Miércoles, 18 de Enero de 2012
Por el delito de concierto para delinquir la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió ayer condenar a prisión a los excongresistas Alfonso Riaño, Luis Alberto Gil y Óscar Josué Reyes.
Para Riaño y Gil fue proferida una condena de 90 meses de prisión y una multa de 3.680 millones de pesos cada uno, mientras que para Reyes la condena es de 108 meses de prisión y debe pagar aproximadamente 6.060 millones de pesos.
Los tres fueron condenados por su cercanía y nexos con el Bloque Central Bolívar, al reunirse en varias ocasiones con los jefes del grupo armado ilegal y favorecer sus ideales.
Por el momento Gil, Reyes y Riaño se encuentran recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá.
“Promovió y auspició”
El exsenador Gil, creador de Convergencia Ciudadana (hoy Partido de Integración Nacional, PIN), fue acusado de recibir apoyo electoral por parte del jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, después de una reunión en Barrancabermeja.
Gil ya había sido destituido e inhabilitado durante 20 años por un fallo en primera instancia de la Procuraduría que, tras ser apelado, fue ratificado en noviembre del año pasado.
En el fallo, el Ministerio Público señala que Gil “promovió y auspició” a los grupos paramilitares mientras se desempeñó como Senador entre los años 2002 – 2006 y 2006 – 2010. Según la investigación, la relación entre Duque y Gil era “una relación personal motivada en los intereses particulares que cada uno de ellos perseguía, lo cual se concretó en diversos encuentros y reuniones”.
La defensa del excongresista argumentó que Gil había asistido a una reunión con los paramilitares con el fin de ratificar que no hacía parte de la lista negra del grupo armado, ya que su defendido había militado en el Movimiento 19 de Abril (M-19) años atrás.
Riaño y el Bloque Central
El santandereano Riaño, también acusado de nexos con el paramilitarismo, fue en sus inicios dos veces concejal de Cimitarra, luego diputado de Santander por el Partido Liberal y en 2006 llegó a la Cámara por Convergencia Ciudadana, curul a la que debió renunciar en 2008 después de que lo denunciaran por sus nexos con el grupo ilegal.
Las acusaciones están basadas en declaraciones que datan de varios encuentros entre Riaño y Duque entre los años 2002 y 2006. La primera de esas reuniones habría sido en la finca Arkansas en San Rafael de Lebrija, Rionegro; otras versiones hablan de una reunión entre los dos en Puerto Berrío, Antioquia.
Pero fue el paramilitar David Hernández, alias Diego Rivera, desmovilizado de las filas del Bloque Central Bolívar, quien acusó a Riaño de reunirse con Duque en el Hotel Chicamocha, de Bucaramanga, y que este último ofreciera 2.000 millones de pesos para financiar la campaña de aquel.
En su defensa, el exrepresentante negó todos los vínculos con el paramilitarismo y dijo que ni sus intereses políticos ni las votaciones reflejaban que él tuviera una relación con el Bloque Central Bolívar y que la única alianza que había formado era con los exdiputados Luis Francisco Guarín y Jaime Durán para sumar votos y lograr una curul en el Congreso.
Acusado por desmovilizados
Reyes, quien se desempeñó como Secretario de Gobierno de Santander y después fue elegido Senador para el período 2006 – 2010 por el Partido Conservador, también fue salpicado por las declaraciones de Hernández, quien aseguró que se había hecho presente en una reunión donde habían estado otras personalidades políticas de Santander.
Esta no fue la única declaración de desmovilizados en contra de Reyes, ya que Juan Fernando Morales y Orlando Murillo, excombatientes del Bloque Central Bolívar, también aseguraron haberlo visto en reuniones entre paramilitares y políticos. Morales dijo haber visto al excongresista reunido con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia buscando un espacio para aspirar a la Gobernación de Santander en 2003.
Además de las acusaciones de los desmovilizados, está la del coronel Julio César Prieto, quien comandaba el Batallón Luciano D’elhuyar; el militar afirmó que cuando Reyes era Secretario de Gobierno “lo hacía como parte de una administración que le debe mucho a las Autodefensas”.
El coronel Prieto también denunció que le habían ofrecido trabajar para los paramilitares con un sueldo de 40 millones de pesos y que había sido amenazado de ser removido de su cargo fácilmente. “Usted está muy chiquito. Es una ficha que se puede cambiar, no jada más”, le habría dicho Reyes al militar.
Pero Reyes, al igual que sus coterráneos, se defendió de esas acusaciones, manifestando que “jamás he recibido apoyo económico de ningún grupo ilegal. Jamás he tenido amistad con ellos”; además, aseguró no haber estado en ninguna reunión con los desmovilizados que lo nombran y menos con sus colegas políticos.
Reyes, elegido Senador en el año 2006 con una votación aproximada de 55.000 votos, fue detenido el 25 de octubre de 2010 acusado de comprometerse a extender el proyecto paramilitar a cambio de ayuda para llegar al Legislativo.
