El Parlamento Europeo (PE) rechazó definitivamente, por una inmensa mayoría, el tratado antipiratería ACTA, enterrando así este polémico acuerdo internacional que, según sus detractores, amenaza las libertades individuales, en particular la de millones de internautas.
En total 478 parlamentarios votaron en contra, 39 a favor y 165 se abstuvieron, dando un revés a la Comisión Europea, que deseaba firmar este texto para defender los intereses económicos de las empresas víctimas de la piratería y de la falsificación.
"Acepto la decisión del Parlamento Europeo (...) La Comisión Europea seguirá trabajando para obtener asesoramiento legal del Tribunal de Justicia Europeo para confirmar si el acuerdo perjudica los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, entre ellos la libertad de expresión", opinó el comisario de Comercio, Karel de Gutch, en un comunicado.
El ACTA fue firmado en enero por 22 de los 27 gobiernos de la Unión Europea, así como por Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Suiza, México y Marruecos.
Esta votación se produce después de tres años de movilización de los detractores del texto: centenares de miles de personas se han manifestado contra el acuerdo y se han recabado 2,8 millones de firmas contra el ACTA.
En las últimas semanas, todas las comisiones parlamentarias consultadas se pronunciaron en contra del acuerdo.
La eurodiputada socialista española María Badía, miembro de la comisión de Comercio Internacional, se congratuló por el resultado de la votación, al asegurar que "con el rechazo de ACTA hemos ganado todos".
"El rechazo de la Eurocámara no significa que no se esté de acuerdo con los objetivos, sino que los instrumentos que propone no son adecuados", afirmó.
En el debate del martes, sólo una parte de los conservadores defendió el ACTA. Poco antes de la votación, pidieron sin éxito que el Parlamento esperara, antes de pronunciarse, a que el Tribunal Europeo de Justicia dictamine si el texto se ajusta al derecho europeo.
Para su entrada en vigor, el ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. Y en el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros, por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias.
El relator del texto, el laborista británico David Martin, reconoció la importancia de la lucha contra la piratería y las falsificaciones, pero se opuso al ACTA por su carácter "ambiguo" y por tanto "peligroso" para las libertades individuales.
Uno de los puntos más polémicos era, según sus detractores, la posibilidad de que las empresas proveedoras de acceso a internet comunicaran a los titulares de los derechos de las obras, las direcciones IP de los internautas sospechosos de realizar descargas ilegales.
La conservadora francesa Marielle Gallo explicó que este temor se debe a la "desinformación". Según ella, la entrada en vigor del ACTA no habría supuesto la "criminalización de los jóvenes adolescentes que hacen descargas ilegalmente".