Catastrófico. Así se puede calificar el paro que desde hace más de 40 días viene adelantando un sector de los transportadores de carga y que en la semana que termina generó graves problemas de movilidad y de orden público en varias zonas del país, obligando a la militarización de muchas vías. Un paro que ya ha dejado pérdidas por más de 1,7 billones de pesos al sector real de la economía, sin contar lo que millones de colombianos han tenido que pagar por sobrecostos en los precios de alimentos y víveres a lo largo del último mes. Un paro que ha puesto al descubierto no sólo la crisis de un modelo de negocio que, al final de cuentas, no es rentable debido a la sobreoferta de camiones y tractomulas, sino también que hay una compleja mafia que ha derivado millonarios recursos de un proceso de chatarrización que tiene muchos vacíos. Y un paro que obligó al Gobierno a poner puntos de autoridad drásticos cuando, incluso, uno de los líderes de la protesta amenazó con dejar a la capital del país sin suministro de alimentos… Pero, sobre todo, un paro que ha abierto el debate sobre cómo los colombianos confunden cada día más el derecho a la protesta y la exigencia de reivindicaciones que consideran justas, con el acudir a las vías de hecho y al mayor nivel de afectación o desestabilización de la sociedad como fórmula para acceder al cumplimiento de sus requerimientos.

Esto último es quizá el elemento más grave de lo ocurrido en la última semana. Ello porque en la negociación como tal entre el Gobierno y los camioneros ya está visto que ninguna de las partes quiere o puede ceder más. El Ejecutivo ha llegado hasta el máximo límite en materia de peajes, tabla de fletes, canasta de costos del transporte y ajustes al sistema de chatarrización de vehículos, pero a los gremios que lideran el paro esas propuestas no los satisfacen. De allí que todas las rondas de diálogo esta semana terminaran en el mismo punto muerto. También ha resultado interesante el debate en torno a si debe darse a los pactos que firma el Gobierno con los sectores que protestan algún grado adicional de obligatoriedad formal y exigible, ya que es evidente que muchas de las problemáticas alegadas por los transportadores de carga habían objeto de acuerdos en anteriores paros y de allí que los afectados aleguen  incumplimientos reiterados. Por ejemplo, en el reciente paro agrario una de las quejas de las llamadas “dignidades campesinas” se dirigió en el mismo sentido. Por igual, ha sido atractiva la polémica entre varios líderes del sector productivo y voceros gubernamentales sobre qué tanto se ha avanzado o qué tanto se mantiene el atraso en otras modalidades de transporte de carga, como la férrea o la fluvial, para solo citar dos casos. También útil ha sido la controversia sobre hasta qué punto los liderazgos gremiales ocultan intereses económicos particulares…

En fin, toda una serie de debates sin duda esclarecedores sobre la realidad del sector de transporte de carga en el país y la forma en que al Estado le ha faltado la suficiente diligencia para aplicarle un marco normativo ágil, aplicable y realista, que no por ello desconozca la leyes de la oferta y la demanda. Pero, como se dijo, se trata de problemáticas sobrediagnosticadas que no han encontrado una solución objetiva y a largo plazo.

Caso distinto es lo que ocurre con los métodos de protesta a que están acudiendo algunos sectores en el país y la forma en que las autoridades reaccionan ante los mismos. Por ejemplo, en este paro de los camioneros son preocupantes los hechos que han salido a relucir: ataques e incendios de vehículos que se atreven a trabajar; accidentes de automotores que trataban de esquivar barricadas puestas por los manifestantes; taponamientos de vías que afectaron incluso a ambulancias con pacientes en estado crítico; amenazas públicas o vedadas sobre bloquear las entradas de ciudades para que la población ‘aguante hambre’ y presione al Gobierno a arreglar la crisis de los camioneros; dirigentes del sector, incluso ya presos, que se cruzan acusaciones de presuntas y graves actividades delincuenciales; maniobras de especulación y acaparamiento de productos para sacar tajada de la escasez; la asonada en un municipio boyacense luego de la muerte de un hombre en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y el escuadrón antidisturbios de la Policía…

Nada de ello se puede ni debe considerar ‘normal’ dentro de un paro. El derecho a la protesta es, de suyo, uno de los más protegidos en Colombia, pero no por ello se puede admitir que cada sector que decida pedir o exigir del Estado algún tipo de reivindicación, sea esta justa o no, considere que puede bloquear vías o realizar actividades que ponen en peligro o afectan al grueso de la población. Hay un principio de autoridad que debe ser ejercido desde el momento en que se transgrede la ley y no cuando la situación amenaza con salirse de madre. Los camioneros están en todo su derecho de protestar y debe ser el Estado el primero en proteger esa prerrogativa, siempre que se adelante dentro de los cauces legales y permitidos. Pero cuando del paro se pasa al caos y al desafío de la autoridad, las instituciones deben actuar con cautela y firmeza, claro haciendo siempre uso proporcional y racional de la fuerza, como es su deber.