Para Riaño y Gil fue proferida una condena de 90 meses de prisión y una multa de 3.680 millones de pesos cada uno, mientras que para Reyes la condena es de 108 meses de prisión y debe pagar aproximadamente 6.060 millones de pesos.
Los tres fueron condenados por su cercanía y nexos con el Bloque Central Bolívar, al reunirse en varias ocasiones con los jefes del grupo armado ilegal y favorecer sus ideales.
Por el momento Gil, Reyes y Riaño se encuentran recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá.
“Promovió y auspició”
El exsenador Gil, creador de Convergencia Ciudadana (hoy Partido de Integración Nacional, PIN), fue acusado de recibir apoyo electoral por parte del jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, después de una reunión en Barrancabermeja.
Gil ya había sido destituido e inhabilitado durante 20 años por un fallo en primera instancia de la Procuraduría que, tras ser apelado, fue ratificado en noviembre del año pasado.
En el fallo, el Ministerio Público señala que Gil “promovió y auspició” a los grupos paramilitares mientras se desempeñó como Senador entre los años 2002 – 2006 y 2006 – 2010. Según la investigación, la relación entre Duque y Gil era “una relación personal motivada en los intereses particulares que cada uno de ellos perseguía, lo cual se concretó en diversos encuentros y reuniones”.
La defensa del excongresista argumentó que Gil había asistido a una reunión con los paramilitares con el fin de ratificar que no hacía parte de la lista negra del grupo armado, ya que su defendido había militado en el Movimiento 19 de Abril (M-19) años atrás.
Riaño y el Bloque Central
El santandereano Riaño, también acusado de nexos con el paramilitarismo, fue en sus inicios dos veces concejal de Cimitarra, luego diputado de Santander por el Partido Liberal y en 2006 llegó a la Cámara por Convergencia Ciudadana, curul a la que debió renunciar en 2008 después de que lo denunciaran por sus nexos con el grupo ilegal.
Las acusaciones están basadas en declaraciones que datan de varios encuentros entre Riaño y Duque entre los años 2002 y 2006. La primera de esas reuniones habría sido en la finca Arkansas en San Rafael de Lebrija, Rionegro; otras versiones hablan de una reunión entre los dos en Puerto Berrío, Antioquia.
Pero fue el paramilitar David Hernández, alias Diego Rivera, desmovilizado de las filas del Bloque Central Bolívar, quien acusó a Riaño de reunirse con Duque en el Hotel Chicamocha, de Bucaramanga, y que este último ofreciera 2.000 millones de pesos para financiar la campaña de aquel.
En su defensa, el exrepresentante negó todos los vínculos con el paramilitarismo y dijo que ni sus intereses políticos ni las votaciones reflejaban que él tuviera una relación con el Bloque Central Bolívar y que la única alianza que había formado era con los exdiputados Luis Francisco Guarín y Jaime Durán para sumar votos y lograr una curul en el Congreso.
Acusado por desmovilizados
Reyes, quien se desempeñó como Secretario de Gobierno de Santander y después fue elegido Senador para el período 2006 – 2010 por el Partido Conservador, también fue salpicado por las declaraciones de Hernández, quien aseguró que se había hecho presente en una reunión donde habían estado otras personalidades políticas de Santander.
Esta no fue la única declaración de desmovilizados en contra de Reyes, ya que Juan Fernando Morales y Orlando Murillo, excombatientes del Bloque Central Bolívar, también aseguraron haberlo visto en reuniones entre paramilitares y políticos. Morales dijo haber visto al excongresista reunido con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia buscando un espacio para aspirar a la Gobernación de Santander en 2003.
Además de las acusaciones de los desmovilizados, está la del coronel Julio César Prieto, quien comandaba el Batallón Luciano D’elhuyar; el militar afirmó que cuando Reyes era Secretario de Gobierno “lo hacía como parte de una administración que le debe mucho a las Autodefensas”.
El coronel Prieto también denunció que le habían ofrecido trabajar para los paramilitares con un sueldo de 40 millones de pesos y que había sido amenazado de ser removido de su cargo fácilmente. “Usted está muy chiquito. Es una ficha que se puede cambiar, no jada más”, le habría dicho Reyes al militar.
Pero Reyes, al igual que sus coterráneos, se defendió de esas acusaciones, manifestando que “jamás he recibido apoyo económico de ningún grupo ilegal. Jamás he tenido amistad con ellos”; además, aseguró no haber estado en ninguna reunión con los desmovilizados que lo nombran y menos con sus colegas políticos.
Reyes, elegido Senador en el año 2006 con una votación aproximada de 55.000 votos, fue detenido el 25 de octubre de 2010 acusado de comprometerse a extender el proyecto paramilitar a cambio de ayuda para llegar al Legislativo.