El Gobierno y las comunidades indígenas y campesinas del Cauca llegaron  a un consenso de desbloqueo de la vía Panamericana. Sin embargo, se sigue discutiendo las garantías para proceder al proceso de limpieza de carretera y socialización de preacuerdos con comunidades en protesta.

 

Desde hoy habrá comisiones del Gobierno que estudiarán los temas respectivos, por cada Ministerio, para dar paso a cumplir los pedidos de las comunidades movilizadas. Se hará mediante estudios y discusiones en detalle.

 

La limpieza de la vía empezará  a primeras horas de hoy por cuanto han considerado las mismas autoridades que debe haber seguridad a lo largo de la vía, por lo tanto se hará a plena luz del día.

 

Asimismo se firmará el acta de acuerdo con el compromiso del Gobierno nacional, de honrar la palabra firmada y documentada, así como el compromiso de las comunidades de no seguir presionando mediante vías de hecho.

 

El desbloqueo de la vía no significa el retiro de la carretera, pues la movilización persistirá pero sin acciones que alteren el orden público. Voceros se reunirán en los puntos de concentración para socializar las medidas y preacuerdos pertinentes.

 

Los bloqueos se presentan en Santander de Quilichao, Cauca, especialmente en el kilómetro 58 de la vía Popayán-Cali, y en el kilómetro 68 de esa misma carretera. También en Caldono, especialmente entre Popayán- Cali, en el kilómetro 52, vereda El Pital.

 

Otro está ubicado en la vía que de Puerto Gaitán, Meta, conduce hacia Oasis, en el kilómetro 112 y el kilómetro 78 dela vía Yopal-Aguazul, Casanare.

 

Entre tanto, los transportadores adelantan tres concentraciones en el país. Una, en el sector El Playón de Fontibón, en Bogotá, la otra en la carretera que une a Duitama con Sogamoso y la tercera, entre Saravena, Arauca y Cubara, kilómetro 155, aunque un sector ya logró avanzar en las negociaciones con el Gobierno nacional, mientras que los Camioneros Independientes e Informales, no forman parte de la negociación y dicen que mientras continúe el paro agrario, mantendrán sus vehículos guardados.

 

Al mismo tiempo se conoció que un bus de servicio público de pasajeros fue quemado por manifestantes durante una toma de campesinos en el sector Bruselas, de la carretera entre Pitalito y Mocoa, que une a Huila con Putumayo. 

 

Otros cuatro vehículos fueron afectados durante los enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública, señala el reporte de la Defensoría del Pueblo.

 

Entre tanto, mientras el Gobierno dijo que hubo un acuerdo verbal que contemplaba el despeje de la vía Panamericana entre las ciudades de Popayán y Cali, las comunidades han señalado que sólo será un “cordón humanitario”.

 

Según información oficial del Ministerio de Agricultura se logró con la minga indígena del Cauca la apertura de la principal vía que comunica al sur occidente del país, paralelo al establecimiento de una metodología de trabajo para discutir cada uno de los temas del pliego de peticiones.

 

Sin embargo ese preacuerdo está sujeto a las conversaciones que se adelanten entre los líderes indígenas del Cauca y los ministros de Agricultura y del Interior.

 

El Gobierno había consignado en un informe que: “esperamos que se cumpla la palabra, que se dio sin suscribir ninguna acta, precisamente a la espera que sobre las cinco de la tarde de este miércoles 8 de junio, retorne la normalidad al departamento del Cauca, confiamos en la palabra de las autoridades indígenas y del Gobierno Nacional”.

 

El dirigente Darío Tote, explicó que se realizarán nuevas reuniones con los ministros del Interior y de Agricultura para definir los pasos a seguir y establecer la prioridad de abrir la vía, pero sólo unas horas, mientras se establece totalmente un acuerdo.

 

Pero con los campesinos el diálogo está frenado por las exigencias que pone cada parte para sentarse a negociar: el Gobierno pide primero el desbloqueo humanitario de la carretera Panamericana y los manifestantes dicen que para ello tienen que tener antes garantías de que no serían “reprimidos”.

 

Los campesinos protestan contra el aumento de las importaciones de alimentos, que atribuyen a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. También alegan altos índices de pobreza rural, amenazas de grupos armados irregulares y falta de tierras propias para cultivar.

 

Además, aseguran que el Gobierno ha incumplido acuerdos agrícolas alcanzados tras dos paros de fuerte impacto en 2013 y 2014.