El parlamento japonés adoptó el jueves una ley contra la preparación en banda organizada de atentados u otros actos criminales, una medida que ha generado numerosas protestas ciudadanas y de expertos, preocupados por las libertades individuales.
El Senado aprobó el texto a primera hora de la mañana, tres semanas después de que lo hiciera la Cámara baja.
A lo largo de la noche, la oposición intentó retrasar el plazo de adopción de la ley, al interponer una moción de desconfianza contra el gobierno conservador de Shinzo Abe y una moción de censura contra el ministro de Justicia, Katsutoshi Kaneda.
El gobierno justifica la nueva ley por cuestiones de seguridad, cuando se acercan a grandes pasos los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.
Este texto permitirá la detención de una persona o un grupo de personas por participar en la preparación o la realización de acciones terroristas o criminales.
El ejecutivo lo considera además necesario para poder implementar la Convención de Naciones Unidas contra la criminalidad transnacional organizada, firmada en 2000 por Japón.
Pero organizaciones de defensa de los derechos, grupos de abogados y numerosos universitarios estiman que su objetivo puede ser desviado para autorizar escuchas a ciudadanos inocentes o limitar las libertades, garantizadas en la Constitución.
Miles de japoneses salieron a la calle en estas últimas semanas para denunciar este proyecto de ley, revisado en varias ocasiones por haber sido rechazado.
- 'Decisión brutal' -
El jueves, más de 500 personas se congregaron ante la sede del parlamento con pancartas en las que estaba inscrita la palabra "indignación", y cantando: "Condenamos esta brutal decisión del gobierno Abe".
"Estamos cayendo en una sociedad de censura. La atmósfera de sospecha se va a extender y viviremos en un mundo en el que ya no se podrá hablar libremente", dijo a la AFP uno de los manifestantes, Toshiaki Noguchi, exfuncionario de 67 años.
"Estoy totalmente en contra" de esta ley, coincide Hisako Tsuturuta."Me da miedo pensar que la represión se va a convertir en práctica corriente. Vamos a seguir haciendo oír nuestra voz ya que no queremos crear semejante sociedad. Nuestra generación debe seguir hablando alto y claro", añade esta mujer, de 63 años, ama de casa.
La última versión, aprobada el jueves, reduce el número de crímenes y delitos contemplados a unos 270. Más de 600 delitos no vinculados con el terrorismo o el crimen organizado estaban presentes en las precedentes versiones, lo que había generado muchas críticas.
Varios medios nipones compararon el texto con la "ley de preservación de la seguridad pública", en vigor durante la Segunda Guerra Mundial, en virtud de la cual los ciudadanos podían ser detenidos por delitos políticos, la reivindicación de los derechos sociales o su oposición a la guerra.