Los sindicatos británicos esperan que hasta dos millones de trabajadores del sector público secunden la huelga convocada hoy  para protestar contra una polémica reforma de las pensiones que les haría "trabajar más y recibir menos".

 

La huelga, que según el gobierno podría costar 500 millones de libras a la maltrecha economía británica y destruir empleos, afectará principalmente a las escuelas, aunque se prevén también trastornos importantes en los aeropuertos.

 

El operador de Heathrow, primero del mundo por tráfico internacional, pidió a las aerolíneas que reduzcan de hasta "50%" el número de pasajeros de sus vuelos con llegada prevista el miércoles, para prevenir un eventual caos.

 

En caso contrario, BAA auguró esperas de hasta 12 horas para pasar el control de pasaportes y, por consiguiente, "anulaciones masivas" de salidas.

 

Para paliar esta situación, el gobierno británico reclutó voluntarios entre sus funcionarios para reemplazar a los hasta 18.000 agentes de inmigración que podrían no presentarse en sus puestos, y no descartó recurrir al ejército en caso de necesidad.

 

"La seguridad de las fronteras británicas sigue siendo nuestra prioridad principal. Los planes de contingencia están listos y estamos satisfechos de que se mantendrá la seguridad", declaró el viceministro de Interior, Oliver Henley, en una comparecencia en la Cámara de los Comunes.

 

El paro, que podría afectar igualmente a la sanidad, los transportes, los juzgados y hasta los museos, cuenta con el respaldo de unas 30 organizaciones sindicales, incluidas la principal de trabajadores del sector público, Unison, y la mayor del país, Unite.

 

Los sindicatos presentan esta huelga como la más importante desde las celebradas en el Reino Unido en 1979 durante el llamado "invierno del descontento", meses antes de las elecciones que llevaron a la "Dama de Hierro" Margaret Thatcher a Downing Street.

 

En enero de ese año, 1,5 millones de empleados del sector público dejaron de trabajar en rechazo a las medidas del entonces gobierno laborista de James Callaghan para controlar la inflación.

 

El primer ministro David Cameron calificó de "tragedia" esta huelga, sobre todo -dijo- cuando el gobierno ha puesto una oferta "sumamente razonable" sobre la mesa de los sindicatos, que oficialmente continúan negociando.

 

Si se adopta la reforma, incluida en el drástico plan de ajuste gubernamental, las pensiones de los empleados del sector público empezarán a calcularse en función del promedio de todos los años trabajados --y no del último salario--, aumentarán las contribuciones y se retrasará la edad de jubilación a 66 años en 2020, contra 60 actualmente para la mayoría.

"La mayoría de los trabajadores del sector público son mujeres que tienen dificultades para pagar sus facturas y alimentar a sus familias frente a una congelación de los salarios y una inflación creciente", declaró el secretario general de Unison, Dave Prentis.

 

"Estos trabajadores no pueden permitirse pagar más y trabajar más tiempo para recibir menos cuando se jubilen", agregó.

 

AFP