican también los cálculos que se hacen en algunas instancias oficiales y del Congreso en torno a que sería en las elecciones regionales y municipales de octubre de 2015 cuando se podría citar a la ciudadanía para el proceso de refrendación popular de lo acordado con las Farc.

¿Entonces?

Visto todo lo anterior, habría que decir que el proceso de paz con las Farc va a medio camino y que ese trecho que falta es, de lejos, más complejo que el ya recorrido en estos dos años. No son pocos los analistas que consideran que siendo tan “neutros” esos tres primeros preacuerdos, las Farc están esperando el ‘segundo tiempo’ del proceso para poner sus cartas y exigencias más duras sobre la mesa y presionar gabelas políticas, jurídicas, electorales, ideológicas, presupuestales y hasta sociales, sobre todo en zonas rurales y semiurbanas, en donde parecen poner sus ojos para tratar de afincarse como movimiento político.

Es cierto que las tratativas se han consolidado, a tal punto que en dos años no han existido crisis que amenacen con llevar a una ruptura de la negociación o la suspensión de la misma, pese a presiones tan complejas como las acciones de guerra en Colombia o la misma campaña electoral presidencial, en donde es claro que el sí al segundo mandato del presidente Santos estuvo marcado por el deseo de una mayoría relativa de apostar por una salida negociada al conflicto.

Las Farc, así en los tres preacuerdos revelados se vea muy poco o casi nada de ese discurso desafiante en cuanto a la urgencia de reformas del Estado a todo nivel, han ganado en estos dos años no sólo legitimidad política a nivel externo, sino que pese a las derrotas militares tanto en los gobiernos de Uribe como en el primero de Santos, han negociado de tú a tú, horizontalmente, con el Ejecutivo. Ninguno de estos aspectos es menor.

El Gobierno, a su turno, ha logrado llevar el proceso a una instancia no alcanzada en 20 años, allanando apoyos internos y externos (con reelección a bordo), sin que ello haya significado sacrificar la iniciativa de las Fuerzas Militares ni poner en vilo la estabilidad política ni económica del país (Colombia es de las naciones más atractivas de la región). Es más, esa legitimidad que ha ganado la guerrilla no ha sido gratuita, pues le ha significado asumir responsabilidad política a nivel externo e interno, por lo que levantarse de la mesa las volvería a la situación de organización “paria” y les cerraría casi que definitivamente la posibilidad de negociar tú a tú con el Estado en muchos años. A ello se suma que fue la misma fuerza del proceso la que llevó a la guerrilla a reconocer temas que antes ni siquiera se le pasaban por la mente: aceptar ser victimarias o pedir perdón por acciones que cobren vidas de civiles. Tampoco faltan los analistas que sostienen que la guerrilla no ha presionado introducir sus exigencias drásticas de reformas al Estado en los preacuerdos alcanzados, porque sabe que la ciudadanía no los aprobaría en el referendo, lo que se constituye en un “as” ganador para la postura negociadora del Gobierno.

Esa es, pues, la radiografía del proceso de paz. Como se dijo, es un mecanismo fuerte y consolidado, que ha avanzado pero al que le falta aún mucho camino y los temas más complejos.