A las puertas del fin del conflicto armado en Colombia, las Farc alertan sobre un auge del paramilitarismo que el gobierno asocia a organizaciones criminales, mientras que los expertos hablan de un "fenómeno complejo" que supone un gran desafío para sostener la paz.

 

"Estoy asustada", confió a la AFP Rosa Amelia Hernández, víctima de la violencia que desde hace más de medio siglo desangra Colombia en enfrentamientos entre guerrillas, paramilitartes y agentes del Estado.

 

Esta semana, esta defensora de derechos humanos de Córdoba fue amenazada de muerte, como tantas veces tras ser desplazada por paramilitares, surgidos en los 80 con el supuesto pretexto de combatir a los guerrilleros.

 

"Sentencia de muerte: Perros hijueputas defensores de derechos humanos ya se les demostró que existimos y cumplimos con lo prometido", decía el texto que le llegó por whatsapp, firmado por el grupo Águilas Negras y rematado por tres palabras: "Muerte, muerte, muerte".

 

No es la primera activista que teme por su vida: según la ONU, 69 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2015 en Colombia, y otros 12 en lo que va de este año.

 

Las Farc, en la recta final de un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, citan casos como este para denunciar un resurgimiento del "fenómeno del paramilitarismo", un tema que les preocupa ante su inminente desarme.

 

Pero el gobierno asegura que los paramilitares a los que se refieren las Farc son en realidad bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, surgidos tras una masiva desmovilización de aquellos escuadrones durante el mandato de Álvaro Uribe.

 

Objetivo: ganar dinero

 

Las bandas criminales como el poderoso Clan Úsuga, que a principios de abril detuvo durante dos días con amenazas la actividad en decenas de municipios en un "paro armado" que dejó seis muertos, tienen para las autoridades un único interés: el lucro.

 

Buscan acumular dinero mediante negocios ilegales y atentan contra todo aquel que se interpone, pero su objetivo no es llegar al poder, dijeron a la AFP fuentes políticas.

 

Pero para Ariel Ávila, analista de la fundación Paz y Reconciliación, "son más que narcotraficantes: venden servicios de seguridad" a ganaderos y testaferros en zonas donde hubo despojo de tierras.

 

Fuentes oficiales reconocieron "relaciones aisladas" de las denominadas "bacrim" (bandas criminales) con miembros de gobiernos locales, mediante hechos de corrupción para facilitar sus negocios, no con motivaciones políticas.

 

Sus tentáculos alcanzan negocios extorsivos, contrabando e incluso tráfico de migrantes, y apelan a actos como el "paro armado", el desplazamiento o las desapariciones. Por eso, "tendemos a confundirlo con violencia del conflicto, cuando no lo es", señaló Jorge Restrepo, director del centro de análisis Cerac.

 

El experto coincidió en que estas bandas "no son paramilitares", "ni tienen un propósito contrainsurgente" como estrategia nacional, ni están organizados como las Auc, uno de los actores del conflicto que más víctimas ha dejado.

 

De hecho, Restrepo apuntó que en los últimos tres o cuatro años solo se han registrado unos 10 enfrentamientos entre las Farc y el Clan Úsuga, y entre 12 y 15 con la segunda guerrilla activa, el Eln, y siempre han sido combates motivados por el control de rutas del narcotráfico.

 

Reto para el postconflicto

 

La mayoría de estas bandas "se puede considerar crimen organizado", con "un interés político de que fracase el proceso de paz", todo para evitar que la fuerza del Estado se concentre en ellos cuando ya no haya guerrillas que combatir, añadió Restrepo.

 

Serán el gran desafío de orden público en el postconflicto, han dicho autoridades y observadores internacionales como la ONU.

 

Además, según Ávila, "van a intentar retomar los mercados de las guerrillas", en los negocios ilegales que se han comprometido a abandonar, con lo que "pueden acabar masacrando a las FARC".

 

En cuanto a las amenazas o asesinatos selectivos a defensores de los derechos humanos, Ávila dijo que continuarán, pero no en la medida de los años 1980. "Las élites políticas regionales siguen usando la violencia política para mantener sus intereses", señaló.

 

El presidente Santos, embarcado en una cruzada contra estas mafias, dijo incluso en entrevista con la AFP que "si la legislación lo permite", las bombardearía para acabar con ellas.

 

En lo que va de año, el gobierno ha capturado o abatido a 992 miembros de bandas de crimen organizado, según el último reporte oficial. /AFP